2 febrero, 2021
POR LA QUITA DE SUBSIDIOS DURANTE LA GESTIÓN MACRI
Es por una deuda acumulada desde 2016 vinculada a la quita de subsidios durante la gestión de Macri. El Ejecutivo tendrá 10 días para establecer «el mecanismo compensatorio que considere más conveniente» para equilibrar el déficit económico.
El juez federal en lo contencioso y administrativo Walter Correa ordenó al gobierno nacional que compense a las empresas de transporte de larga distancia por un déficit de 27 mil millones de pesos en un plazo de 10 días.
La deuda fue generada a raíz de una resolución del ministerio de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri que estableció la quita de subsidios que las compañías percibían desde el 2013, incumpliendo los procedimientos legales. El beneficio incluía a empleados y a pasajeros.
Según el juez, el Ejecutivo “actuó de modo irrazonable, toda vez que no realizó un relevamiento del servicio para adecuar de modo progresivo el servicio público –sin afectar los puestos de trabajo y a los consumidores”.
Además, el magistrado dejó sin efecto la medida. El dinero que el Estado deberá reembolsar a las empresas corresponde a lo acumulado desde el 2016. En el 2017, tras la eliminación de los subsidios, más de 20 empresas realizaron el reclamo conjunto ante la Justicia.
El juez consideró al transporte de larga distancia como un “servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado nacional debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme, en igualdad de condiciones para todos los usuarios”.
La resolución del magistrado se dio a conocer hoy –mismo día en que el Gobierno otorgó un aumentó los subsidios al transporte en las provincias en un 21%- pero fue tomada el 26 de enero durante la feria judicial. Es una medida cautelar ya que resta la resolución de fondo.
Instó a la cartera encabezada por Mario Meoni a que “establezca el mecanismo compensatorio que considere más conveniente para equilibrar de manera eficiente y eficaz el déficit económico”. Sin embargo, la sentencia puede ser apelada por el Gobierno. En tal caso, será luego revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
*DC
