29 agosto, 2020
NO SE DESCARTA DENUNCIA POR MALVERSACIÓN DE FONDOS
La versión de ‘abandonar’ el GIRSU (Gestión de Residuos Urbanos) para ir a ‘otro sistema’ que no se sabe exactamente cuál es, viene sonando desde hace meses entre algunos intendentes como clamor político. Y como dice el refrán, ‘cuando el río suena, agua trae’. Más allá de la relatividad de la posibilidad de salirse de un sistema que los propios municipios organizaron bajo condicionamientos de una Ley Provincial y sus respectivas ordenanzas municipales, el tema es que a la fecha cuatro municipios deben más de $160 millones de pesos por la disposición final de sus desechos, que presumiblemente le cobraron en buena proporción a los frentistas dentro de los Impuestos de sus ciudades, pero no pagaron al Consorcio Comarcal.
Según datos de fuentes altamente calificadas, la deuda al 15 de agosto de 2020 de los Municipio con el Consorcio GIRSU asciende a unos $160.812.353 (ciento sesenta millones de pesos), mientras que la deuda del Consorcio con la empresa Urbaser superaría los $100.000.000 (cien millones de pesos).
La composición de la deuda marcaría que el mayor deudor a la fecha es Trelew, que debería, $54.619.442 (cincuenta y cuatro millones de pesos), mientras que lo que debe pagar por mes son $8.130.000; o sea debe el equivalente a casi 7 meses de canon.
Lo secunda Puerto Madryn con una deuda de $52.775.444 (cincuenta y siete millones) y que paga por mes $6.594.000 (seis millones y medio de pesos) por lo que debería el equivalente a 8 meses (prácticamente desde que asumió la intendencia Gustavo Sastre, que además es el presidente del Consorcio).
En tercer lugar figura Rawson que debe $46.748.584 y debería pagar por mes $2.256.000, por lo que se desprende que debe el equivalente a casi tres años. No sólo durante la gestión de Rossana Artero quedó más de la mitad de la deuda pendiente, sino que a partir de la gestión Biss el Municipio tampoco habría pagado nunca el GIRSU.
Por su lado Gaiman debe un importe mucho menor, $3.768.863, pero también paga mucho menos por mes un monto de $661.000, debiendo el equivalente a unos seis meses de canon.
Finalmente su vecina, Dolavon debe $2.900.000 y paga por mes 345.000, por lo cual ya estaría sobrepasando el equivalente a los ocho meses sin pagar.
En realidad, el cálculo de la deuda en el tiempo no es lineal porque algunos Municipios habrían realizado algunos pagos parciales, pero en definitiva los números de las deudas son esas equivalencias.
A la fecha, la empresa Urbaser sigue realizando los trabajos, pero todo indicaría que en algún momento esa deuda será ejecutada, y no habría de extrañarse que sean los vecinos quienes nuevamente la absorban, a través de un aumento de impuestos o de tarifa del servicio.
Que los intendentes salgan a desprenderse de las deudas y pergeñar otro sistema en agosto, para muchos suena extraño cuando se volvió a licitar en marzo-abril bajo las condiciones de las que ahora reniegan, por lo que no se podría atribuir exclusivamente a una situación y desfinanciamiento provocado por la pandemia.
El servicio con Urbaser, que ganó desde el comienzo del GIRSU la licitación para operar la planta en 2013, se volvió a licitar en marzo de este año, volviendo a posicionarse la empresa española como la prestataria que alcanzaba los requisitos de pliego, frente a otras postulantes que presuntamente no pasaban algunas solicitudes técnicas y sobre todo legales.
Sin embargo el contrato habría quedado sin firmar por la cuarentena que impidió el desplazamiento desde y hacia Buenos Aires. Un resquicio que podría dar lugar a una ruptura ahora considerada.
Hasta ahora la empresa continúa prestando el servicio y esperando cobrar, pero hay fuertes indicios que indicarían la poca intención de las administraciones municipales para sostener un sistema que consideran muy oneroso o imposible de sostener, pero que en definitiva están percibiendo anticipadamente en los impuestos.
A su vez los costos operativos no sólo incluyen a Urbaser la principal prestataria que se encarga de la coordinación de recolección municipal determinando una matriz de confluencia de camiones en las PST, la operación de las cintas de separación, el prensado, enfardado y acopio del material recuperado, así como su posterior comercialización; sino a dos cooperativas de trabajo que tercerizan las tareas en Trelew (Cooperativa de Trabajo Unidos por un futuro mejor) y en Madryn (Cooperativa de trabajo Vecinos y Vecinas), y que son las que los intendentes sugieren que mantendrán pese a los ‘cambios posibles’, si se saliera del Consorcio GIRSU.
A la fecha los costos ‘operativos’ del Consorcio no se puede decir que sean por exceso de personal, porque por la magnitud del proyecto posee sólo siete personas en relación de dependencia: una gerencia general a cargo de Sebastián de Pablo; una gerencia operativa a cargo del ingeniero Gustavo Díaz de Quintana, dos empleadas administrativas y tres supervisores. Sin embargo se adeudarían sueldos y medio aguinaldo de junio. Otro síntoma que indicaría que no hay un minimo esfuerzo por sostener la estructura.
A su vez la representación institucional no está a cargo de improvisados. La Presidencia está a cargo del intendente Gustavo Sastre, que continuó la gestión de su hermano, y el directorio está constituido por los máximos referentes de cada pueblo: los intendentes de las cinco ciudades y sus respectivos suplentes: por Trelew, Adrian Maderna y Eduardo Maza, Puerto Madryn: Gustavo Sastre y Martín Ebene; Rawson: Damián Biz y Ana Manriquez; Gaiman: Darío James y Normando Owen y Dolavon: Dante Bowen
Como se sabe, el trabajo de la disposición de residuos pasa por una exigencia ambiental que deben cumplir las Comunas, y que a través del sistema fue encauzándose. El sistema se pergeñó y se terminó de labrar el 7 de diciembre de 2005 cuando se firmó el Acuerdo Marco que crea el Consorcio Público Virch-Valdés, un proyecto impulsado por Nación para alcanzar estándares ambientales, que implicó un fuerte financiamiento internacional para las obras de infraestructura en el predio de Torre Omega, sobre RutaN3, permitiendo el arranque del de actividad en 2013, teniendo diferentes etapas de éxitos y fracasos administrativos.
De hecho, cuando arrancó los Municipios también se complicaron con deudas, a tal punto que entre 2013 y 2015 el presidente del Consorcio, por ese entonces el exintendente de Trelew, Máximo Pérez Catán activó la cláusula por la que se procedió a descontar las deudas de las ciudades de sus ingresos por coparticipación. Se puede decir que fue el único período donde el GIRSU tuvo los números casi saneados, e incluso fondos en cuenta bancaria para encarar obras.
A partir de 2015 esa cláusula de descuento se desestimó durante la presidencia de Ricardo Sastre hasta la fecha, presuntamente para liberar a las arcas municipales de un descuento intempestivo y porque se podían acomodar los números con el pago de los frentistas de cada localidad (entre recolección y disposición unos $1.400 por vecino), de acuerdo a la buena perfomance de cobro y administración que se invocaban.
Pero lejos de eso, se terminó produciendo otra vez la acumulación de deudas que se arrastra. Desde algunas administraciones aducen que se trata de un colapso por la pandemia, pero en ninguno de los cinco ejidos han ensayado un informe tributario serio sobre lo que se recauda, como para justificar tal cese de pagos, y que no exponga el desvío de esos fondos para otros gastos.
El problema de la consecuencia en los incumplimientos de pago acarrean riesgos no sólo de servicios de tratamiento de residuos, sino ambientales, ya que el Consorcio descapitalizados como está no estaría pudiendo cumplir con las etapas previstas para la disposición final adecuada. De hecho, la capacidad de la fosa 1 que es la que se realizó inicialmente con una vida útil de unos 4 años aproximadamente, ya lleva casi 8 en actividad y está absolutamente sobrepasada a su función de acuerdo al proyecto original, pero además no está lista la construcción de la segunda celda porque no está el dinero.
El actual vertedero en operaciones, que posee ocho metros de profundidad y tenía una previsión de seis metros de altura, ya está sobrepasando los 15 metros de alto. Una verdadera montaña de basura que se puede observar desde la ruta y que ha modificado completamente hasta el paisaje lindante a la cárcel de máxima seguridad.
A la fecha, los camiones deben subir a esa ‘montaña’ en un vertedero que es de tipo piramidal, que se va achicando en la cima con los consiguientes riesgos humanos que eso conlleva, sobre todo en días de lluvia o vientos fuertes por la altura, la estrechez y los riesgos de desmoronamiento que promueve la irregularidad en que se estaría dando la operatoria donde se procesan más de 4 mil toneladas de basura mensuales. (Ver https://consorciogirsu.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/Informe-Operaciones-2019.pdf )
Con este escenario hay quienes temen que se termine demostrando la inviabilidad del GIRSU, y plantando el sistema, aunque la deuda -por lo menos de la empresa española. podría acarrear procesos judiciales de fuerte impacto al Consorcio, del cual los intendentes responden como directores e incluso a los Municipios.
Hace una semana hubo una reunión general y oficialmente según declaraciones de su presidente, Gustavo Sastre, los Municipios “seguirán operando con un esquema unificado de tratamiento de residuos sólidos urbanos”, y aunque no lo dio textualmente se supuso que por ahora dentro del Consorcio, pero si se encargó de aclarar que quedaron en estudiar “otras alternativas” al servicio que presta mayoritariamente la empresa Urbaser.
En medio de estas idas y venidas, en algunos municipios que integran el consorcio se comenta que detrás de estos cuestionamientos, habría fuertes intereses gremiales de integrarse al sistema.
Según fuentes del Girsu, los trabajadores del relleno sanitario y la planta están enrolados en la Uocra, mientras que el transporte de los residuos está a cargo de la concesionaria Ashira, cuyos trabajadores están afiliados al gremio de Camioneros.
Días antes, uno de los alcaldes había sido tajante: “Vamos a salir del Girsu”, dijo Maderna por una emisora radial agregando que ya estaban trabajando en “un proyecto propio”.
También hubo declamaciones públicas para pedir ayuda a la Provincia de modo que los Municipios pudieran hacer frente a la deuda.
La cosa está cada vez más complicada, y amagaría con mostrar otro estamento del Estado que podría terminar con denuncias e investigación judicial en puerta, involucrando nada menos que a cinco ciudades y sus respectivas administraciones.
