21 septiembre, 2020
LA INDUSTRIA DEL TURISMO SALIÓ A LAS CALLES EN TODO EL PAÍS. COINCIDENTEMENTE NACIÓN PUBLICÓ AYER LA LEY DE ASISTENCIA
Por Trivia Demir
“Sólo existe una cosa mayor al amor a la libertad, y es el odio a quien te la quita”, decía el Che. Una enseñanza que el Gobierno debería conocer en profundidad, y usar para alumbrar su estrategia frente a la pandemia y la crisis económica.
Ayer, bajo la consigna «salvemos al turismo», no fue odio pero si el hartazgo el que salió masivamente a la calle y sin bandería política, aunque con bandería laboral. Los operadores y agencieros de todo el país realizaron caravanas y reclamos en los principales destinos turísticos del país, profusamente relevados por la prensa coyuntural. De Calamuchita a Tierra del Fuego uno de los sectores más dinámicos y federales de la economía argentina se hizo escuchar con contundencia. Aunque el epicentro más visible por supuesto fue ‘donde atiende Dios’, en Plaza de Mayo frente a la Rosada y frente al Ministerio de Turismo de Nación.
«Sabemos que esto no es la solución: pero todas las provincias representadas que pudieron venir estamos para visibilizar el reclamo de una zona que solo quiere trabajar», afirmó una referente de una provincia del litoral que se desplazó hasta CABA.
Concretamente el sector pide subsidios de manera urgente para sostener las empresas y la apertura de fronteras tanto nacionales como internacionales, ya que Argentina es uno de los únicos tres países (junto con Venezuela y Paraguay) que mantienen suspendidos los vuelos internos y externos.
Confirmaron además que en lo que va del año se perdieron 200 mil puestos de trabajo y que más de un millón de argentinos viven hace 6 meses en la incertidumbre.
Cuestionaron duramente las nuevas medidas cambiarias, que incrementaron las restricciones para operar con dólares, terminando de golpear las expectativas de la ‘industria sin humo’. «El golpe de gracia para terminar de devastar nuestra industria vino de la mano de la implementación de un nuevo recargo para los pasajes y servicios turísticos acumulativo a los ya existentes».
Al respecto, agencieros indicaron que “un pasaje internacional emitido en efectivo en pesos tiene un recargo de 77 por ciento de impuestos” especiales, a los que se debe sumar el resto de la carga tributaria habitual (impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales).
Las entidades detallan que al 30 por ciento del impuesto Pais, al que ya le sumaban el 7% del DNT (gravamen sobre pasajes al exterior) y el 5% de la RG 3819 para los pagos en efectivo (percepción sobre Ganancias y Bienes Personales), ahora se añade el 35% de la RG 4815 (producto del supercepo). “Definitivamente se han hecho todos los esfuerzos para convertir a nuestra actividad en inviable”, añadieron.
Por otra parte la industria del Turismo exige que haya un protocolo mínimo que les pueda permitir trabajar aunque sea comarcalmente para poder defender las fuentes laborales, que inexorablemente se están perdiendo. «Trabajar sin desentendernos de lo que es la pandemia a nivel mundial. Poder tener el protocolo unificado y poder transmitir tranquilidad de poder brindar viaje seguro. Queremos que el gobierno esté dispuesto a sentarse: lo único que queremos es trabajar», agregó otro referente.
La prueba contundente que la política sufre de una disociación importante de la realidad, resultó inapelable en voces del sector: “Seis meses después de haber tenido que cerrar compulsivamente nuestras empresas, lamentablemente en Argentina seguimos esperando que la ley de sostenimiento de la actividad turística entre en vigencia y sea reglamentada. Pese a nuestros reiterados reclamos por obtener una necesaria ley de emergencia del sector, esta nunca fue sancionada”, indicaron.
Mientras al ritmo de bocinazos, caravanas, batucadas y cánticos, el sector turístico tomó la calle nada menos que el Día de la Primavera, desafiando las disposiciones de circulación que mantenía confinados a los habitantes de la gran mayoría del país, el Gobierno nacional confirmó que se había promulgado finalmente la Ley 27.563 de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que fue aprobada el 1 de septiembre pasado en el Congreso, y que 20 días después, a través del decreto 753/2020 publicado este lunes en el Boletín Oficial, entraba en vigencia.
Esta ley prorroga para el sector turístico, el reparto del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), las asistencias económicas a pequeñas y medianas empresas, la reducción de contribuciones patronales, los planes de moratoria, la suspensión de embargos y la reducción de alícuotas de la ley de impuesto al cheque.
También incluye los bonos vacacionales para los consumidores, programas de preventa y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados. La normativa contempla una compensación de un crédito del 50 por ciento por parte del Estado a aquellos turistas que compren un paquete. Ese crédito lo podrán utilizar en ese viaje u otro que realicen a lo largo del año que viene.
Las actividades comprendidas por esta ley son: los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.
La legislación prorroga por 180 días el plazo para pagar los impuestos que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de 2020.
También se suspende por 180 días prorrogables por igual término la traba de cualquier tipo de medida cautelar a requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Además, encomienda al Banco Central a establecer líneas crediticias subsidiadas tanto para el sector privado como para aquellos municipios donde el turismo constituya su principal actividad económica.
En el caso de los créditos para las actividades turísticas, está destinado “al pago de servicios públicos, capital de trabajo y/o cualquier otro costo fijo que las empresas deban soportar durante la vigencia de las restricciones generadas por la pandemia por coronavirus”.
La otra línea de crédito es para municipios y comunas “cuya actividad principal sea el turismo que cuenten con garantía de coparticipación federal de impuestos, de fondos propios afectados a fideicomisos que garanticen el pago o garantizados por las propias provincias”.
El gran interrogante es estas medidas alcanzan, y si llegan a tiempo para ayudar a ‘sobrevivir’ a una actividad herida de muerte. Habrá que ver…
