11 septiembre, 2023
En el último año, el Gobierno pasó a planta permanente a 15.500 empleados estatales, pese al decreto que había cerrado las contrataciones en julio del 2022.
Este pase a planta permanente, en el que hay varios militantes del kirchnerismo, se da en un contexto del Gobierno con posibilidades reales de perder las elecciones presidenciales.
Las excusas buscadas por el oficialismo para efectivizar estos puestos son la creación de nuevos organismos.
La prohibición para las contrataciones la había decidido Silvina Batakis, quien estuvo al frente del Ministerio de Economía antes que Massa, y la medida iba a durar desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023. Incluso apareció en el Boletín Oficial 426/2022 y tenía como objetivo generar una reducción en el gasto público, aunque habían excepciones razonables como la de suplir puestos esenciales.
Irónicamente, el caso de Batakis fue la primera “excepción”, ya que tras su corto paso por el Ministerio de Economía, Alberto Fernández decidió nombrarla como directora del Banco Nación, siendo la prerrogativa inmediata a su propia ley.
Ya con la llegada de Massa al Palacio de Hacienda, la medida de Batakis pareció quedar totalmente de lado y comenzaron a efectivizarse puestos como si nada. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió a principios de noviembre de 2022, cuando a través de la decisión administrativa 1086/2022, se “autorizaba el pase a planta permanente de 11.172 empleados públicos”.
Actualmente, según la información suministrada por el Indec hay unos 229.685 personas que trabajan en la Administración Pública Nacional, en «Otros entes» unas 15.590; mientras que «Empresas y sociedades», otros 93.687 trabajadores, lo que suma. Con lo que se concluye que los empleados públicos nacionales suman un total de casi 339.000 personas, un número importante si se considera que la población económica activa es de 1.671.500 personas.
Según un reciente ranking de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Argentina se ubica séptima porcentaje de empleados públicos frente a trabajadores privados, con 20 empleos públicos nacionales (en este caso el cálculo excluye los empleos provinciales y municipales) por cada 100 totales, solo por detrás de 4 países escandinavos (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia) y 2 de altos ingresos, Francia e Islandia.
La cifra para la Argentina supera levemente los 18 empleados públicos por cada 100 ocupados que promedia la OCDE, está muy por encima de EEUU (15), México (13), Chile (12), Alemania (11), es dos veces y media la de Corea del Sur (8) y triplica la de Japón (6 empleos públicos cada 100 totales).
Si el oficialismo gana las elecciones en octubre, deberá repensar seriamente en el peso del empleo público en el déficit que sigue incrementando. De hecho, el FMI ya pidió una reducción del 11% del gasto público, que se bajen un 5% los salarios de los empleados públicos y contener expresamente los aumentos de las jubilaciones. Temas que por supuesto, por ahora el oficialismo no puede abordar de acá a octubre.
*NA/CHL
