3 agosto, 2023
La justicia salteña pidió elevar a juicio el caso, tras acreditar 118 estafas y asociación ilícita.
Ana Inés Salinas Odorisio, fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta), pidió la elevación a juicio del caso por el que está detenido Nelson Leonardo Cositorto, por considerarlo autor de «118 hechos de estafas reiteradas en concurso real con asociación ilícita en calidad de jefe u organizador».
Y también a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de Los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, a quienes consideró autores de la misma cantidad de hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real.
Según el trabajo de los investigadores, los roles estaban asignados de la siguiente manera:
Leonardo Cositorto: era el Director Ejecutivo de “Generación ZOE”, quien firmaba los contratos con inversionistas y se encargaba de recolectar el dinero que entraba via trasferencias a sus diferentes cuentas bancarias.
* Ricardo Gabriel Vilardel: Era el director y representante de Zoe en Salta. Quien se encargaba de atender a los inversionistas, recibía el dinero de manera personal y firmaba los recibos.
* Ana Vilardel: Era la secretaria de la sede local de Zoe. Recibió en su cuenta bancaria parte del capital que invertían los damnificados
* Jorge Federico Vilardel: Era el encargado de la atención al público. Recibía el dinero en efectivo como así también por transferencias a su cuenta.
* Griselda Albornoz: Junto a los hermanos Vilardel realizaba diferentes reuniones y conferencias para captar a las víctimas. Se encargaba de difundir la financiera por diferentes medios.
La investigación de la fiscal Salinas Odorisio estimó que la suma total del perjuicio ocasionado asciende en Salta a 5.682.500 pesos y 574.120 dólares. El modus operandi de la empresa consistía en rubricar contratos de fideicomiso (llamados «membresía educativa»), cuyo importe oscilaba entre los 500 y 1.000 dólares.
Generación Zoe les prometía un retorno de entre el 7,5% y el 10% mensual y el 120% anual. Al día siguiente de abonar la «membresía», al usuario le figuraba en su perfil on line, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa.
Pero el contrato rubricado tenía una duración de tres años, y si el aportante decidía retirar en forma anticipada el dinero, se le cobraba una multa del 50% del capital invertido, no admitiendo ningún retiro antes del plazo de un año. Una estafa piramidal que se maquillaba con supuestas inversiones en criptomonedas ficticias.
*RN/EP/ by R.N.