El texto detalló que el memorando del Procurador General “requiere que las revisiones incluyan consultas con una amplia gama de partes interesadas, incluidos los componentes relevantes del departamento, otras agencias federales y estatales, expertos médicos y abogados con experiencia en capital, entre otros», según la agencia Sputnik.
Según la cadena NBC News, Garland advierte acerca de las “preocupaciones sobre una posible arbitrariedad al momento de decidir condenar a un convicto con la pena capital, en especial sobre cómo afecta a las personas de minorías raciales”.
«El Departamento de Justicia debe garantizar que todos en el sistema de justicia penal federal no solo gocen de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también sean tratados de manera justa y humana», afirmó el funcionario.
Las disputas judiciales por el memorando tradicional de tres drogas para la aplicación de inyecciones letales y la escasez de una de esas drogas detuvieron las ejecuciones federales durante casi dos décadas.
En 2019, el entonces fiscal general William Barr ordenó a los funcionarios de prisiones federales que llevaran a cabo las inyecciones federales con pentobarbital, un poderoso sedante que ralentiza el sistema nervioso hasta provocar la muerte.
Trece condenados murieron con ese método entre julio de 2020 y enero de 2021, después de que el Departamento de Justicia de la administración del expresidente Donald Trump terminara con una pausa de 17 años.
En el memorando de este jueves, Garland ordenó también una revisión del protocolo y anunció que se revisará la regulación enviada por la administración Trump que permitía a las prisiones federales hacer ejecuciones bajo cualquier método habilitado en el estado en el que se situaran.
El presidente Joe Biden dijo que se opone a la pena de muerte y su equipo prometió que tomaría medidas para detener su uso mientras esté en el cargo.
