24 marzo, 2022
La ‘guerra’ por los precios ya está ocasionando heridos. Por un lado desde el sector privado hay comercios que comenzaron a aumentar valores por las dudas, en contra de las disposciones oficiales. Mientras que garndes cadenas reducen el stock de productos en góndola y sin llegar a haber desabastecimiento, circunscriben las compras a determinados productos mediante faltantes. Ante esto el gobierno amaga con aplicar la Ley, hecho que por supuesto tendría su contraataque desde el sector privado.
Para el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no sería ninguna novedad que, en caso de aplicar la Ley de Abastecimiento en contra de algunas empresas de alimentos, reciba como respuesta una demanda judicial y un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la norma.
Así lo confirmó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Coordinadora de empresas Productoras de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja. “Nos dicen que van a apelar a la ley de Abastecimiento. Nosotros consideramos que esa ley es cuestionable constitucionalmente. Si emplean la ley nosotros le dijimos que la cuestionaremos judicialmente”, dijo Funes de Rioja.
Ese fue uno de los temas conversados en la última reunión que tuvieron las alimenticias con Kulfas, en la que el funcionario pidió que retrotraigan los precios a los niveles que tenían el 10 de marzo. El ministro de Desarrollo Productivo afirmó el fin de semana pasado en medios radiales que existen algunos casos de algunos rubros de alimentos que han presentado un incremento de precios no razonable, en función de los aumentos de costos que se vienen registrando al inicio de marzo. Aseguró que no dudará en aplicar las herramientas legales con las que cuenta el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la baja de los precios.
La mencionada norma fue sancionada en 25 de junio de 1974, años en los que la Argentina comenzaba a mostrar síntomas serios de una crisis de modelo de sustitución de importaciones, lo cual se manifestaba en constantes subas de precios y faltantes de productos.
Tiene una particularidad. Por un decreto de 2020, se excluyeron a las pequeñas y medianas empresas del alcance de la ley, salvo que tengan una posición dominante en el mercado. Es decir, se aplica sólo a grandes empresas. El Artículo 2 le confiere al gobierno el poder de hacer prácticamente cualquier cosa con una empresa, desde marcarle márgenes de utilidad hasta obligarla a producir un bien determinado a pérdida.
Respecto de la queja de Kulfas sobre incrementos de precios que no le parecen razonables, Funes de Rioja dijo que “la industria informa que ha cumplido”. “Las empresas producen precios de salida de fábrica. Esa información la tienen. Hay múltiples sistemas de información de precio”, señaló el titular de la UIA y de la Copal, quien dijo que esa carga burocrática resulta un enorme peso para las empresas chicas. Funes de Rioja admite que “puede haber casos puntuales” en el que alguna empresa haya incurrido en faltantes.
“Hay 14.500 pymes alimenticias y entre 250.000 y 300.000 puntos de ventas en el país, es decir que todo es transparente”, indicó
La relación entre el gobierno y las empresas volvió a tensionarse en la última semana, luego de que se conocieran el dato de inflación de febrero (4,7%), con la expectativa de que en marzo llegue al 5%. Al momento de asumir al frente de la UIA, el año pasado, Funes de Rioja fue objeto de un duro hostigamiento del presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, pero el vínculo con las autoridades económicas se fue recomponiendo. Hubo numerosas visitas de Kulfas a la UIA en el último año.
El titular de la Copal consideró que “hay que atacar las causas internas de la incertidumbre” porque las externas como la Guerra o el Covid no pueden estar en el control del Gobierno.
El martes último, la entidad fabril recibió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien planteó un escenario delicado para este año en materia económica. Según indicó el empresario, el mandatario dijo que “la guerra y las consecuencias de la misma están generando un nuevo escenario” y que “es posible que estemos ante una crisis alimentaria global”.
Funes de Rioja no descarta una cuarta ola de covid 19 y por ello consideró necesario mantener las medidas de cuidado personal. Por otro lado, señaló: “No sabemos si, una vez terminado el conflicto bélico en Ucrania, las crisis continuará”.
El otro problema que tendrá que enfrentar el sector productivo será la escasez de gas en invierno. “Pedimos al gobierno una mesa de energía para ver de qué manera podemos prepararnos para un eventual racionamiento. Lo vemos como un escenario casi inevitable”, indicó el industrial.
El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU) informó que en enero la actividad fabril registró una caída mensual de 7,6% con respecto a diciembre, revirtiendo la suba registrada en los meses anteriores. En la comparación interanual marcó una suba de +0,2%, y desaceleró el incremento respecto de los meses anteriores.
«Este desempeño estuvo vinculado con la tercera ola de covid-19, que elevó los niveles de ausentismo desde fines de 2021 e impactó plenamente en enero de 2022», señaló el CEU. La entidad estimó que el ausentismo en las empresas llegó a entre el 10% y el 15% en promedio con picos del 20%.
*AF/vy C. Lamiral
