5 enero, 2021
Por Mauro Federico
Alberto Fernández es uno de sus principales impulsores, a pesar de que la iniciativa es resistida por la corporación judicial y sectores de la oposición. El Poder Ejecutivo debe resolver si manda el proyecto al Congreso, junto a otras recomendaciones del Consejo Consultivo para mejorar el funcionamiento de la Justicia y el pliego del Procurador que el oficialismo impulsa.
La agenda del 2021 continúa agitada. La pandemia no da respiro y seguramente en las próximas horas, se anuncien nuevas medidas restrictivas para frenar el avance del coronavirus. Sin desatender estas prioridades, el gobierno mantiene en su GPS 2021 uno de los temas que el propio Alberto Fernández considera «clave» en la agenda de transformaciones de su gestión: la llamada «reforma judicial».
Por eso, una vez sorteadas las instancias legislativas que permitieron transformar en ley la Interrupción Legal del Embarazo y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el Poder Ejecutivo se apresta a enviar al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias, el anunciado paquete de iniciativas tendientes a «optimizar el funcionamiento de la justicia», con el foco puesto en una de las ideas que más le interesan al Presidente: la creación de un Tribunal intermedio para agilizar la resolución de los expedientes que llegan a la Corte Suprema.
«Sabemos perfectamente que todo lo referido a la justicia es un tema complejo, cualquier reforma exige acuerdos políticos», sostuvo a Data Clave una fuente con acceso directo al despacho principal de la Casa Rosada. «Por eso hemos convocado a un Consejo Consultivo integrado por personalidades que representan todas las miradas del saber jurídico y hace un mes nos presentaron un exhaustivo informe con recomendaciones que hemos estudiado con detenimiento», amplió el vocero.
«En base a estas consideraciones y a nuestra propia mirada, estamos terminando de elaborar las iniciativas para enviar al poder legislativo durante las sesiones extraordinarias, que incluye -además de una reestructuración integral y el pliego de Daniel Rafecas como Procurador- una iniciativa que el propio Alberto le sugirió al Consejo al momento de convocarlo tendiente a crear este Tribunal Intermedio». completó el calificado informante.
Cuando el pasado 10 de diciembre los integrantes del Consejo Consultivo llevaron al Presidente su informe de mil páginas, de todos los temas que se presentaron, Fernández destacó su particular interés en la conformación de esta instancia previa a la Corte Suprema. “Le pareció muy interesante la creación de un tribunal intermedio, de sentencias arbitrarias, que permita optimizar el funcionamiento de la Corte”, explicó tras el encuentro el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante de la comisión.
Si bien desde el Ejecutivo la intención expresada es que esta nueva instancia descomprima las tares del tribunal supremo y le permita dedicarse exclusivamente a las causas de materia constitucional, para algunos analistas y miembros del Poder Judicial, el organismo que la iniciativa propone crear podría actuar como una instancia paralela para fallar eventualmente en las arbitrariedades de los procesos judiciales, quitándole poder a la Corte en la revisión de condenas, por ejemplo.
Instancias similares existen en el sistema de administración de justicia español y aquí en Argentina, proyectos de este tenor ya habían sido sugeridos por juristas de diferentes extracciones como el ex ministro de la Corte Augusto Belluscio o el constitucionalista Jorge Vanossi, entre otros.
Por otra parte, muchos constitucionalistas destacan que nada impediría a la Corte de intervenir en causas comunes incluso si este Tribunal intermedio es creado. Dentro de Tribunales las sugerencias del Comité Consultivo fueron leídas de manera negativa: «llamaron a jueces y a personas que no litigan hace años, sus sugerencias solo agregan más burocracia» afirman algunas de esas voces.
«La creación de otra instancia solo significaría en nuestro sistema agregar un paso más que demore otra cantidad de años los procesos judiciales», relató a Data Clave un juez federal que siguió de cerca el trabajo del Consejo de Asesores de Fernández.
Las preguntas en Tribunales (fuera y dentro del Palacio) giran en torno a lo que se pudo hacer y finalmente no se hizo: ¿por qué no se mejoraron los plazos o las formas de control? Los mal pensados consideran que tanto la sugerencia de otro tribunal como todas las reformas solo agregan cargos, es decir, lugares para nombrar «amigos y amigas».
*Dataclave
