24 noviembre, 2020
El Superior Tribunal de Justicia envió a la Legislatura el proyecto de ley del Presupuesto 2021 del Poder Judicial que ha sido fijado en poco más de 10 mil millones de pesos, de los cuales casi un 10 por ciento corresponden a recursos propios. La planta de personal queda establecida en 2.114 cargos.
El nuevo Presupuesto, que deberá ser tratado próximamente por los diputados, fue aprobado en acuerdo plenario por los ministros del Superior Tribunal, Mario Vivas y Javier Panizzi, a quienes se sumó Heraldo Enrique Fiordelisi en carácter de conjuez.
El monto global de los gastos y recursos previstos para la Justicia provincial para el próximo año asciende a la suma de 10.176.041.813 pesos, de los cuales 6.082.571.814 corresponden a la Judicatura, 2.140.077.040 al Ministerio de la Defensa Pública y 1.953.392.959 al Ministerio Público Fiscal. Los recursos propios fueron fijados en 1.008.287.316 pesos.
El proyecto de Ley señala que «el Poder Judicial podrá modificar la cantidad de cargos de cada categoría escalafonaria y de cada programa dentro del total de cargos aprobados por la presente ley, sin modificar el monto total asignado al Inciso I-Personal, conforme las necesidades que presentare el más eficaz servicio de Justicia».
Señala además que se podrá «reestructurar y modificar las partidas, programas e incisos que considere necesarios, dentro de la suma total fijada por el Artículo 1), con la sola excepción de la Partida Principal Personal, que únicamente podrá aumentar con el refuerzo que se origine para mejoras salariales en el crédito adicional».
Por otra parte, a través de la norma presupuestaria que debe sancionarse se autoriza al Superior Tribunal de Justicia «a ingresar anualmente a su presupuesto los montos de los depósitos judiciales inmovilizados por diez o más años» en el Banco del Chubut, para cuyo fin «se publicarán edictos para que quienes ostenten interés legítimo ejerzan su derecho debidamente».
También se autoriza al STJ, hasta el 31 de diciembre del 2021, para «disponer de los intereses que se generan por imponer a plazo fijo la masa de dinero proveniente de depósitos judiciales en el marco de la Ley II Nø166 una vez que los mismos hayan sido percibidos al vencimiento de la colocación e ingresados al Fondo de Recursos Propios del Poder Judicial».
Se establece además que los recursos que provengan de las «operaciones financieras» mencionadas anteriormente «sólo podrán ser afectados a la inversión en bienes, servicios y construcciones, teniendo como única finalidad asegurar el funcionamiento del Poder Judicial». Expresamente se aclara que tales recursos propios «no podrán ser destinados al pago de sueldos, que se financiarán con fondos provenientes de Rentas Generales».
*ECH
