El oficialismo introdujo una modificación para extender la estabilidad fiscal para los proyectos verdes por 30 años. La iniciativa aprobada en el Senado podría representar exportaciones de hasta US$ 3900 millones en concepto de créditos verdes. Chubut ya posee un marco regulatorio y se enfoca en su mercado de carbono y servicios ecosistémicos
El Senado de la Nación dio media sanción por 60 votos a favor y 2 en contra al proyecto de ley para regular los mercados de carbono. La iniciativa crea un registro nacional para la inscripción de los proyectos verdes y los blinda fiscalmente por 30 años. Con esta regulación se abriría un potencial mercado de hasta US$ 3900 millones por comercialización y exportación de créditos de carbono.
Al momento de la votación en particular, el interbloque justicialista encabezado por José Mayans planteó modificaciones en varios artículos que fueron rechazadas por el oficialismo. El bloque de La Libertad Avanza también propuso modificaciones que fueron acompañadas por los senadores peronistas, aunque rechazaron la ampliación de la estabilidad fiscal para los proyectos verdes por 30 años.
El texto original en su artículo 14 establecía un período de estabilidad fiscal por 10 años para los proyectos verdes desde el momento de su inscripción en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe). El oficialismo logró extenderlo hasta 30 años.
Según el texto, «la estabilidad fiscal alcanzará a todos los tributos nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios registrados».
Mercados de carbono
El proyecto aprobado con media sanción por la Cámara alta busca brindar un marco jurídico y regulatorio para los créditos de carbono generados a partir de proyectos verdes.
Los créditos de carbono son unidades verificables de reducción, evitación o mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originados a partir de proyectos verdes.
Los proyectos verdes, en tanto, pueden ser de reforestación, conservación de bosques, restauración de suelos o almacemaniento y captura de dióxido de carbono en proyectos de petróleo y gas natural, entre muchos otros.
Actualmente, distintos países tienen o están en vías de crear mercados de carbono para canalizar financiamiento hacia iniciativas verdes. Las empresas que necesitan cumplir con las legislaciones ambientales de sus países de origen buscan en estos mercados comprar créditos y compensar las emisiones que generaron en sus actividades económicas.
El texto unificó tres proyectos presentados por la senadora salteña Flavia Royon, los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y el senador chaqueño Jorge Capitanich.
«(El proyecto) no crea un mercado de cumplimiento obligatorio en nuestro país, ni interviene en los mercados voluntarios. Sí permite que los créditos de carbono que se generan en nuestro país puedan ser comercializados en los mercados regulados internacionales o en aquellos mecanismos como el artículo 6 de París o los mercados de CORSIA (por sus siglas en inglés, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), que necesitan una autorización del país y valen mucho más”, explicó Royón durante la sesión.
La senadora por Salta explicó que el proyecto busca evitar que una misma tonelada de dióxido de carbono se contabilice dos veces. «Para evitarlo, se requiere una autorización previa de nuestro país y el correspondiente ajuste de la contabilidad de los resultados de mitigación utilizada para el seguimiento de la contribución determinada a nivel nacional”, dijo.
La regulación podría generar en la Argentina un mercado de comercialización de créditos verdes que representaría exportaciones por entre 1.400 y 3.900 millones de dólares según Royon. Solo los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra.
Chubut, enfocada en consolidar su mercado de carbono y servicios ecosistémicos
Los avances legales a nivel nacional coinciden con la etapa inicial pero de acelerada expansión que lleva Chubut en el desarrollo de mercados de carbono y servicios ecosistémicos. Impulsada por una estrategia integral orientada a valorizar sus recursos naturales y mitigar el cambio climático, la región busca posicionarse como un actor clave en la transición ecológica del país.
Con un volumen de emisiones estimado en 9,5 millones de toneladas de dióxido de carbono ($CO_2$) anuales —de las cuales entre el 79% y el 80% provienen de la industria hidrocarburífera—, Chubut fijó una meta clara: reducir sus emisiones en un 15% para el año 2030. Para alcanzar este objetivo, la provincia despliega un inventario de su potencial territorial que abarca tanto los sumideros terrestres como marinos.
En este eje destaca el concepto de «carbono azul», vinculado a la capacidad de captura de dióxido de carbono por parte de las algas en la zona costera, que se suma a la absorción natural de los bosques andinos, la estepa y los pastizales.
El impulso institucional quedó plasmado el pasado septiembre de 2026 en la Legislatura provincial con la realización del evento «Carbono Chubut». El encuentro reunió a referentes para debatir sobre mercados de carbono, energías renovables —con foco en el potencial eólico, solar y de hidrógeno verde—, ganadería regenerativa y la restauración de bosques incendiados, una iniciativa desarrollada en colaboración con organizaciones como ReforestArg y Sustentabilidad Sin Fronteras.
En paralelo, el territorio avanza en soluciones prácticas como el proyecto de biochar en Esquel. A través de un convenio conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Secretaría de Bosques, la localidad encabeza un ensayo pionero para transformar residuos forestales en biochar (carbón vegetal que fija carbono en el suelo), con el objetivo final de certificar y comercializar bonos de carbono.
Todo este entramado de iniciativas encuentra sustento en un marco regulatorio específico: Chubut ya opera bajo el paraguas de la Ley XI N° 84 y el Decreto N° 1140/25, instrumentos que sirven de base para impulsar un estándar provincial propio y afianzar una estrategia de descarbonización a largo plazo, mientras se establecen las condiciones nacionales.
