16 septiembre, 2025
ENTRÓ EN VIGOR UN ACUERDO MUNDIAL DE LA OMC
Este 15 de septiembre entró en vigor un acuerdo histórico de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que busca ponerle un freno a una de las mayores amenazas para la vida marina: los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y a las prácticas de sobrepesca que arrasan con los ecosistemas.
Durante décadas, cientos de barcos subsidiados por sus países de bandera operaron en aguas del Atlántico Sudoccidental, frente a la Patagonia, sin control ni reglas claras. Su actividad no solo provocó un daño profundo en la biodiversidad marina, sino que también puso en jaque la seguridad alimentaria y el empleo de comunidades costeras que dependen de la pesca.
No fue fácil. Se necesitaron dos décadas de negociaciones para alcanzar este consenso internacional que hoy marca un antes y un después. Argentina jugó un rol clave en ese proceso y, de hecho, ratificó el acuerdo hace apenas dos meses, el 22 de julio.
«Este Acuerdo es fundamental para luchar contra la pesca ilegal y toda la flota de pesca no regulada que depreda el Atlántico Sur, a su vez que sirve para proteger el ecosistema marino, las comunidades costeras y la pesca sostenible», explicó Milko Schvartzman, especialista del Círculo de Políticas Ambientales.
El pacto ya tiene validez global gracias a que se alcanzó el umbral necesario de adhesiones: 85 países más la Unión Europea, es decir, dos tercios de los miembros de la OMC. Y lo que viene promete aún más: nuevas regulaciones que continúen cerrando el cerco sobre la pesca destructiva.
El impacto no es abstracto asegura la ong SANV, cada pez capturado ilegalmente representa menos alimento en las mesas de los países costeros y menos trabajo en sus puertos. Cada red que arrasa sin control, significa menos posibilidades de recuperación para especies claves del Atlántico Sur.
De hecho, la pesca ilegal en aguas internacionales frente a la costa argentina representa una pérdida económica estimada de US$ 600 a US$ 1.000 millones al año, según datos de especialistas. Esto equivale a entre el 30% y el 50% de lo que la Argentina exportó al mundo por este rubro en 2024, detalló en un completo informe Chequeado.
Más de 300 embarcaciones extranjeras operan en la milla 201, a menos de 400 kilómetros de Comodoro Rivadavia, en Chubut, muchas de ellas con licencias británicas en Islas Malvinas. Y como dato alarmante, para depredar costas invadidas, la actividad pesquera allí y en otras tantas costas apropiadas, es subsidiada por países que suelen ser veedores comerciales y ‘guardianes’ del orden internacional.
Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” es un término que engloba una gran variedad de actividades pesqueras.
Esencialmente, la definición encierra a la actividad realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo su legislación. La FAO aclara, además, que este tipo de pesca ocurre tanto en zonas de jurisdicción nacional como en alta mar.
La milla 201 es una franja marina ubicada fuera de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, donde las normas nacionales sobre la pesca no se aplican de la misma manera.
Es decir que, hasta la milla 200, el Estado tiene derechos exclusivos para explorar y explotar los recursos naturales, como la pesca y el petróleo. Este límite se encuentra definido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Sin embargo, más allá de la milla 200, en la llamada “milla 201”, el país pierde estos derechos exclusivos, y la zona pasa a ser considerada como “alta mar”, lo que implica que no está bajo la jurisdicción exclusiva de ningún Estado, aunque sigue siendo un espacio de cooperación internacional.
En 2016, la Argentina presentó un informe ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU en el cual demostró que su plataforma continental se extiende hasta las 350 millas. Al aprobarse, el país obtuvo una ampliación de su jurisdicción sobre la plataforma continental entre las 200 y 350 millas, pero ésta se limita a los recursos del subsuelo (como pueden ser el petróleo y el gas) pero no así sobre los ictícolas (pesca).
A patrtir de este 15 de Septiembre, con la entrada en vigor del acuerdo, la comunidad internacional envió una señal clara de nuevo ordenamiento por lo menos formal: el Océano ya no puede ser depredado por cualquiera, sin sanciones a los evidentes impactos.
