28 enero, 2022
Guzmán había descartado cambios respecto a la pauta presupuestada en su conferencia de prensa previa.
“Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”. Así describió el FMI uno de los aspectos claves del acuerdo con Argentina que el gobierno había preferido no mencionar cuando celebró el convenio.
En su breve comunicado para anunciar el avance de las negociaciones con el país, el Fondo demostró una vez más que el problema de los subsidios energéticos no podrá ser obviado por la administración de Alberto Fernández, pese a que el ministro Guzmán había descartado cambios respecto a la pauta presupuestada en su conferencia de prensa previa.
De hecho, el texto publicado por el organismo con sede en Washington toma cierta distancia de las declaraciones del gobierno argentino. En primer lugar, habla de haber llegado a un “entendimiento” y que para alcanzar un “acuerdo a nivel staff”, continuarán con su trabajo durante las próximas semanas con las autoridades argentinas.
Respecto a la cuestión del gasto público energético, la pauta del gobierno tenía previsto reducirlo del 2,2% del PBI al 1,5% durante este año, con un aumento de tarifas de apenas el 20% para la amplia mayoría de la población.
Esta combinación será de muy difícil cumplimiento. En primer término, porque la inflación esperada por el mercado promedia el 50%. En segundo lugar, por el ritmo más acelerado de las micro devaluaciones que se aplicarían para no perder competitividad. Y finalmente, como explicó EOL, por las dificultades que plantea la inédita suba de precios del gas natural a nivel internacional y el menor flujo proveniente desde Bolivia que obliga a una mayor importación de GNL.
Ya en 2021, los subsidios se ubicaron en el orden de los 10.000 millones de dólares, casi un cuarto del monto total de la deuda argentina con el FMI. Pero para el 2022, las estimaciones proyectadas por las consultoras económicas prevén un piso de 15.000 millones si no se producen cambios relevantes en la política energética.
Por ejemplo, Analytica sostiene que para reducir el peso de los subsidios en un 0,7% del PBI y mantener congeladas las tarifas del 50% de la población más vulnerable, habría que aplicar subas escalonadas del 100% al 220% según el poder adquisitivo de cada decil.
