El 4 de mayo el diputado Itaí Hagman presentó el proyecto para implementar un salario básico universal (SBU) para 7 millones de trabajadores y trabajadoras en situación de vulnerabilidad. El texto corporiza un debate dentro del Frente de Todos que no ha concluído.
No es la única iniciativa. En la Cámara Baja hay una decena de propuestas impulsadas por legisladores y legisladoras que forman parte de los movimientos sociales que son aliados del bloque oficialista.
Desde que se instaló el debate sobre la implementación del SBU quedó en evidencia un dato poco conocido. Las organizaciones sociales tienen una plataforma de proyectos para afrontar distintos aspectos de la crisis y también para mejorar la realidad de los que menos tienen en el sistema económico.
Buscan debatirlo en el Congreso pero la mayoría de las propuestas padece una particularidad: no han sido tramitados en las comisiones a las que han sido girados o directamente no han registrado ningún movimiento luego de que fueron firmados en Mesa de Entradas.
Los proyectos de los movimientos sociales
Como una postal de las fragilidades políticas del oficialismo en medio de la crisis, uno de los más importantes fue presentado por el presidente Alberto Fernández. Es la creación del «Monotributo Productivo» que establece el reemplazo del actual monotributo social y les garantiza el monotributo gratuito por dos años con el componente de jubilación y salud para todos los contribuyentes que estén inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP). En el tercer año pagarán la mitad del componente previsional.
La diputada Verónica Caliva, de la Corriente Clasista y Combativa, es la autora de un proyecto para declarar «la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades, por el término de cinco años con el objetivo primordial de disminuir el número de personas en situación de violencia por motivos de género».
La propuesta lleva la firma de la legisladora salteña y es acompañada por otro proyecto en la misma línea de intervención que establece la creación de un «Programa Nacional de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia por motivos de Género» para impulsar la «formación de 100.000 promotoras territoriales para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género en todo el territorio nacional».
Movimientos sociales: la iniciativa del Gobierno
El Presidente, junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, presentaron otro texto que fue elaborado con la ayuda de las organizaciones sociales. Proponen crear un «Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA)» para coordinar un «conjunto de políticas públicas de cuidados que de forma integral y articulada tiendan a garantizar una organización social del cuidado accesible y de calidad».
A esa iniciativa se suma el que presentó la diputada Natalia Souto, de Somos Barrios de Pie. Propuso la ley de «Cuidados Comunitarios» que establece un reconocimiento «a las tareas de cuidado que históricamente realizan los movimientos sociales en los barrios populares, principalmente las mujeres».
Desde fines de octubre ingresó la iniciativa de «Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo», que establecía una formalización del sistema de reciclado y fue duramente resistida por las cámaras empresarias porque establecía una tasa variable con un máximo del 3% sobre el valor del envase que debía ser pagado por las empresas que no tuvieran un programa de reciclado circular de los envases que fabrican. La iniciativa llegó a tener dictamen de mayoría pero según advierten los legisladores del Frente Patria Grande, ahora está frenada «por el lobby de Coca Cola».
Más iniciativas
Otra iniciativa que corrió la misma suerte es el texto firmado por el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, para impulsar una ley de humedales. Es el cuarto intento que perdió estado parlamentario y este año volverá a ser motorizada, según anticipó el autor del texto, al frente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientes.
Caliva junto a Cecilia Moreau y Juan Carlos Alderete presentó desde el año pasado la prórroga de la Ley 26.160 que declaró «la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas». La última prórroga venció el día 23 de noviembre del año 2021 y frenaba los desalojos en marcha. La propuesta dispone la «realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras que habitan las comunidades indígenas a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), no ha sido cumplido en su totalidad».
Fagioli también es firmante de la iniciativa que crea el «marco regulatorio de la pesca artesanal en las aguas pluviales y lacustres interjurisdiccionales». El proyecto define una serie de instrumentos para formalizar esta actividad. Define que «la pesca artesanal forma parte de la economía popular, de ella se abastece el mercado interno en general, y a la vez, representa una de las principales fuentes de alimentos para miles de comunidades rurales y pueblos originarios en nuestro territorio». Se trata de «una actividad creadora de fuentes de empleo y recursos genuinos indispensables para el sostenimiento de las economías familiares, que contribuye a prevenir la pobreza extrema y a garantizar la seguridad alimentaria con un alto valor nutricional».
Grosso presentó en mayo el «Régimen de Recuperación de Unidades Productivas». El proyecto define que «toda unidad productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de las/os empleadores, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de los trabajadores de la misma que se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva».
