Un fallo judicial dio la razón a un marinero de un buque pesquero que demando a una ART luego de sufrir un accidente laboral que provocó una grave lesión en su mano.
El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2025, mientras el operario realizaba sus tareas habituales sobre la cubierta de un buque de la empresa Costa Chubut S.A.
En su argumento central, el fallo destaca la desatención inicial que sufrió el trabajador tras accidentarse en alta mar y la significativa diferencia entre la incapacidad reconocida por la aseguradora y la determinada finalmente por la jueza laboral de Rawson, Amorina Testino.
En medio de una maniobra brusca del barco, una estructura se cerró sobre su mano derecha, provocándole una fractura y un traumatismo contuso cortante en el dedo índice.
Uno de los puntos más críticos del caso -según relató el trabajador en su demanda- fue la falta de asistencia médica inmediata a bordo.
De acuerdo a la demanda, incluso luego de que el buque regresó a tierra, la ART tampoco le brindó atención presencial, limitándose a indicarle 20 sesiones de kinesiología a través de una video llamada, tras lo cual le otorgaron el alta laboral.
Incapacidad
Inicialmente, la Comisión Médica administrativa había dictaminado que el marinero solo tenía una incapacidad del 1,78%, basándose en la cual la ART realizó un pago parcial. Sin embargo, el trabajador recurrió a la justicia al considerar que su lesión era mucho más grave y afectaba directamente su posibilidad de trabajar.
Durante el juicio, un perito médico judicial constató que el hombre padece una “limitación funcional significativa”, detallando que no logra realizar una empuñadura completa ni una pinza eficaz con su mano hábil.
Como las tareas de un marinero requieren obligatoriamente destreza manual y fuerza de prensión, la magistrada elevó la incapacidad definitiva al 11,99%.
Actualización monetaria
En su fallo, la jueza declaró la inconstitucionalidad de las normas que pretendían congelar los montos de las indemnizaciones (como el DNU 669/19), argumentando que estas medidas perjudican a los trabajadores frente a la inflación.
En consecuencia, ordenó a Provincia ART S.A. el pago de $ 93.429.080,59 por todo concepto.
Testino enfatizó que las ART deben responder por la capacidad residual real del trabajador, garantizando que el resarcimiento económico sea justo y proporcional al daño sufrido en el entorno laboral.
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