26 abril, 2022
El presidente Alberto Fernández encabezó en Vaca Muerta la semana pasada un acto triple en el que además de conmemorar los 10 años de la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF y la celebración del centenario de la firma, también sirvió como una suerte de relanzamiento de la obra del gasoducto Néstor Kirchner.
Sin mayores precisiones sobre los pazos de la obra -lo que se esperaba de la visita- las autoridades nacionales que lo acompañaron destacaron la importación del caño y también la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta.
El objetivo del gobierno es claro y lo que buscan es llegar al invierno 2023 con el gasoducto en marcha, sin embargo, todavía falta la licitación de la construcción, el plazo para presentar ofertas y finalmente la adjudicación. Detalles que no formaron parte del acto principal, aunque sí fueron estimados por el presidente de la empresa Integración Energética Argentina (IEASA), Agustín Gerez.
En diálogo con este medio, Gerez afirmó que esperan adjudicaron el abastecimiento de los caños esta semana y que «durante los primeros días de mayo», van a licitar la obra. La idea que planteó es que la obra esté “adjudicada para junio” y que los primeros trabajos se inicien en septiembre.
De esta manera quedarían cerca de 10 meses para la concertación de la obra cuando inicialmente se estimaba un plazo de 12 meses para los trabajos en el terreno. Lo que queda claro es el que margen para enfrentar contratiempos será casi nulo para cumplir con las estimaciones.
La etapa del gasoducto de 563 kilómetros que unirá la localidad de Tratayén en Neuquén, con Salliqueló en Buenos Aires, tiene un costo aproximado de 1.566 millones de dólares. Está casi confirmado que además del Grupo Techint también buscará quedarse con la obra el grupo Pampa.
En declaraciones radiales el interventor del Enargas, Federico Bernal, fue consultado sobre los plazos de la obra e indicó que estará listo «para mediados del 2023», sin mayores precisiones. Claro que hasta que la obra no esté adjudicada nadie puede confirmar los plazos, además hasta que eso no se concrete, por ahora, la obra ni siquiera tiene una empresa asignada.
Tal como publicó Río Negro el fin de semana, el terreno desde donde partirá el caño, será parte del relevamiento territorial (ley 26.160) acordado entre Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno de Neuquén, que contó con el aval de los seis consejos zonales de la Confederación Mapuche y la mediación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Es la comunidad Fvta Xayen la que reclama allí tierras ancestrales.
Propietarios de las tierras, consultadas por este medio, aseguraron no ven con optimismo el inicio de las obras. Pese a las palabras del presidente, que prometió escuchar a las comunidades, imaginan un escenario con reclamos y conflictos.
El otro punto que podría ser fuente de conflictos es la disponibilidad de los fondos para la obra que, pese a estar confirmados por el gobierno, podrían aparecer contratiempos. Parte del financiamiento de la obra se costeará con lo que se dispuso a través de la ley 27.605 de impuesto a las grandes fortunas.
La letra chica de la ley estableció que lo recaudado por la ley podía ser usado para exploración, desarrollo y producción de gas natural, sin embargo, no para obras de infraestructura de transporte. Por esto el gobierno había incluido en el Presupuesto 2022 una cláusula que ampliaba esas condiciones, pero nunca logró salir del Congreso y quedó en el limbo. Esto puede ser solucionado a través de alguna resolución y no necesita ser a través de una ley pero eso tampoco ha sucedido hasta hoy.
*EON/RN
