7 septiembre, 2021
LA MAYORÍA DE LAS CONCESIONES VENCEN EN 2023. FUTALEUFÚ EN 2025
En el 2023 vencen las principales concesiones hidroeléctricas que Menem licitó en 1993 y se abre un negocio de alcance mundial. La concesión de la principal Hidroeléctrica de Chubut, que es Futaleufú, vence en 2025. El debate de la «Renta Hídrica» se suma a la campaña
A partir del próximo año, comienzan a finalizar los plazos de la mayoría de las concesiones de las represas hidroeléctricas otorgadas en 1993, durante el proceso privatizador del gobierno de Carlos Menem. Se abre así un negocio energético con capacidad para atraer actores de peso internacional. Pero que además despierta una discusión entre Nación y Provincias por la propiedad del recurso, y de paso activa los reflejos kirchneristas por una posible nacionalización.
La auditoría integral concretará la Secretaría de Energía será clave en el proceso que viene. «Lo consideramos insumo para negociar la renovación, caducidad o prórrogas de los contratos», explicaron fuentes calificadas.
En el gobierno nacional se apuraron además a cortar de raíz cualquier pretensión de las Provincias por quedarse con las represas. «Es como si el intendente de Añelo viniera a reclamar Vaca Muerta», compararon.
Aunque por supuesto el caso de Chubut deberá revisarse con cautela, ya que la empresa Aluar, que preside Javier Madanes Quintanilla, tiene poco más del 60 por ciento de la acciones de Hidroeléctrica Futaleufú que le cedió Nación, pero el resto del paquete está bajo la órbita del Estado Provincial.
Como sea, ante la magnitud de lo que se viene, la Secretaría de Energía ya empezó a diseñar una auditoría integral general sobre las operadoras.
«Se trata de un estudio de diagnóstico y análisis enorme, profundo, que abarca todas las aristas», adelantaron desde la Secretaría de Energía y agregaron que se trata de un estudio exhaustivo en lo jurídico, contable y financiero. Las empresas deberán rendir cuentas sobre las obras pendientes y mostrar las condiciones de financiamiento.
De acuerdo a fuentes calificadas, la lista no taxativa de los puntos que auditará Nación incluye los siguientes temas a revisar:
1) Presas y Obras complementarias incluyendo caminos de acceso
2) Centrales eléctricas y equipos de maniobra
3) Sistema de Transmisión para la evacuación de las Centrales
4) Evaluación del daño ambiental imputable a la operación de la central
5) Estimación de las obras mayores a realizar para asegurar el funcionamiento
del complejo por los próximos 20 años y presupuesto estimativo de las mismas.
6) Estimación de los Costos de Operación y Mantenimiento de la central por
rubros principales.
7) Evaluación previa de los litigios legales y reclamos vigentes en concesionario
y concedente en cada uno de los contratos
«La medida contempla en su última etapa la aplicación de sanciones ante los incumplimientos del sector privado», advirtieron las fuentes consultadas.
Las concesiones arrastran un largo proceso político y operativo que arranca en su mayoría una vez desaparecidas las empresas Agua y Energía Eléctrica e Hidronor.
En el primer quinquenio de la década del 90 el Estado nacional -en tanto titular de los activos de las centrales hidroeléctricas que pertenecían a dichas empresas-, dispuso cederlas en “concesión para la explotación comercial” a sociedades comerciales privadas, sin la transferencia de la propiedad de las instalaciones.
Las concesionarias recibieron las centrales en ‘tenencia y uso’ para realizar la explotación comercial de las mismas, aportando su producción al Mercado Eléctrico Mayorista, y asumiendo la obligación de operar y mantener las estructuras por un plazo de 30 años. En este contexto, los primeros vencimientos de las concesiones se producirán a partir de mediados del año 2023
Una de las provincias patagónicas que ya está pulseando el tema es Neuquén, que está decidida a dar una discusión gigante, de esas que rozan altos intereses políticos desde hace décadas por la restitución de las concesiones hidroeléctricas, que se vencen entre 2023 y 2029 y que representan no sólo un recurso para el control de crecidas y la generación de electricidad, sino para el incipiente desarrollo de la agricultura y Vaca Muerta.
Se trata de las centrales de Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito (administrada por la italiana Enel); las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar (Orazul Energy), la planta hidroeléctrica Alicurá (AES) y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila (Sociedad Energía Sadesa Central Puerto) y Pichi Picún Leufú (Pampa Energía).
Todas fueron otorgadas en concesión por el gobierno de Carlos Menem en 1993 y vencen en 2023, salvo la presa de Pichi Picún Leufú, cuya concesión se termina en 2029.
El objetivo es más que ambicioso, donde no hay antecedentes a favor, y que es pelear para que Nación y el Congreso Nacional no tomen el camino más fácil: la “prórroga automática” de los contratos o la apertura de nuevas licitaciones.
Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández no dio una señal clara de querer entregar la administración de los recursos del aprovechamiento de los ríos a las Provincias, a pesar de las promesas electorales. Un tema para que tomen posición los diligentes legisladores patagónicos, y porque no los alicaídos candidatos que están a días de definir sus bancas.
En esto además está latente el antecedente reciente de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que pasó de una promesa de entregarlas a las administraciones Provinciales, a ser intervenida por el Gobierno, aunque con proyecto de reprivatización en el aire.
La pandemia generó una cortina de humo a este debate que es crucial y que se reactivará en estos meses, donde Neuquén, Rio Negro y Chubut serán protagonistas desde distintos sectores políticos.
“Va a ser el tema de agenda de este año y también el que viene, porque recuperar la administración de estas hidroeléctricas equivaldría a tener más ingresos por regalías; es como tuviéramos otra Vaca Muerta para las futuras generaciones”, indicó a el diputado provincial por el Frente de Todos, Mariano Mansilla en recientes declaraciones.
El legislador junto al espacio de Unión por los Neuquinos (UNE) entregó el año pasado 22 de julio de 2020 un proyecto de “Restitución de los Aprovechamientos Hidroeléctricos para la Región del Comahue” para que se trate en el Senado de la Nación. Se lo entregó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con todo un memorándum técnico de cada una de las represas en la cuenca neuquina. El proyecto aún no se trata, pero la discusión sobre la concesión de Hidrovía SA desempolvó el debate a nivel nacional.
Hidroeléctrica Futaleufú S.A. en Chubut es titular desde junio de 1995 y hasta 2025 de la concesión para la generación de energía eléctrica del complejo Futaleufú. Su potencia instalada es de 472 MW y su generación anual es de 2.900 GWh.
Respecto a la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú se habló durante el gobierno de Cabiemos de un posible acuerdo macro entre Nación y el grupo Aluar. que incluiría la reconcesión de la represa Hidroeléctrica Futaleufú a cambio de un segundo Parque Eólico que la empresa construiría en la cordillera, y que conjuntamente con el otro proyecto eólico que encara la firma en Puerto Madryn, más la producción hidroeléctrica que se sumaría con el proyecto La Elena, implicarían “una inversión de un monto aproximado de u$s 650 M”. ¿En qué quedó esa negociación? no se sabe, pero está claro que cambiaron muchas cosas en el camino.
En el medio está la preocupación latente sobre que va a pasar con el modelo energético de Chubut, una provincia con todas las condiciones para ser parte de la solución de la crisis energética nacional, pero por ahora con enormes limitaciones de caja.
Este año, el bloque PJ-Frente de Todos presentó en la Legislatura de Chubut un proyecto de ley para establecer el “Marco Regulatorio de la Actividad Hidroeléctrica de la Cuenca del Río Futaleufú” (expediente 9/21), denominado también como de «Renta Hídrica»
«La idea es garantizar por 50 años la energía barata al parque de Puerto Madryn, pero sumarnos nosotros, los municipios cordilleranos», dicen los autores del texto (ADN Sur, 26/3). El también cordillerano diputado del bloque del PJ-FdT que impulsa el proyecto, Carlos Mantegna, fue más allá y no dejó lugar a la imaginación: «No queremos atentar contra el negocio de Aluar». Portales especializados de energía sostienen que el proyecto podría «funcionar como un antecedente que incida en la renegociación de contratos estratégicos de represas en Neuquén y Mendoza»(Econojournal, 31/3)
El ‘amague’ político e institucional está plantado, y aunque en los hechos la política de Chubut pareciera de una gran dispersión partidaria, en algo coinciden varios sectores al momento de analizar los grandes negocios a futuro, y es la posibilidad de ‘barajar y dar de nuevo’ a la luz de la experiencia y el derrame conocido.
En ese marco, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza es otra de las voces ‘cantantes’ sobre el tema: «Hidroeléctrica Futaleufú no nos deja nada de energía para que nos desarrollemos, se llevan todo lo que generan para Buenos Aires. La generación bruta de Futaleufú anda en unos 2.836 gigawatts hora. La facturación en 2020 fue de 2.486 millones de pesos y las ganancias de 926,9 millones de pesos, por lo que a la Provincia le debería haber correspondido unos 310 millones de pesos”, detalló el líder lucifercista Héctor González, -pensador de la Patagonia del Tercer Milenio-, en una entrevista a Cadena Tiempo.
La posibilidad de una negociación con Nación que incluiría unos u$s 100 millones de dólares que podría percibir la Provincia, abre estos y otros entusiasmos territoriales, ya que esos ingresos deberían ser coparticipados también con los necesitados Municipios.
Esta renegociación de hecho, sería una de las primeras en la provincia, ya que a posteriori se vencen otras concesiones como la Hidroeléctrica Ameghino en el año 2044. Marcar una política en este sentido, implicaría que la Provincia se quede con un margen para contar con un Fondo de Infraestructura y un Fondo de Inversión genuino. Habrá que ver…
