21 octubre, 2020
En el sector evalúan presentar una medida cautelar para frenar el tributo. «Es confiscatorio, no es voluntario y, posiblemente, no sea por única vez», advirtió Santiago Sáenz Valiente.
A principios de septiembre un artículo de LPO ponía en evidencia la creciente preocupación que existe en el sector agropecuario por el alcance del impuesto a la riqueza impulsado por el Frente de Todos en la Cámara de Diputados.
En ese entonces no estaba a disposición la letra chica de la iniciativa y se desconocía con precisión cuántos productores rurales pagarían el impuesto. Pero ahora, varios especialistas empezaron a hacer cálculos sobre la base de la información disponible.
Santiago Sáenz Valiente, titular del estudio Sáenz Valiente y Asociados, dijo a LPO que «el impuesto a la riqueza va a abarcar entre 40.000 y 50.000 productores agropecuarios; es un contrasentido porque las tierras rurales están exentas de bienes personales».
«Esto es un impuestazo a la producción. Claramente no es voluntario y, probablemente, no sea por única vez», alertó el especialista. «Es un impuesto confiscatorio que tiene grandes inequidades por no diferenciar los bienes locales sobre los del exterior», señaló. Es un impuesto confiscatorio que tiene grandes inequidades por no diferenciar los bienes locales sobre los del exterior
Hace unas semanas productores de la zona núcleo impulsaron una campaña contra Carlos Heller, el autor intelectual del impuesto a la riqueza. De hecho, algunos dieron de baja sus cuentas en el Banco Credicoop a modo de represalia contra el diputado.
Saénz Valiente planteó además la posibilidad de presentar una medida cautelar en la Justicia para frenar el pago del impuesto. «Haremos una pericia contable porque encontramos inequidades absolutas que nos obligan a actuar», explicó el tributarista.
El entrevistado habló del rol del Consejo de Ciencias Económicas. «Hasta donde yo sé no están haciendo nada. Solo nos estamos informando. Hay zonas rurales que se van a ver perjudicadas porque es un impuesto no coparticipable», agregó Sáenz Valiente.
Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) indicó que la participación promedio del Estado en la renta agrícola se ubica en un 62%. En el caso de la soja dicha cifra sube al 66%, al tiempo que en el maíz es del 52,9%.
Los datos de FADA, que corresponden al mes de septiembre, muestran que los impuestos nacionales representan el 62,6% del total de los tributos, seguido por los gravámenes coparticipables (31,6%), los provinciales (5,1%) y los municipales (0,6%).
La Mesa de Enlace rechazó el impuesto a la riqueza. Los primeros en salir a criticar la medida fueron las autoridades de Confederaciones Rurales (CRA). «Una mayor presión tributaria provocará una menor producción agropecuaria», advirtió la entidad.
El dato es que las otras tres entidades rurales estuvieron de acuerdo en criticar la iniciativa. Así lo hicieron público los presidentes de la Sociedad Rural (Daniel Pelegrina), Federación Agraria (Carlos Achetoni) y Coninagro (Carlos Iannizzotto).
*LPO; P
