18 agosto, 2022
Goodman ‘al rincón’, la justicia al recreo, y la política a diciembre
Por Trivia Demir
Finalmente la presión nacional y el grueso del contexto en que se produjeron los hechos sobre los cuáles se llevó a juicio al exsecretario general de ATECH, terminó descomprimiéndose en una condena ‘ejemplificadora’ y social, más que en consecuencias judiciales graves para el imputado en términos de coerción. No podía ser de otra manera según los entendidos en derecho, por la falta de pruebas contundentes en su contra, más allá de las declaraciones casi de autoincriminación que realizó el propio Santiago Goodman. Si va a apelar o no el exsindicalista, no se sabe aún, pero todo pareciera cerrarse acá, aunque con un preocupante entramado en medio.
La condena concreta derivó en tres años de prisión en suspenso, con lo cuál se advierte que cualquier acontecimiento de gravedad que cometiera podría complicar su libertad, además del peso como atecedente que arrastrará en su ficha personal por haber sido condenado penalmente, en un país donde -para llegar a eso-, se debe incurrir en falta grave, a la luz de las estadísticas de mayoritarias absoluciones .
Pero más allá de las moralinas de café y redes, evidentemente con esto se produjo un fuerte mensaje para el sindicalismo todo, sentando un precedente preocupante en torno a la criminalización de la protesta y los límites de las acciones materiales que tolerará el gobierno, como es afectar estructuras públicas, y sobre todo mantener posiciones radicalizadas.
Esta tendencia del Estado de considerar a la protesta cercana a la ilegalidad y encuadrarla en tipos penales que la interpelen como delito común, merecería un análisis -sino ya una intervención- mucho más profunda de la clase dirigente. Por tratarse de un verdadero ‘choque de derechos’ al decir del trabajo de la licenciada Ana Musolino, donde el accionar imputado como ilegal termina eclipsando la negación concreta de derechos que la precedió.
Y sobre todo por emerger como un perocupante síntoma de autoritarismo en democracia. «Cuando la pobreza se organiza hasta la politización para evitar ser interpelada como delincuente común, tarde o temprano se vuelve sospechosa y hay que perseguirla hasta la supresión»
La figura de Santiago Goodman luciendo su guardapolvo blanco en el banquillo de los acusados podría dar para mucho más que el titular simplificado sobre su condena. Sin embargo las urgencias de muros parecen no haberlo permitido.
Esa ‘foto’, vista por Paulo Reglus a la luz de su «Pedagogía del Oprimido» seguramente haría que se le caiga algún que otro frustrado lagrimón. Para Freire, el ideólogo de la educación en libertad, que supo entender que ‘El maestro debe ser el ente que lleve a los aprendices a pensarse en la sociedad en la cual están desarrollando su proceso de aprendizaje, siendo ellos un reflejo visible y fiable de las realidades sociales’, el fracaso educativo en que está inmersa Chubut y ahora la condena a la lucha sindical, seguramente resultarían como un estocazo final al entusiasmo futurista de su pedagogía liberadora.
Esa misma ‘foto’, para el ‘educando’ chubutano que ya no sabe ni siquiera porqué no tiene clases regulares hace más de cuatro años, seguramente Goodman ‘algo habrá hecho’ para quedar al borde de la cárcel. Una hipótesis peligrosísima plantada en el corazón de las comunidades educativas.
Este fallo judicial terminó siendo así una reprimenda aleccionadora pero con semillas nocivas, donde -en este caso- el ‘maestro’ dejó de serlo, recibiendo condena por su modo de pensar y accionar. Todo un simbolismo, donde faltó nomás que al momento d ela condena se le quitara el guardapolvo y se le devoviera la kufiyya guerrera con la que habitualmente el exdirigente lucía en los reclamos callejeros, tal como alguna vez lo señaló el detallista exdiputado ‘Peludo’ Di Filippo: «Se pone un pañuelo y se cree que es Arafat», decía.
Lo concreto es que se buscó más que una sentencia, un castigo, un término religioso que arrastra del castigare latín (castus para mantener los ritos y agere para instruir sobre las leyes de esos ritos). O sea, el poder institucional lo reprobó y le explicó cuál es la lección que deberá volver a rendir el hombre, pero también la dirigencia social y sindical.
De hecho, en el juicio contra Santiago Goodman la fiscalía y la querella solicitaron 5 años de prisión, mientras que la defensa una pena de 15 días o en su defecto la mínima de 3 años que establece el Código Penal y que fue lo que terminó ocurriendo. Una diferencia de criterios por lo menos soprendente matemáticamente habando.
Además se le impuso que deberá cumplir 50 horas de trabajo comunitario en la biblioteca que se vio afectada también por el incendio, y tomar dos cursos, una de derecho constitucional y otro sobre derechos humanos, algo que al docente no le complicará demasiado, pero que en el fondo tienen el sentido antes mencionado de aleccionarlo y reenviarlo a ‘otra escuela’.
Eso fue la formalidad del derecho y en el marco de un mucho más aceitado vínculo actual entre el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, a partir de la mejora de caja, la sumatoria de ministros y las perspectivas de cargos. Porque hay que decirlo, la celeridad y la conclusión dejan pensando que no se conocen muchos antecedentes más de juicios contra sindicatos o sindicalistas provinciales, pese a los numerosos hechos que se podrían reseñar rayanos en lo delictual, y menos con condenas, aunque sea menor.
Políticamente era lo que se buscaba, porque avanzar más allá de una condena orientada a esta ‘moraleja social’, habría sido una verdadero riesgo para un Gobierno que incumplió todos los contratos con sus trabajadores al momento del incendio en Legislatura, además de haber disparado dos muertes de manera indirecta. Todo ese grueso de la historia comenzaba a volver a recrearse a partir de la acusación a Goodman, y convertirese en un boomerang que la gestión de Mariano Arcioni no está en condiciones de atajar. El objetivo en definitiva para la lógica del poder que ‘da fe’ es que ‘para ejercer el mando, hay que tener la razón’, y el fallo se la dá.
A la par, el paro nacional y el acompañamiento de CTERA y CTA parece haber sido también definitorios para que el exreferente de ATECH no pisara efectivamente un calabozo. Sin embargo el proceso dejó amplios interrogantes sobre la escasa solidaridad del arco sindical chubutense, a excepción de los gremios más afines con los docentes y vinculados al estado.
Una actitud que expone a las claras la moralina que rige entre los dirigentes gremiales territoriales, donde cada uno parece estar ‘por la suya’. «Van a ir por cada uno de los compañeros», dijo Goodman palabras más menos al finalizar el proceso. Y esa es una síntesis premonitoria a lo que este fallo podría desencadenar no sólo vinculado a las protestas de estatales, sino también a los demás sectores sindicales, la mayoría por ahora fuertemente mimetizados con el oficialismo nacional y provincial, pero posiblemente no para siempre, de acuerdo a la lógica karmática de la política criolla.
La judicialización e intento de criminalización de la protesta en cualquier condición, es un mal síntoma de la democracia. Y en el caso de referentes de la Educación -considerando el destrato que sufre uno de los derechos que debería garantizar el Estado- es por lo menos alarmante.
En este caso, la condena social y penal que permea los años que Goodman estuvo al frente de ATECH, se soportan en un incendio de una parte de un edificio público, un suceso violento y repudiado comunitariamente que ayudó a parir una sentencia.
Pero hay que tener en cuenta que este modo de ‘resolución’ del poder no fue sólo contra Goodman, y dados los resultados, parecería no ser el último.
De hecho, cuatro meses después que asumieron los nuevos referentes también fueron sometidos a juicio oral y público, aunque absueltos. En ese caso, fueron llevado a los estrados los dirigentes de ATECh Daniel Murphy (Sec. General), Carlos Magno (Sec. Gremial) y de ATE, Verónica Rosales y Gerardo Coronado, en esa oportunidad por las manifestaciones del 19 de abril de 2018 en Ruta 3 – 26 ; y por la caravana a Cerro Dragón en Comodoro movilizada el 23 de mayo del 2018 en km 73 de Ruta 26.
Lo peligroso es que este proceso de confrontación politica entre sindicatos y gobiernos, derivado en criminilazación de la protesta, no es exclusivo de Chubut, y parece enmarcar un plan de fondo de precarización y descomposición de la propia Educación, donde en muchos casos termina bajo sospecha hasta parte de la propia dirigencia sindical .
A la par también afloran interrogantes sobre el rol del sindicalismo y las internas sectoriales, la capacidad de conducción de quienes se postulan, y el recurrente uso de estructuras para el posicionamiento politico personal que pone en crisis la representatividad misma entre sus pares.
De hecho el sistema de “unicato” con ejercicio exclusivo o excluyentes de derechos por parte de las asociación sindicales argentinas, para muchos observadores del derecho comparado, afecta la asociación sindical libre, condiciona la libertad de manifestación y el derecho a huelga, y hasta se considera que raya la incostitucionalidad al monopolizar sectorialmente las representaciones.
Sin entrar en un exhasutivo análisis de lo que pasa en ATECH ni emitir juicio de valor sobre su estructura dirigencial, los datos duros exponen que toda esta ‘cacería de pirómanos’ se dió también en el marco de una ‘revolución’ gremial interna. El año pasado Goodman fue ‘derrotado’ en las urnas en elecciones internas por 600 votos y a partir de ahí ‘liberado’ para resultar sometido a un proceso judicial sin fueros gremiales.
Lo reemplazó al frente de ATECH, Daniel Muprhy referente de la zona Sur y más cercano al ‘comodorato’, junto a Paula Quijano como secretaria adjunta, y Carlos Magno como secretario gremial. Ala más combativa y de conflictos largos en la provincia. Sin embargo, a la par, en la Regional Oeste de ATECH ganó la lista Celeste con un 47% de los votos y mantuvo el mando de la seccional. Una interna sindical que parece no tener fin, ya que ATECH arrastra una tortuosa historia de debilitamiento y desmanejo interno que se acerca ya a casi ‘una década perdida’.
La cuestión deriva entonces en confrantaciones y planes de luchas limitados con negociaciones dudosas y resultados cada vez más lamentables para la representación laboral.
Sucedió en Tierra del Fuego hace unos años cuando la justicia llegó a retirar la exclusión de tutela sindical del Secretario General del sindicato docente (SUTEF); sucedió en Neuquén donde el MPN avanzó con un ajuste recurrente sobre los docentes y pulverizó violentamente las protestas; sucedió en Chubut donde tanto en el gobierno radical como en las gestiones dasnevistas el sector educativo terminó convirtiéndose en ‘enemigo público’ del gobernador de turno; y vuelve a repetirse en las dos gestiones de Arcioni donde definitivamente derivó en el peor escenario para la Educación provincial: ‘cuatro años de ignoracia’, al santo decir de la Iglesia.
Este es tal vez el punto más complejo y donde evidentemente el Ejecutivo otra vez se llevó todas la materias a diciembre, y es la falta de políticas públicas que ordenen ese caos que recriminan en Educación que impacta en más de 7.500 empleados, y donde apuntan a la existencia de ‘nidos de privilegios’, superposición de cargos, docentes sin titulo y/o idoneidad fehaciente, todo tipo de licencias en danza, ausentismo incontrolable y un sinnúmero de irregularidades que -aducen- son una parte importante del desangre de las arcas públicas. Un mostruoso e indomable organismo al que el nuevo ministro José ‘Pepe’ Grazzini tratará de domesticar o por lo menos no retrolalimentar en el año y medio de gestión que queda por delante.
Así las cosas, y apenas como llamado a la reflexión de uno de los temas de coyuntura de la semana, la lógica indica que si queremos que algo empiece a cambiar a nivel territorial, revisar la calidad dirigencial y ser mucho más exigentes con el blanqueo de sus posicionamientos sobre los principales roles del estado (educación, salud y seguridad) parecen temas centrales para comenzar pensar en las perspectivas de futuro que nos abre el turno de las urnas en 2023.
Porque cómo dice un sabio proverbio africano, «Para educar a un niño, hace falta la tribu entera».
Habrá que ver…
