5 diciembre, 2022
AFECTA A MÁS DE UN MILLÓN DE TRABAJADORES
Numerosos sindicatos le enviaron una carta al ministro de Economía Sergio Massa y amenazan con movilizarse por el «injusto tributo» al trabajo. A cuántos afecta y cuál sería el piso ideal del Impuesto a las Ganancias
Por Alejandro Di Biasi*
Además de los aumentos salariales, el impuesto a las Ganancias se ha transformado en uno de los principales reclamos de las organizaciones gremiales. De hecho, fue una disputa determinante durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la promesa incumplida de Mauricio Macri, quien en campaña había afirmado que lo iba a eliminar.
Con las ultimas paritaria, numerosos sindicatos salieron a reclamar una modificación en el tributo, sumándose a iniciativas como la del bancario Sergio Palazzo, que pretende llevar el mínimo no imponible arriba de los 600.000 pesos, o proyectos más ambiciosos, como el de los jerárquicos de la AFIP, que propone que todos los gastos se puedan deducir, generando un «blanqueamiento» de la economía y una mayor recaudación a través del consumo generalizado.
Para visualizar la demanda, se conformó la multisectorial «El salario no es Ganancia», que publicó una carta abierta dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, donde plantearon la necesidad de diálogo para hallar una solución, señalando que los trabajadores «sufren la confiscación de una parte de sus ingresos a través de la aplicación del injusto tributo». Entre las organizaciones que integran el espacio figuran los jerárquicos de la electricidad y ferroviarios, telefónicos, judiciales bonaerenses, gas, bancarios, docentes de la CTERA, gráficos, subterráneos, pilotos, médicos, papeleros, petroquímicos y químicos, SITRAJU (judiciales), casinos, Luz y Fuerza y el personal estatal de la energía atómica, entre otros.
La preocupación de los gremios pasa por un diciembre donde se liquidan porcentajes de aumento de las paritarias, además de sumar el medio aguinaldo y las bonificaciones o gratificaciones, por lo que pidieron: «Esperamos que estos beneficios que tanto costaron conseguir no se vean impactadas por el impuesto».
Apuntaron que el personal de las variadas actividades observa cómo disminuyen sus ingresos de «una manera grosera» e indicaron que «hay casos en los que el trabajador abona más de Ganancias que de aportes jubilatorios, de obra social y de afiliación sindical juntos. En otros ese pago supera el gasto de alquiler. De forma inaudita, hay jubilados que lo tributan. A nivel porcentual, pagan más impuesto los trabajadores que los propios empleadores, lo que es inverosímil».
Asimismo, expresaron que «la lucha de los trabajadores y trabajadoras en paritarias para lograr aumentos y bonificaciones en la pelea desigual frente a la inflación se neutraliza por efecto del injusto impuesto, lo cual es una realidad que se profundiza ante cada aumento acordado, produciendo virtual congelamiento».
Desde la multisectorial apuntaron que Ganancias «tiene hoy por hoy visibles rasgos confiscatorios y desanima a los empleados a que se desempeñen tareas en lugares inhóspitos, cobran adicionales por especialización y capacitación, realizan guardias activas y pasivas, tareas jerarquizadas o de control de procesos, sostienen los servicios público y privado, del transporte ferroviario y portuario, aéreo, subterráneo, automotor, la logística, la salud, las comunicaciones, la actividad bancaria, televisiva y minera».
Y explicaron que «en algunos casos, el trabajador puede elegir entre realizar esa tarea o no, pero en el caso del transporte o los marítimos portuarios que están embarcados, por ejemplo, se ven obligados».
Más de una decena de gremios firmaron una carta abierta pidiendo la reformulación del IG
Manifestaron que «hay medidas paliativas para más de un millón de trabajadores de los sectores sensibles y estratégicos», y plantearon que el tributo «nació como un tributo a las empresas que, al ser trasladado a los trabajadores, incumplió el objetivo y produjo consecuencias distorsivas y agravadas con el tiempo».
La mesa sindical contra el pago de ganancias comenzó a reunirse hace más de dos meses, impulsada originalmente por integrantes de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) y la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ Gas), entre otros. Hoy cuenta con referentes tanto de la Corriente Federal de Trabajadores que lidera Palazzo como del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que encabeza el camionero Pablo Moyano y Ricardo Pignanelli (mecánicos, SMATA).
Hace pocos días, la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI), que agrupa a los empleados del PAMI llevó a cabo una jornada nacional de protesta y esclarecimiento en rechazo de la aplicación del tributo sobre los ingresos. El secretario general del gremio Osvaldo Barreñada, advirtió que «las mejoras salariales que conseguimos se esfuman con el Impuesto a las Ganancias».
Graficó que «el salario es la retribución por el esfuerzo realizado para vivir de forma digna y para que los hijos de los trabajadores se eduquen y gozar en algún momento de recreación o descanso» y dejó en claro que «desde hace tiempo el trabajo parece valer cada vez menos y, por más aumentos salariales que se logren, se licúan por este tributo».
En tanto, la secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República (CTERA), Sonia Alesso, apoyó la iniciativa de Palazzo, para reformar el tributo, y que ningún asalariado lo pague. Junto con el titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky, señaló que «desde hace tiempo venimos planteando la necesidad de modificar por ley la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias».
Advirtió que hay un sector de la docencia integrado por catedráticos, directivos, supervisores que están afectados por el impuesto a las ganancias, pero que «con la actual ley no pueden desgravar ni deducir» montos de ese gravamen como si lo pueden hacer los trabajadores nucleados en otros sindicatos.
En lo que podría ser la vereda de enfrente, aparece el referente sindical del Cambiemos, Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), quien consideró que «el salario no es Ganancia, por lo tanto debe eliminarse» al tiempo que se mostró molesto «por los privilegios de algunos trabajadores que hoy no tributan, mostrando la poca solidaridad con el sus pares.
El también titular de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE) sostuvo que «debemos analizar la eliminación de Ganancias tanto como ir definitivamente a una reconversión de los planes sociales a trabajo genuino y registrado, que lamentablemente hoy afecta a casi el 50 por ciento de la fuerza laboral de la Argentina; con estos porcentajes, cualquier proyecto de país es inviable».
La iniciativa de Palazzo plantea un piso de 641.000 pesos de salario en bruto. El proyecto de ley de reforma del impuesto toma como punto de partida para el cálculo el mayor de los valores entre el salario mínimo, vital y móvil (47.850 pesos en agosto) y la Canasta Total del Hogar Tipo 2 (128.214,11 pesos), eximiendo del pago de ganancias los trabajadores que no superen 10 salarios mínimos, vitales y móviles, o a cinco canastas básicas totales, una cifra es equivalente a 641.070 pesos mensuales.
En cuanto a la iniciativa de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP), propone un sistema de nuevas deducciones para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, lo que aliviará a «los consumidores, ayudará a reducir el empleo informal y dinamizará la economía», según afirmó el secretario General Julio Estévez (h).
El dirigente propone deducciones abarcativas de los consumos facturados, lo que generará «una espiral con tracción hacia la formalización económica e inversión doméstica fuera del dólar».
Remarcó que «el consumo debe estar facturado y documentado. Se habilita la deducción de los intereses y capital de créditos hipotecarios para dirigir una mayor porción de la colocación de las finanzas en esos créditos y de las tasas que decida el Estado. También la deducción de inversión en compra de paquete accionario de empresas estratégicas, que deberán definirse por ley y tendrán un 51 por ciento de capital estatal».
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