5 septiembre, 2024
A partir de ahora, cualquier deuda por multas de tránsito que pesen sobre un vehículo tendrá que ser negociada entre el dueño y el comprador.
A partir del lunes de esta semana se eliminó el pago de libre deuda como requisito para transferir un auto usado, lo que implica que se pueda completar esa operación aún sin que el dueño original de un vehículo haya saldado sus multas por infracciones de tránsito que están asociadas a la patente del mismo.
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que «hasta ahora los registros tenían convenios con los municipios, de modo tal que retenían el trámite por deudas de patentes o multas. Si querías comprar un auto y tenía deuda no lo podías transferir», pero eso cambió este lunes, cuando entró en vigencia la nueva medida para reducir la burocracia en el sector automotor.
«Hoy eso deja ser así: el registro libera el auto aunque tenga deuda de patente o de multas y eso se arregla entre vendedor y comprador», agregaron.
Ya en abril de este año el Gobierno había eliminado el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA), y en mayo se dispuso que deje de ser necesaria la cédula azul, que era el documento para que una persona pudiera manejar un auto ajeno.
La cédula verde, en cambio, quedó como único documento indispensable para que un vehículo pueda circular de manera legal, pero ya no tiene fecha de vencimiento, también por orden de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que depende del Ministerio de Justicia.
También se fijó en 1% del valor de la operación el costo de la transferencia de un vehículo (válido para modelos nacionales o importados), y se bonificará la emisión de cédulas, chapas patente, títulos de propiedad y certificados de firmas.
Los legajos automotores quedarán digitalizados en breve para evitar la burocracia de tener que llevar papeletas y documentos a cada sede.
Los cambios se desprenden del extenso anuncio que hizo la semana pasada el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que también anticipó que los Registros Automotores «dejarán de cobrar los impuestos y tasas relativos a la radicación de Automotores y de sellos, y las multas por infracciones de tránsito cometidas en jurisdicción provincial o municipal».
«Será responsabilidad de cada jurisdicción la percepción de los mismos», estableció Mariano Cúneo Libarona.
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, precisó que «a partir de ahora los gobiernos van a tener que hacerse responsables ante los ciudadanos de los impuestos, tasas y retenciones que les cobran», y que «los argentinos tienen el derecho de saber a dónde es destinada la plata que el Estado les retiene», por lo que «esta medida es un avance en ese sentido».
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