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7 mayo, 2023

Estafas virtuales: 9 detenidos y 54 imputados en 8 provincias y la Ciudad de Buenos Aires

Intervinieron 15 fiscalías. Cómo operaban las bandas y qué tipos de maniobras realizaban.

Estafas virtuales: 9 detenidos y 54 imputados en 8 provincias y la Ciudad de Buenos Aires

Por lo menos cuatro organizaciones y varios “lobos solitarios” que se dedicaban a estafas virtuales fueron desarticuladas en un operativo que incluyó 70 allanamientos simultáneos en ocho provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Los operativos terminaron con 9 detenidos y 54 imputados. Los acusan de estafas, tenencia de armas y tenencia de drogas. Podrían quedar imputados por asociación ilícita.

Fueron responsables de las estafas por Internet más usuales de los últimos meses: la “suplantación” de páginas web de bancos, las maniobras de robo de dinero a través del “market place” de Facebook y mediante llamadas falsas de operadores bancarios que ofrecen servicios o beneficios truchos.

En los procedimientos incautaron más de 25 millones de pesos en dólares, billetes nacionales, euros, reales, pesos paraguayos y hasta billeteras de criptomonedas (hardware wallet).

Además, secuestraron los instrumentos para cometer los delitos: 137 teléfonos celulares, 20 tarjetas SIM, 34 notebooks, 6 PC, 7 pendrives, 19 discos externos, 1 posnet de Mercado Pago, 48 tarjetas de crédito y de débito. Y otros objetos para complementar la tarea ilícita: 2 armas y municiones, 250 gramos de marihuana, elementos de corte y de peso.

El expediente que terminó en el megaoperativo contra ciberdelincuentes comenzó hace ocho meses luego de que el Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) denunció una serie de maniobras de phishing e ingeniería social, que terminaron con fraudes bancarios para sus clientes. Ahí se abrió la investigación que comenzó a ramificarse hacia todo el país.

Uno de los damnificados fue un usuario de Necochea, a quien le robaron dinero de su cuenta del Provincia después de un “phishing”. Es decir, cayó en la red porque abrió una página falsa del banco y puso su clave y contraseña. Cuando pudo advertir que navegaba por un sitio ilegal, ya le habían vaciado la caja de ahorros. Casi medio millón de pesos.

La entidad crediticia y el damnificado hicieron la denuncia. Se unió este caso a otros parecidos. Otro episodio de falsificación de página web fue investigado por la fiscal Cecilia Corfield, de La Plata.

Allí surgieron puntos de contacto con otra investigación que tenía Rodolfo De Lucía, del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Así se identificaron y allanaron 8 domicilios, uno en CABA, uno en la provincia de Jujuy y seis en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.

“Para llegar a los sospechosos fue fundamental la colaboración de las diferentes áreas del Banco Provincia y la interacción técnica con el equipo de investigadores del Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General”, dijeron fuentes judiciales.

Había otras modalidades que usaban los ciberdelincuentes: contactaban a personas que vendían objetos a través de la plataforma Market Place de Facebook, se hacían pasar por posibles compradores alegaban haber enviado el dinero por la compra.

Como la víctima nunca recibía el dinero, los hacían ir hasta un cajero automático para generar un nuevo “token”, con el que luego tomaran control de su home banking.

A partir de ahí, tomaban o transferían el dinero. O sacaban créditos unipersonales y retiraban el efectivo de cajeros.

Otra de las prácticas que se extendieron: la llamada telefónica hacía una víctima, en la que se hacía pasar por empleado del banco que le advertía sobre una presunta actividad sospechosa en su cuenta o la necesidad de acreditarle un premio o dinero en efectivo.

Con esta maniobra, lograban que la víctima generara un nuevo token de acceso a la banca electrónica. Y otra vez tenía vía libre para sacar la plata.

La doble vía

Según explicaron desde la Procuración de la Suprema Corte bonaerense, el rasgo distintivo fue “la doble vía de investigación”.

Por una parte, se persiguió a los ciberdelincuentes que creaban páginas falsas, armadas en pocas horas y dadas de baja en forma automática. Esto permitía que un “bot” recolectara la información que las víctimas brindaban engañadas y la enviaba a una cuenta del servicio de mensajería de Telegram para, desde allí, comercializarla en diferentes grupos.

Con esa información, investigadores hicieron un seguimiento de la ruta del dinero, que permitió llegar a los objetivos allanados en este operativo.

Los procedimientos se hicieron en San Pedro, Bahía Blanca, Florencio Varela, Del Viso, Dock Sud, Avellaneda, Ituzaingó, La Plata, Moreno, Olivos, Vicente López, Pehuajó, San Martín, San Vicente, Santa Teresita, Villa Luzuriaga, Tolosa, Barrios Los Boulevares, Muller, Cosquín, Río Tercero, Cruz del Eje, Córdoba Capital, Pocitos (San Juan), Bermejo (Chaco), CABA, Cañada de Gómez (Santa Fe), Cerrillos (Salta) y José Díaz (Mendoza).

Intervinieron 15 fiscales provinciales. Desde este viernes, se realizan las indagatorias de los imputados y se revisan las pruebas para establecer las acusaciones.

“La clave para tener éxito en estas investigaciones es que la victima denuncie rápido. Y que guarde todos los elementos virtuales que se usaron en las maniobras”, dijo a Clarín uno de los expertos que trabajó en el operativo.

Los roles de los imputados estaban bien marcados. No todos los involucrados pertenecen a una misma banda. Se estima que actuaban coordinados por lo menos cuatro. Y que otros operaban de manera “autónoma”. Estos últimos vendían sus servicios a cualquier interesado. Los contrataban para diseñar las páginas truchas, para ingresar a servidores (que casi todos son extranjeros), para registrar los datos de las víctimas o para concretar las transacciones con los damnificados.

El camino principal para llegar a los delincuentes fue seguir “la ruta del dinero”. Según explicaron en la Procuración de la Provincia, esa es la clave y el punto débil de estas asociaciones ilícitas.

“En algún momento queda una huella marcada. Es cuestión de revisar hasta encontrarlo”, dijeron en el departamento de Ciberdelitos del Ministerio Público.

 

*EMJ/EC