2 septiembre, 2021
El Gobierno les autorizó a las empresas un incremento del 9% luego de más de dos años con tarifas congeladas; con ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos, requieren de ayuda estatal
Desde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentó sin suerte echar a su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, que el sector energético se convirtió en un tema tabú en el Gobierno. Ni siquiera pudo avanzar en un proyecto de ley que consideran estratégico, como es el de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas para incentivar la producción de gas y petróleo, pese a que hace 14 días se informó que habían finalizado el diseño de la norma y que solo falta la presentación oficial del Presidente.
Cuando faltan menos de 15 días para conocer el proyecto de Presupuesto para el año próximo, la atención se empieza a centrar en las tarifas de gas y electricidad y el monto que el ministro le asignará al gasto en subsidios.
Para este año, Guzmán había proyectado mantener constantes los subsidios en 1,7% del PBI respecto de 2020, pero los analistas en energía consideran que finalizarán más cerca al 2% del producto.
Un tema que se desprende de este gasto es la situación de Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras que son reguladas por el Estado Nacional (el resto de las compañías están a cargo de las provincias). Esta diferencia no menor significa que la Secretaría de Energía, a través de ENRE, decide los aumentos de precios. Esto explica por qué en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde tienen concesión Edenor y Edesur, los incrementos de tarifas fueron tan solo del 9%, mientras que en el interior hubo aumentos de hasta 35%.
En las tarifas de gas no sucede esta distorsión, ya que todas las distribuidoras dependen del Estado Nacional y son reguladas por el Enargas. Solo reciben menos tarifa las localidades alcanzadas por los subsidios de Zonas Frías, que recientemente el Congreso amplió. Por eso en todo el país hubo un aumento igual del 6%.
La particular situación de Edenor y Edesur, sin embargo, abrió otro problema en el Gobierno. El año pasado, el Ministerio de Economía había incorporado en el Presupuesto la posibilidad de que las distribuidoras de electricidad regularicen su deuda con Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica.
Cammesa le envía a las distribuidoras el costo de generación eléctrica con un subsidio de alrededor del 65%. Cada empresa debería trasladarle ese precio a los usuarios y enviarle a Cammesa lo que recauda. Sin embargo, la mayoría de las distribuidoras retienen parte de ese pago y lo utiliza para financiarse, por lo cual el subsidio que debe cubrir el Tesoro es aún mayor.
Edenor y Edesur, al tener menos aumentos de tarifas que el resto de las distribuidas, son las que más se financian con Cammesa. De hecho, en los últimos meses Edenor pagó un 80% de la factura de Cammesa, mientras que Edesur, un 60%. Así se acumularon deudas con la compañía por alrededor de $31.000 millones y $33.000 millones, respectivamente.
Para llevar adelante la moratoria que implementó el Gobierno se diseñó una negociación tripartita entre la Secretaría de Energía, los gobiernos provinciales y las distribuidoras, ya que las empresas se deben comprometer no solo a pagar sus deudas, sino a no retrasarse más con los compromisos con Cammesa. Para ello, era necesario también que las provincias garantizaran que darán los aumentos necesarios de tarifas.
En el caso de Edenor y Edesur, se suponía que la negociación sería más fácil, ya que la Secretaría de Energía solo debía negociar con las empresas. El problema surge porque el Gobierno no puede comprometerse a subir tarifas. Por eso, pese a que estas dos distribuidoras concentran la mayor parte de la deuda que quiere cobrar Cammesa, todavía no se avanzó con la regularización.
Una alternativa que surgió es que se establezca una cuenta en propiedad de estas distribuidoras para pagarle a Cammesa, y que se nutra con lo que se recauda de tarifas más los aportes del Tesoro. De esta forma, Cammesa tendría su cobrabilidad al 100% y se emprolijaría la situación, pero no cambiaría el problema de fondo: el Ministerio de Economía seguiría aportando un subsidio mayor para los usuarios del AMBA.
De cara al año próximo, en el Ministerio de Economía avanza la idea de ir a una segmentación de tarifas. La propuesta más certera al momento es dividir a los usuarios en tres grupos: en uno estaría el 15% de usuarios con mayor poder adquisitivo, en otro el 35% con ingresos medios y finalmente se concentraría el segmento con el 50% de los usuarios con ingresos más bajos.
Para el primer grupo, los aumentos de tarifas serían por arriba de la inflación; para el segundo, tendrían actualizaciones en línea con el índice de precios, y para el tercer segmento, los incrementos serían muy por debajo y subirían los subsidios. Para realizar esta segmentación, el Gobierno pidió los datos de la Anses, AFIP y de los bancos.
