16 mayo, 2023
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó la sentencia a la que arribaron jueces en otras dos instancias inferiores en contra de imputados en la causa de penal denominada “emergencia climática” relacionada con delitos en los que incurrieron ex funcionarios públicos y proveedores del Estado durante la tormenta de lluvia que durante varias semanas afectó la zona de Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año 2017.
Este martes confirmaron las sentencias condenatorias para Diego Luters, Gisela Vanina Barale, Marcelo Fabián Suárez, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao y Leticia Bibiana Huichaqueo, así como las adhesiones formuladas por las defensas de Diego Miguel Correa, Franco Finiguerra y César René Buques, en el marco de defraudacióna a la administración pública en medio del tremendo temporal que azotó Comodoro Rivadavia en 2017.
Para el grueso de la sociedad no se entienden aquellas estafas perpetradas y ahora condenadas en ese terrible escenario sino es en el marco del efecto que provoca la codicia extrema. Única explicación posible para analizar porqué los funcionarios no cuidaron las formas, garantizaron la transparencia de los procesos y reconocieran los límites que les da el cargo y el poder en tal extrema situación. Mientras que para los privados ‘exitosos’ que fueron inculpados cabe casi la misma reflexión, que no viene en el manual del buen capitalista, pero sí en la de la gente de bien sobre qué se entiende por «ganancias» y cómo se miden los costos.
Recordando el contexto de lo que fue la emergencia climática en Comodoro Rivadavia en 2017 – (Archivo TV Pública)
La compleja investigación estuvo a cargo de los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, que conduce el Fiscal General Omar Rodríguez, acompañado por el fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, y profesionales del equipo técnico multidisciplinario de la Procuración General. En ella se pudo imputar tanto a funcionarios como a empresarios que lucraron con el desdichado suceso meteorológico que destruyó parte de la ciudad petrolera.
Nueve condenados- La mayoría de las condenas son excarcelables aunqueda el lapidario precedente y la condena social, que en el caso de los funcionarios prevé para algunos inhabilitación, y para los privados debería condicionar a nuevas contrataciones con el estado, por lo menos.
La Fiscalía logro probar la hipótesis fiscal, en primera instancia, que luego fue ratificada por la Cámara Penal, y ahora por el Superior Tribunal de Justicia.
Este tipo de delitos contra la Administración Pública, en particular, son delitos complejos y muy difíciles de probar, requieren de un minucioso trabajo que permita demostrar con pruebas la maquinaria que se utilizó para cometer el fraude.
En este marco procesal, los jueces Ricardo Napolitani, Camila Banfi y Esteban Baez, confirmaron de esta manera la sentencia a la que habían arribado los miembros de la Cámara Penal de Trelew.
Los defensores de los 9 imputados habían realizado una impugnación extraordinaria contra la sentencia de la Cámara Penal de Trelew, pero el fiscal Alejandro Franco se opuso a la impugnación y pidió que se ratifique la sentencia de la Cámara Penal de Trelew.
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RATIFICÓ LA HIPÓTESIS FISCAL. Confirman sentencia contra imputados en la causa de la “emergencia climática” https://t.co/nAqfrXxSFV
— Ministerio Público Fiscal del Chubut (@MpfRawson) May 16, 2023
La investigación se originó como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó la ciudad de Comodoro Rivadavia entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017, donde precipitaron más de 400 mm. de agua con consecuencias desastrozas para los vecinos y la infraestructura de la ciudad petrolera.
Una situación desesperante donde hubo muertes inocentes por efectos de alud, cortocicuitos y tantos otros hechos que produjo el desdichado evento, y que no daba para sospechar de presuntas maniobras para estafar a nadie, ni por parte de funcionarios, a quienes se les paga presuntamente para velar por ‘el bien común’, y mucho menos de privados para sacar ventajas con ventas oportunas, sobreprecios o prebendas, en el marco de aquella catástrofe climática y social sin precedentes que tuvo gestos de reiteradas solidaridades tanto regionales, como nacionales e internacionales.
El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial.
Según el Ministerio Público Fiscal, «se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el contador (Germán Issa) Pfister (sic)».
El 30 de Marzo de 2017 el exgobernador del Chubut, Mario Das Neves, creó el Fondo de Emergencia Climática” por 10 millones de pesos para ayudar a las ciudades, comunas rurales y localidades del interior provincial, damnificadas por los temporales de lluvia. Declaró el estado de emergencia climática en los departamentos de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gaste, Paso de Indios y Mártires. (ver https://dpicuantico.com/2017/03/31/emergencia-en-chubut-se-declaro-la-emergencia-climatica-y-se-dispuso-un-fondo-de-10-millones-en-asistencia/ )
Todo ese proceso derivó luego en condiciones para que un grupo cometiera defraudación al Estado y se abriera una investigación y la causa. Calificando en principio la mayoría de los 36 hechos enunciados como “fraude a la Administración Pública”, en concurso real con “falsedad ideológica”, en calidad de “autor” o “partícipe necesario” para los imputados.
Ahora, tras un largo proceso de más de 5 años, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut declaró improcedentes las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas de los imputados, confirmando las sentencias para Diego Luters, Gisela Vanina Barale, Marcelo Fabián Suárez, Marta Fracasso, Bruno Taurelli Chiribao y Leticia Bibiana Huichaqueo, así como las adhesiones formuladas por las defensas de Diego Miguel Correa, Franco Finiguerra y César René Buques, en todos los casos con costas del proceso.
. Diego Correa, ex secretario privado del Gobierno provincial, condenado por defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado (diecisiete hechos consumados y catorce tentados): 4 años y medio de prisión.
. Diego Luthers, integrante de la Unidad Gobernador, condenado por defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado (diecisiete hechos consumados y catorce tentados): cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.
. Marcelo Suarez, ex integrante del Ministerio de Familia, actualmente en Municipio de Rawson, por defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado diecisiete hechos consumados y catorce tentados: tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua.
. Gisela Barale, ex integrante del Ministerio de Familia, por Defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado doce hechos consumados y catorce tentados: tres años de prisión condicional.
. Leticia Huichaqueo, ex ministra de Familia y actualmente en Municipio Gaiman, por Defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (dos hechos tentados): dos años de prisión condicional.
. Marta Fracasso, de Blanquería Matices, participe necesaria de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (seis hechos consumados y uno tentado): tres años de prisión condicional.
. Bruno Taurelli, de La Agrícola, partícipe necesario por defraudación en perjuicio de la administración publica por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (ocho hechos consumados y nueve tentados): tres años de prisión condicional.
. Franco Finiguerra, de Mall Don Bosco, como partícipe de defraudación en perjuicio de la administración publica por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (tres hechos consumados): dos años y ocho meses de prisión condicional.
. Cesar Hughes, de Tor SRL, como participe necesario defraudación en perjuicio administración pública por administración fraudulenta (un hecho tentado): un año de prisión condicional
*MPF/STJ
