Según explica la exsecretaria de Empleo Público durante el gobierno de Alberto Fernández, Ana Castellani, el capítulo IV del proyecto establece que la dotación de la planta permanente de administración pública nacional (APN) puede quedar en “disponibilidad inmediata”, ya “sea porque se cierra el organismo o dependencia donde reviste el agente o -aquí la novedad- porque se determine un exceso de dotación mediante informe emitido por el órgano competente, actualmente bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete”.
El nuevo proyecto de ley permite el desmantelamiento de funciones cruciales del Estado, entre ellas la CyT. Facilita despidos en la planta permanente con los cambios que propone en la Ley de Empleo Público. Si pasa, pasa.https://t.co/0785OKYJqS a través de @Letra_P
— Ana Castellani (@AnaCastellani1) April 26, 2024
Toda la planta permanente de la APN que se encuadra en la Ley Marco de Empleo Público está sujeta a quedar en disponibilidad de manera inmediata“.
Las modificaciones
El capítulo IV de proyecto plantea un conjunto de reformas a la Ley N° 25.164, a la que se le sustituirá el artículo 11 del Anexo, en el que se estableció que el personal que deba ser reestructurado “quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta 12 meses” y una vez cumplido ese plazo, si el trabajador no formalizó una nueva relación de trabajo, “quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional”.
“Toda la planta permanente de la APN que se encuadra en la Ley Marco de Empleo Público está sujeta a quedar en disponibilidad de manera inmediata si se aprueba esta modificación legal, violando el espíritu originario de la ley vigente que protege a aquellos que ingresaron por concurso a la Administración Pública”, advierte la investigadora del Conicet y profesora de la UBA.
En el caso específico de la ciencia y la tecnología, Castellani dice que si se aprueba la Ley Bases tal cual quedó redactada en el dictamen de mayoría, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “desmantelar las dotaciones de cualquier organismo sin necesidad de intervenirlo o cerrarlo, incluso de aquellos que están exceptuados expresamente en los artículos 3 y 6 del capítulo I del proyecto de ley en cuestión”. 
El exministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, también expresó que la nueva ley ómnibus representa una “amenaza” al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, ya que “decenas de organismos centrales y descentralizados y empresas del Estado de base tecnológica -salvo excepciones- quedarán expuestos a modificaciones o disolución por parte del Gobierno Nacional. Entre ellos, el SMN, el INTI y la Agencia I+D+I”.
https://twitter.com/FilmusDaniel/status/1784184645417873912?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1784184645417873912%7Ctwgr%5Ed6068f6418d81c7699b338bbbf119807e628e120%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsomostelam.com.ar%2Fnoticias%2Fpolitica%2Fadvierten-que-la-ley-bases-intenta-desmantelar-funciones-esenciales-del-estado%2F
“Si se aprueba el art. 52, se modificarán los criterios que permiten cambiar la dotación en el empleo público. Esto elimina las excepciones conseguidas en el art. 3 y pone en peligro a TODOS los organismos de Ciencia incluido el CONICET. Muy grave”, advirtió Filmus este sábado en su cuenta de la plataforma X.
Entre otras modificaciones, el capítulo IV del proyecto de ley, dispone además que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice ese descuento.
También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa.
Ley Bases: qué dice el proyecto que se debatirá
Dentro de los más de 200 artículos del nuevo texto de la ley Bases se pretenden reformas como:
- Declaración de emergencia energética, económica y financiera por un año.
- Reforma del Estado: reorganización administrativa de organismos públicos.
- Consolidación de la deuda pública y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad de ANSES.
- Régimen de defensa de la competencia, que modifica prácticas que puedan «limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado».
- Privatizaciones de empresas estatales.
- Marco regulatorio para Fondos Fiduciarios.
- Modificación de la ley de hidrocarburos.
- Régimen de incentivo para «Grandes Inversiones»: «que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial» durante dos años.
- Modificación en el régimen de empleabilidad para trabajadores estatales.
- Unificación de los entes reguladores energéticos.
- Reforma laboral.
Las claves de la nueva versión
Dentro del capítulo referido a la “reforma del Estado” se incluyen las privatizaciones. El proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. También declara sujeta a privatización a Nucleoeléctrica Argentina SA y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque en estos 2 casos establece que el Estado debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria.
Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
El capítulo IV trata sobre el empleo público. Entre las modificaciones, se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.
El Título IV del texto está destinado a la “promoción del empleo registrado” en el sector privado. Este permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones, y también serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.
El Título V de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. Entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo -a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.
En relación a los períodos de prueba, actualmente son de 3 meses. La propuesta nueva consiste en extenderlos a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.
La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
Lo que quedó afuera de la nueva versión de la Ley Bases
La versión de la Ley Bases que el Ejecutivo envió al Congreso en diciembre de 2023 tenía 664 artículos. El borrador que circuló en las últimas semanas, previo al debate en las comisiones de la Cámara baja, tenía 279 artículos. La versión que logró dictamen tiene 232, es decir que la iniciativa es una versión mucho más reducida que la inicial.
En el plano laboral, la reforma quedó acotada a 17 artículos. El artículo referido a la cuota sindical, resistido por los sindicatos, fue dejado de lado. En el DNU 70/2023, cuyo fragmento laboral fue frenado por la Justicia, se limitaba el descuento compulsivo de la cuota sindical que aportan los trabajadores registrados (afiliados o no). Además, se eliminó el artículo que establecía que la participación en bloqueos o tomas de establecimiento era razón de “justa causa” de despido. También se mantiene la “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, que el DNU buscó eliminar.
En el ámbito de las privatizaciones, se dejó de lado el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias, aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno no descarta su privatización en el mediano plazo.
El oficialismo, además, eliminó los capítulos vinculados a la defensa de la competencia y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
