10 febrero, 2022
El fiscal anticorrupción adjunto, Mario Romeo, aseguró que «pondría como primera hipótesis de investigación» la posibilidad de que el incendio que destruyó las pruebas que comprometían a ex funcionarios en causas de corrupción, haya sido instigado.
La sospecha se disparó tras el reconocimiento público que realizó el fiscal Alejandro Franco, admitiendo que por la destrucción de pruebas no puede llevar a juicio la llamada causa lotería, donde se iba a sentar en el banquillo de los acusados a ex funcionarios.
Romeo, en diálogo con Radio Chubut, avaló a Franco en el sentido de que es imposible llevar adelante una acusación sin los documentos originales.
Y advirtió que también podría caerse otra causa, vinculada con la contratación de aviones que hicieron viajes entre San Fernando y Chubut con fines proselitistas.
En tal sentido Romeo adelantó que se reunirá con la Procuración para saber el estado de las pruebas que sostienen esas causas.
Mario Romeo, quien hasta el 1ro. de Abril está al frente de la Oficina Anticorrupción, describió que las pruebas que se perdieron estaban en un lugar determinado del edificio donde se asienta el Superior Tribunal de Justicia, sobre la esquina de Roberto Jones y Rivadavia de Rawson.
Las llamas habrían convertido en humo parte de las causas de corrupción que se resguardaban en el edificio del Superior Tribunal de Justicia, sobre la esquina de Roberto Jones y Rivadavia de Rawson, y no habría bakups
El funcionario lamentó que las llamas hicieron desaparecer meses de esforzado trabajo para acreditar ante un tribunal los hechos de corrupción investigados.
Y si bien podría pensarse en un caso fortuito, es decir que el incendio se produce en medio de una protesta generalizada, no es menos cierto que quienes provocaron el foco podrían estar deliberadamente haciendo desaparecer pruebas con le excusa de la protesta antiminera.
De hecho, cabe recordar que en diferentes situaciones se habló de ‘grupos de infiltrados’ que generaron los desmanes y que no pertenecerían a las asambleas que movilizaban en contra del extractivismo. Todo un tema que comienza a abrir otras líneas investigativas posibles.
“Hay causas que se han perdido en su totalidad, otras que hay que reconstruir. Muchas de ellas podrían caerse (sic) porque desaparecieron las pruebas o por extinción de los plazos procesales. (…), dijo Miquelarena en su momento ni bien ocurridos los incendios
Según los datos de la Dirección de Control de Gestión de la Procuración General tras los incendios de diciembre pasado en el marco de los incidentes que se produjeron durante la serie de movilizaciones en contra de la megaminería, unas 754 investigaciones judiciales quedaron seriamente afectadas, por no decir perdidas.
Su director Daniel Corrópoli dijo en su momento que “muchas computadoras se quemaron, otras desaparecieron y suponemos que han sido robadas (sic). Pero a la vez tenemos que destacar que otras tantas han sido recuperadas”.
“Hay causas que se han perdido en su totalidad, otras que hay que reconstruir. Muchas de ellas podrían caerse (sic) porque desaparecieron las pruebas o por extinción de los plazos procesales. (…), dijo Miquelarena ni bien producidos los hechos, al enumerar las consecuencias de los daños sufridos y su impacto en la operatividad judicial.
Para un número importante de profesionales, más allá de la consternación de las pérdidas generales, lo llamativo fue la falta de resguardo o de previsión considerando posibles antentados sobre documentación de la sensibilidad de las causas de corrupción por ejemplo. Un tema que seguramente arrastrará ríos de tinta, por las sospechas que genera tamaño descuido.
*RCH
