9 marzo, 2021
El Gobierno importará el 26% del gas que se consumirá en invierno
Las compras al exterior se convertirán en un récord ya que en 2019 y 2020 ese número estuvo alrededor de 15%; preocupa la caída de la producción, la falta de dólares y el costo fiscal.
La Argentina desanda un camino en materia energética que lo llevará a tropezar con la misma piedra: el Gobierno admitió que deberá importar en los meses de invierno el 26% de todo el gas que se consume en el país.
El dato no es sólo una cuestión energética. El combustible se paga al contado y en dólares. La receta es un calco a la que usaron Néstor y Cristina Kirchner donde las tarifas no remuneraron el producto y hubo un fuerte aumento de los subsidios y el costo fiscal. Ahora hay agravantes: un año electoral y pocos dólares de reserva.
Pero las cosas han cambiado desde entonces. Aquellas compras millonarias al exterior se convirtieron en una de las razones del cepo cambiario. Esta vez, la cuestión es diametralmente distinta: ya existe un supercepo y hay menos dólares en las reservas del Banco Central.
Sólo para poner en perspectiva lo que significa importar 26% de la demanda: tanto en 2019 y como en 2020, ese número estaba en torno al 15%. Pero la caída de la producción de gas en las cuencas argentinas vuelven a convertir al país en un neto importador.
Tal es así que aquel barco regasificador que estuvo anclado en Bahía Blanca y que partió en 2018 volvió para retomar su amarra en el Sur bonaerense convertir gas licuado importado que se paga en dólares, al contado y al mejor postor en gas natural comprimido que se paga en pesos subsidiados y con perspectivas de tarifas marcadas por el calendario electoral.
“Nunca habíamos llegado a importar el 26% del total del consumo, de modo que es una cifra muy alta ya que ahora es alrededor de 15%. Han tenido que llamar al barco regasificador que fue despedido en 2018 de manera irresponsable ya que se hizo como un hecho político sin realizar pronósticos de mediano y largo plazo; estará disponible en invierno. El plan Gas 4 ha fracasado rotundamente, la producción sigue en caída, está toda subsidiada y genera un gasto que es insostenible. La situación es una de las peores que hemos conocido”, resume Jorge Lapeña, exsecretario de Energía.
La confirmación del faltante corrió por cuenta de la Secretaría de Energía. Sus técnicos estimaron que, para los meses que van desde mayo a septiembre, la demanda de gas alcanzará los 22.466 millones de metros cúbicos (MMm3), de los cuales será necesario importar el 26% proveniente de la producción de Bolivia y de la provisión de gas natural licuado (GNL).
El dato tiene varias lecturas. La primera es que fue necesario transparentar la dependencia ya que es un paso previo obligatorio a la realización de la audiencia pública –se realizará el 15 de marzo–, para determinar el costo del gas natural a boca de pozo, y el porcentaje de cobertura que asumirá el Estado nacional para aliviar el traslado a los usuarios.
Pero claro, es imposible en la Argentina de los subsidios y la inflación quedarse solamente con esa fecha del calendario. Entonces se empezará a discutir sobre gasto fiscal –subsidios–, precios de la energía en los hogares, disponibilidad de dólares y compra de combustible al mundo.
Ahí es donde el tema cobra fuerza y se despega de una cuestión meramente energética ya que se empezará a despuntar la mirada de las dos facciones del Gobierno que están en pugna en estos momentos. Por un lado, la Secretaría de Energía, manejada por Darío Martínez. La designación del diputado por Neuquén y expresidente de la Comisión de Energía, fue considerado un avance de la expresidenta. Su jefe político es Máximo Kirchner y dentro del kirchnerismo lo ven como el próximo candidato del espacio a la gobernación de Neuquén. El hombre mantiene en el despacho fuerte consonancia con el Instituto Patria, la usina de política kirchnerista.
Del otro lado está el ministro de Economía, Martín Guzmán. Aunque machucado, vacunado y con casco puesto por los piedrazos que vienen desde el ala dura del Gobierno, intenta mantener cierta racionalidad en los precios de las tarifas de servicios públicos por una simple razón: las cuentas fiscales.
Los subsidios, energéticos y al transporte, se convirtieron en los tres primeros gobiernos kirchneristas en una auténtica bola de nieve que jamás se pudo parar y que tampoco dejó de crecer.
Luego vino la administración Macri fue por la receta opuesta: aumentar las tarifas para que el costo de producción y lo que paga el usuario se acerquen. Pero claro, la reacción social contra el tarifazo de Macri fue un enorme lastre que aquel gobierno pagó con un fuerte recazo en la opinión pública.
“El actual gobierno propició contratos en dólares por 4 años para que haya inversiones y producción local. Si no hay traslado de precio del gas a la tarifa van a entrar en una dinámica de crecimiento de los subsidios energéticos muy peligrosa para la macroeconomía”, dice el expresidente del Enargas, Mauricio Roitman.
El presidente Alberto Fernández concedió alguna certeza en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Dijo que quiere despegar los precios internacionales de la energía de los locales. Jamás nadie pudo inventar otra fórmula más que subsidiar el consumo. La piedra está ahí. El tropezón parece inevitable.
*LN
