2 junio, 2024
Un abogado pidió ahora que se investigue una “asociación ilícita” que involucra a funcionarios de la cartera dirigida por Sandra Pettovello.
El ministerio de Capital Humano sigue sumando denuncias. Un abogado pidió ahora que se investigue una “asociación ilícita”.
Las causas judiciales que involucran a funcionarios del ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello siguen sumando hojas y presentaciones.
Durante el fin de semana no hubo descanso y dos juzgados dispusieron órdenes de presentación con allanamiento en subsidio para inspeccionar los galpones donde hay 6 mil toneladas de alimentos sin entregar. Uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo en Tucumán.
La justicia tiene abiertas investigaciones en distintos juzgados por la falta de entrega de esos alimentos guardados en los galpones, y otra por distintas irregularidades promovida por la propia cartera ante la Oficina Anticorrupción ante las revelaciones sobre un convenio se había hecho con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Ahora se conoció otra denuncia penal interpuesta por el abogado Leonardo Martínez Herrero por supuesta “malversación de caudales públicos, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita atento la cantidad de personas involucradas”.
La denuncia apuntó a Pablo de la Torre, Federico Fernández, Esteban Bosch, Héctor Calvente, Fernando De La Cruz Molina Pico, Gonzalo Avetrani, Santiago Anziano, Maria Luisa Irigoyen, Nicole Tatschke, “y/o cualquier otra persona que pudiera surgir de esta pesquisa”, según la presentación.
El abogado efectuó la presentación, que se sorteará mañana, tras haber tomado conocimiento de pudiera existir una presunta comisión de delitos en la órbita del Ministerio de Capital Humano, precisamente en la Secretaria de la Niñez.
Se refirió al mecanismo sobre las formas en las que funcionarios de la referida cartera distribuyen fondos destinados al pago de contratos para “profesionales” a través de convenios con reconocidos organismos internacionales.
“Una planilla de excel donde figuran pagos a un listado de «contratados» que -de acuerdo a lo que explican quienes conocen los mecanismos- facturan a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con fondos públicos, para cumplir tareas en el marco de un convenio entre la administración pública nacional y el organismo, pone en evidencia el poco transparente mecanismo de distribución de esos recursos”, advirtió el abogado.
La maniobra incluiría la contratación de presuntos profesionales sin relación con las áreas de competencia de la cartera social; una retención de entre 10 y 12 por ciento de los montos percibidos cuyo significado y destino se desconocen; y una «bolsa neta» y una «cajita», con pesos que se convierten en dólares.
En la denuncia se remarca que existiría una planilla de Excel donde, según indica el periodista Mauro Federico, en la que habría una lista de profesionales que son contratados por la OEI para brindar servicios profesionales en proyectos de la cartera que dirige Sandra Pettovello.
Se trata de una lista donde se determinan los honorarios que facturan esas personas para cobrar sus sueldos, a través de un mecanismo de contabilidad muy poco usual para la administración pública, según remarca la denuncia.
Según pudo constatar el portal Data Clave citado en la denuncia, “ninguna de estas personas figura en las bases de datos oficiales del ministerio, ni frecuentan las instalaciones de la dependencia oficial. Y lo que es más extraño aún: al ser consultados los funcionarios del área de comunicación, directamente aseguraron “no tener idea de la existencia, ni conocer a ninguno de los integrantes de la lista”.
Todos ellos facturarían montos mensuales que oscilan entre 600.000 y 1.400.000 pesos y ese registro consta en el citado cuadro, guardado en un archivo denominado “Plan 120 (FF)”, supuestamente según establecen las notas se trataría de Federico Fernández, ex director de Niñez.
El listado al que accedió el medio Data Clave incluye a 18 contratados, que anualmente representan aproximadamente unos 250 millones de pesos. Ese mecanismo dejaría una recaudación espuria de u$s 120.000 (Dolares Estadounidenses Ciento Veinte Mil) al año.
Producto de las irregularidades la ministra de Capital Humano desplazó de su cargo al secretario de Adolescencia, Niñez y Familia, del Ministerio de Capital Humano, Pablo De la Torre y a varios funcionarios de su equipo y motivó una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que se investiguen esas irregularidades.
El letrado pidió que se libre oficio a la Oficina Anticorrupción para que acompañe copia de la denuncia y del expediente promovido por Pettovello.
La cartera de Capital Humano no cumplió con una medida que ordenó el juez federal Sebastián Casanello que había intimado a Pettovello a presentar a la justicia un plan de distribución de los alimentos guardados en el depósito de Villa Martelli. Esa desobediencia fue puesta en conocimiento de la Cámara Federal.
El miércoles se llevará adelante una audiencia ante la Sala II de la Cámara, ya que el ministerio apeló la decisión de Casanello.
Mientras tanto, el juez dispuso «una orden de presentación con allanamiento en subsidio» que se realizó este sábado. La inspección se efectuó porque se detectaron incongruencias entre datos informados al magistrado en esa causa originada en la denuncia de Juan Grabois y los que surgen de otro expediente del fuero contencioso administrativo.
Según se constató, en el depósito de Tafí Viejo hay unos 2,2 millones de kilos de alimentos. En esa provincia tramita una causa impulsada por organizaciones que están inscriptas en el Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM).
El juez José Manuel Díaz Velez también ordenó un relevamiento en ese lugar, que realizó Gendarmería. No hay productos vencidos, pero cerca de 2 millones están en condiciones de ser distribuidos.
*AF/ by Vanesa Petrillo
