11 julio, 2025
La Justicia detectó presuntas irregularidades y ordenó seguir cuatro líneas para investigar el hecho. Los antecedentes de Antonini Wilson durante el kirchnerismo y Amira Yoma en el menemismo.
Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez investigan a Laura Belén Arrieta, José Luis Bresciano, Juan Pablo Pinto y Víctor Germán Du Plooy, empleados de la empresa OCP TECH, por infracción al Código Aduanero. El avión en el que llegaron a Buenos Aires el 26 de febrero, matrícula PRVN18RU, permaneció en el Aeropuerto Jorge Newbery ocho días, hasta el 5 de marzo, y ese día voló a París aunque en la planilla en el registro de Migraciones se consignó que tenía como destino Estados Unidos.
La investigación la inició la Dirección General de Aduanas, que instruyó un sumario “en virtud de presuntas irregularidades en el ingreso de equipaje” vinculado a ese vuelo. La Justicia en lo Penal Económico investiga la posible comisión de delitos y en paralelo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) busca determinar la eventual responsabilidad disciplinaria y/o penal de funcionarios públicos.
El dictamen de los fiscales, que habla de «inconsistencias significativas”, marca una serie de incongruencias, entre ellas que el avión despegó de la Argentina el 5 de marzo a las 20:30 hacia el aeropuerto de París–Le Bourget, realizando una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur en las Islas Canarias. Sin embargo, el registro oficial de Migraciones indica que dos tripulantes y dos pasajeros partieron ese 5 de marzo con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale Estados Unidos.
Todos los pasajeros del vuelo trabajan en OCP TECH: Bresciano y Pinto son pilotos de aeronave, Arrieta es Gerente de Operaciones Corporativas y Du Plooy -el cuarto pasajero, que solo estuvo en el vuelo de regreso- cumple funciones como Gerente de Negocios Corporativos.
Uno de los primeros “aspectos inusuales” que detectaron los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que declararon ante la fiscalía fue que “el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos”.
El agente vio que en la zona donde había aterrizado el avión había personal de Aduana “conversando y señalando los equipajes ubicados en la bodega”. Ese 26 de febrero vio a Arrieta descender del avión con un teléfono celular en la mano (no pudo precisar si era propio o ajeno) que fue entregado a una agente de Aduana, quien realizó un gesto de “okey”, tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales.
Según el dictamen de los fiscales y en base a las imágenes de las cámaras, el avión aterrizó a las 8:12 del 26 de febrero. Los funcionarios judiciales también advierten que “luego de ese momento, el enfoque se desplaza y no vuelve a captarse el sector de la aeronave hasta las 08:29”.
Sobre el “acceso exclusivo” del grupo que describieron los fiscales en su dictamen, al que accedió Perfil, una de las imágenes del aeroparque muestra, a las 8:56, que una de las personas que estaba hablando con la agente aduanera “abre de manera exclusiva uno de los carriles para permitir el ingreso del grupo vinculado al vuelo privado (tripulantes, pasajera y personal de Royal Class)”, mientras se llegaban otros pasajeros al hall.
El dictamen de los fiscales subraya que las declaraciones testimoniales de los pilotos revelaron la existencia de dos valijas que “permanecieron dentro de la aeronave en calidad de equipaje en tránsito”. Uno de los pilotos dijo que pertenecían al pasajero que estuvo en el vuelo de regreso, Víctor Germán Du Plooy .
En el dictamen, Navas Rial y Rodríguez advierten que “durante las etapas de arribo, permanencia y partida de la aeronave, tripulación y pasajeros, no se observaron instancias de fiscalización exhaustiva ni registros documentales que acrediten inspecciones presenciales en áreas críticas”.
“En particular, se advierte que determinados espacios, como el acceso a hangares privados por parte de personas vinculadas a la operación de la aeronave, carecen de controles presenciales y registros verificables por parte de las autoridades competentes, constituyendo un potencial punto ciego que requiere especial atención”, puntualizan.
Entre las medidas de investigación a realizar, los fiscales sugieren:
En agosto de 2007 el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson llegó al país en un avión privado con 790.550 dólares en efectivo. En el vuelo viajaban Claudio Uberti, por entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Victoria Carolina Bereziuk (secretaria privada del ex titular del OCCOVI que fue sobreseída), Exequiel Omar Espinosa (por entonces presidente de ENARSA) y los ciudadanos venezolanos Daniel David Uzcátegui Spetch, Ruth Behrends Ramírez, Nelly Cardozo Sánchez y Wilfredo Ávila Drie, vinculados a la petrolera venezolana PDVSA.
En el caso Antonini, en 2018 la Justicia resolvió el procesamiento del exministro de Planificación, Julio De Vido, el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray y de Uberti por “tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos, tanto nacionales en ejercicio o en ocasión de sus funciones” y les fijó embargos de hasta 50 millones de pesos. En ese momento también fueron imputados los agentes de Aduana Mario Ayerán, Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Gallini y Jorge Félix Lamastra.
La causa de Antonini Wilson también estuvo a cargo del juez Pablo Yadarola, que ahora instruye la causa contra Arrieta y los pilotos. A mediados de 2018 el juez había dispuesto la prescripción de la causa por el paso del tiempo. Pero en agosto de ese año la Cámara en lo Penal Económico la reactivó, argumentando que no podía prescribir una causa que involucre funcionarios públicos en función y remarcó que se había sumado nueva prueba.
A principios de 1991 Amira Yoma, en ese entonces secretaria de Audiencias de la Casa Rosada, fue acusada de integrar una banda internacional de lavado de dólares del narcotráfico que operaba en Europa, África y América Latina. La causa se inició por la declaración del presunto contador de la banda, Andrés Cruz Iglesias, que declaró que las valijas Samsonite eran ingresadas a la Argentina por el aeropuerto de Buenos Aires -Ezeiza- a través de Ibrahim al Ibrahim, esposo de Yoma y señalado por Cruz Iglesias como “jefe de aduanas del aeropuerto”.
Si bien Amira Yoma fue imputada por la Justicia en primera instancia con prisión preventiva, la Sala I de la Cámara Federal que integraban María Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani dio vuelta esa sentencia y la sobreseyó en 1993. El menemismo había cambiado la composición de la Cámara ese año. El único detenido por el caso fue Mario Caserta, vicepresidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento.
*PC/by Barbara Komarovsky
