26 junio, 2020
POR IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL, A PARTIR DE LA LEY MICAELA
De acuerdo al informe anual 2019 que envío el Superior Tribunal de Justicia a la Legislatura de Chubut -con demora por cuestiones de cuarentena y falta de sesiones-, a la fecha constan en la Base de Datos de la Justicia en territorio provincial, unos 297 ADN de personas vinculadas a ataques contra la integridad sexual.
Asimismo, se precisó que durante 2019 se solicitaron desde el Ministerio Público Fiscal los cotejos a fin de determinar posibles autorías en causas en donde se investigan delitos de esta naturaleza, tanto en casos recientes como en casos sin esclarecer.
El agresor sexual se considera como un delincuente con alto riesgo de reincidencia y pocas probabilidades de cambio. Y aunque la psicología refuta en gran medido esta hipótesis, la idea ha conducido en algunos países a la creación de leyes extremadamente severas que imponen medidas posteriores a la condena de enorme dureza, como la prohibición de residencia en un determinado lugar, la obligación de registrarse en listados públicos de agresores sexuales o de notificar en el nuevo vecindario la condición de delincuente sexual.
El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual empezó a gestarse a nivel nacional en el dolor de Isabel Yaconis, la mamá de Lucila, asesinada en Nuñez una tarde de abril de 2003.
En 2011 el proyecto para su creación tuvo media sanción de diputados, pero fue recién en 2013, tras el crimen de Ángeles Rawson (16), que se convirtió en ley. La reglamentación llegaría otros cuatro años después, cuando otro abusador mató a Micaela García (21) en Gualeguay.
Ahora -a siete años de sanción de la ley – ya comienza a naturalizarse la toma de muestras en penales federales para que el ADN de personas condenadas por delitos sexuales figure en una base de datos y contribuya a resolver casos de todo el país.
Promulgada el 10 de enero de 2019, a un año y medio de su vigencia, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional se capacitaron en los términos de esta ley, a la que adhirieron todas las provincias y aproximadamente 500 municipios.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, hay más de 23 mil condenados cuyo ADN es factibles de ser incorporado a este registro. Para hacerlo deben ser sometidos a un hisopado que se analiza en laboratorios certificados y que, tras orden de los juzgados y por voluntad de jueces y fiscales, debe ser incorporado a esta base de datos.
El objetivo de la creación del banco de datos, informalmente llamado «registro de violadores», es centralizar la información genética de personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual establecidos en los artículos 119 y 120 del código penal.
La base más grande de criminales se encuentra en Gran Bretaña y contiene 38 millones de datos de violadores y asesinos. En Estados Unidos, el registro de violadores existe desde 1996 y fue creado luego del asesinato de Megan Kanka, una nena de 6 años. Y desde 2003, los datos además, son públicos.
En los últimos 10 años los delitos de índole sexual aumentaron un 100% en Argentina, no porque los abusadores o violadores se hallan multiplicado, sino porque las mujeres y jóvenes –las principales víctimas- se animaron a denunciar, en parte por la amplia difusión que tiene el tema, y sobre todo por la variedad de herramientas que se pusieron a disposición de las y los violentados por parte del estado nacionales y los provinciales y municipales, un hecho que parecía utópico hace 20 o 30 años atrás.
