7 octubre, 2020
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, con el patrocinio del Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, presentó dos denuncias, una en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otra en el Consejo de la Magistratura. Consideran que las apreciaciones de tipo político consisten una falta de conducta. El Superior Tribunal de Justicia no se pronunció formalmente ante los hechos y abordó la intervención de los jueces como ‘opinión personal’, pese a haberse producido en el marco de una manifestación de empleados judiciales en el que participaron ambos magistrados. La noticia se confirmó luego de analizar la inconducta de dos magistrados con declaraciones explosivas en el marco de un momento institucional por demás delicado en Chubut, y ante el accionar del STJ quien sólo anticipó que actuará de existir una denuncia.
El conflicto institucional se desató luego que dos jueces de Comodoro Rivadavia, Miguel Ángel Caviglia y Alejandro Soñis, pidieron públicamente que el gobernador de Chubut «de un paso al costado». Expresiones producidas a medios de prensa en el marco de una manifestación de empleados judiciales en reclamo por el atraso del pago de salarios de los agentes públicos.
Ante esto, el gobernador Mariano Arcioni, con el patrocinio del Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, presento dos denuncias: una en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otra en el Consejo de la Magistratura, al considerar que las apreciaciones de tipo político consisten una falta de conducta para los máximos referentes del estamento judicial. “Por un lado, se pide la apertura de un sumario en el Poder Judicial en el Superior Tribunal de Justicia y –por otro lado- se efectúa la denuncia en el Consejo de la Magistratura», afirmó el letrado.
En este marco, el Fiscal confirmó públicamente la decisión del gobernador. «Fundamentalmente se cuestiona una irresponsabilidad total desde el punto de vista institucional, falta de decoro y una actitud netamente política».
En concordancia con lo expuesto este miércoles por Enrique Maglione, preside en Consejo de la Magistratura de Chubut, el Fiscal de Estado consideró que «los jueces actúan y se expresan a través de lo que dicen sus sentencias. Los dichos de ayer están muy lejos de ser declaraciones que sean propias de un juez en ejercicio. Hay declaraciones en las que se plantean ciertos ilícitos como –por ejemplo- se plantean que hay ‘ñoquis’ dentro del Estado. En el caso que sea así, tendría que haberse denunciado y no sé si se habrá hecho o no. Pero también tendrán que dar explicaciones sobre las razones de esas declaraciones o si se refieren a algún tipo de investigación en curso».
Además, insistió en que «las declaraciones sobre que ‘el gobernador de un paso al costado’ o que ‘se avance en un juicio político’ son –netamente- políticas, y que les están vedadas a los jueces ya que no tienen permitido ejercer ningún tipo de actividad política. Las declaraciones de esas características son –claramente- actividades políticas con una connotación terrible y una gravedad institucional muy fuera de lo que se espera del accionar judicial».
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, organismo encargado de evaluar la conducta de los jueces de la provincia, dijo que se trata de algo muy grave opinar de manera mediática sobre la necesidad de destituir la cabeza del Poder Ejecutivo.
Maglione reconoció que las declaraciones de los jueces de Comodoro Miguel Ángel Caviglia y Alejandro Soñis, quienes pidieron que Arcioni de un paso al costado, es “de una gravedad institucional por parte de los jueces. Existe una falta de decoro por parte de los jueces penales en manifestarse de tal forma. Solicitan la renuncia o el alejamiento del gobernador a través de los medios y sin ninguna formulación desde el punto de vista formal”, dijo.
Cabe recordar que en una entrevista radial brindada por ambos jueces, Caviglia expresó: “Estoy total y absolutamente decepcionado del señor gobernador, a quien solicito con todo respeto, que dé un paso al costado (sic) porque ha demostrado que no es lo suficientemente idóneo o que no le permiten las circunstancias salir adelante de esta coyuntura tan terrible”.
Maglioni cuestionó a los jueces y destacó: “Yo soy de la escuela clásica del Derecho en la que los jueces deben hablar a través de las sentencias. En este sentido, los jueces deben hacer honor a su investidura y no degradarla en salir a hacer declaraciones públicas y políticas a través de los medios”.
Y aseguró que al leer las declaraciones de los magistrados “pensé que eran dirigentes políticos de la oposición o algún diputado, pero advertí que eran jueces del Poder Judicial de la provincia. Las manifestaciones políticas deben formularse a través de Poder Ejecutivo y los legisladores, pero nunca a través de los magistrados del Poder Judicial y menos hacerlo de forma ligera y pública a través de los medios. Podría aceptarlo si formulan una nota formal a la Legislatura y siguen esos pasos”
Por su parte desde el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, no hubo un pronunciamiento formal a la fecha. Su vicepresidente, Alejandro Panizzi estimó que si por los dichos de los dos jueces de Comodoro «llegara alguna denuncia al Superior, se le dará curso» y opinió que los jueces “no representan al Poder Judicial”.
En declaraciones a Radio Del Mar, Panizzi se refirió a los dichos de los magistrados que habían pedido públicamente que el mandatario provincial “dé un paso al costado” y consideraron que existe “un avasallamiento hacia las instituciones, hacia la independencia de los poderes en general y del Judicial en particular”, además de otras críticas y consideraciones sobre la actuación de Arcioni. Panizzi defendió que “estas declaraciones han sido a título personal de los jueces y no se han atribuido la representación del Poder Judicial ni del Fuero Penal, ni de la circunscripción de Comodoro Rivadavia. Es una protesta con firma de Caviglia y de Soñís; es decir claramente es a título personal”.
Agregó que “Esto que además de lacerar vulnera la división de poderes, da una cuenta clara de que estos jueces no están de acuerdo, ni son amigos, ni lo quieren mucho al gobernador. No creo que esté en juego aquí la independencia del Poder Judicial. Podrá cuestionárseles que los jueces no han hablado por sus sentencias, o se han extralimitado en sus opiniones, pero no que han puesto en vilo la independencia del Poder Judicial”, insistió Panizzi tratando de ‘despegar’ al STJ del embate de los dos penalistas contra la figura del Gobernador.
El hecho se suma a otras pujas que se vienen dando tal vez más sordamente entre el Judicial y el Ejecutivo, hasta llegar a estos emergentes de pérdida absoluta de la diplomacia y el decoro. No es un tema menor que no se puedan completar las vacantes del STJ por el desparramo político existente. Tampoco que se adeuden tres masas salariales. Aunque desde el Ejecutivo achacan que el Judicial ‘enganchó’ con cálculos nacionales, sueldos insostenibles por encima de los 250 mil y hasta 300 mil pesos.
En el mes de mayo pasado, Mariano Arcioni pretendió enviar a la Legislatura la tan solicitada por años, autonomía financiera del Poder Judicial.
Una pretensión judicial que además tiene sustento constitucional. El artículo 177 de la carta magna provincial faculta al Poder Judicial a disponer por Ley, un sistema de percepción de gravámenes, tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica y funcional.
Bien reglamentada, brindaría herramientas fundamentales para una sana administración, para concretar programas de trabajo, de obras, para establecer sistemas de remuneraciones coherentes. Es la forma de lograr que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, las máximas autoridades judiciales pusieron el ‘grito en el cielo’, argumentando que no era momento por las complicaciones salariales de trasladarles esa responsabilidad, y además que no conocían el proyecto que se intentaba presentar, lo que consideraban un ‘destrato’, temiéndose que podría tratarse de un excelente proyecto o un pésimo diagrama de atribución de recursos.
Lo cierto es que el proyecto ni siquiera se consideró en el Legislativo. A partir de allí, y ante esta negativa de autoadministración, el Ejecutivo afirma que va haciendo lo que puede, y el cuarto rango y fundamentalmente los más de 1300 referentes judiciales y legislativos considerados ‘vip’ (con sueldos superiores a los $340 mil), están teniendo que bancar las mayores demoras en los pagos de sueldos.
