El documento establece en su articulado una serie de medidas y acciones tendientes a intentar revertir y mitigar el actual escenario de reducción del agua dulce en los diferentes cuerpos de la Provincia.
En primer término se autoriza a crear un Comité de Emergencia que deberá estar integrado por los Municipios de las cuencas, por los productores, por diputados y un representante del Gobierno.
En tanto, se establecer que “todo uso de agua, ya sea por reparticiones públicas, privadas, empresas, cooperativas, municipios, comités de riego, consorcios de usuarios, etc., queda supeditado al control, regulación y aprobación” de las autoridades.
También se faculta al Instituto Provincia del Agua (IPA) y el Ministerio de Infraestructura a desarrollar y ejecutar “todas las acciones urgentes e inmediatas necesarias para afrontar la emergencia, así como realizar todas las tramitaciones necesarias para contratar servicios y obras”.
En tanto, se crea un fondo especial de 500 millones de pesos a distribuir entre ambas áreas para avanzar en este sentido.
La Emergencia también establece que el IPA deberá instalar en cuatro meses un sistema de compuertas y aforos para regular y monitorear los caudales de los diferentes cursos de agua, mientras que se ordena emitir información diaria y ponerla a disposición de la comunidad.
En tanto, se triplican las multas para quien “puenteen” estos sistemas e incumplan con lo establecido en la Ley.
También se establece la necesidad de trabajar con las diferentes entidades y firmas, así como con el sistema educativo, para avanzar en campañas de concientización y uso racional del recurso.
