30 enero, 2022
El organismo aconseja a la Argentina financiarse con sus socios internacionales. Diferencias radicales sobre cómo enfrentar al Gobierno.
Por Ignacio Zuleta
Una frase del comunicado del FMI sobre el «entendimiento» con la Argentina -ojo, no es aún un «acuerdo», que llevará meses- ilumina el sendero. Es la que confía en que «el apoyo financiero adicional de los socios internacionales de Argentina ayudaría a reforzar la resiliencia externa del país y sus esfuerzos para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible».
Es el segmento que intentará aprovechar Alberto en el viaje a Rusia y China que arranca este martes. Le deja a Cristina el sillón presidencial y la vocería para que su administración siga festejando el entendimiento. El escenario que imagina Olivos es el de la última chance de salir del marasmo en que quedó el Gobierno con la derrota de noviembre pasado:
1) Vienen seis meses de bonanza como efecto del crecimiento.
2) Habrá una mejoría del clima anti-Gobierno en el conurbano de Buenos Aires -sede de la principal derrota 2021- por efecto, quizá retardado, de la suelta de fondos que siguió al resultado de las PASO. Ese sobregasto puede dar cierto alivio a quienes votaron en contra del Gobierno. La penuria de Sísifo: darla vuelta. Se dice fácil.
Los apoyos en lo financiero que pueda traer Alberto del viaje figuran en carpetas invisibles, por lo discretas, de Economía y del Banco Central. Allí admiten, ante los drones de este cronista, que están preparados para que se cumpla lo que el FMI afirma en el párrafo que citamos del comunicado.
Un briefing preliminar de la consultora «Equilibria» agrega: «Hay que estar atentos al viaje del presidente a Rusia y China. Puede haber novedades en este rubro». Es la consultora de Diego Bossio, que en el pasado fue el jefe de algunos de los negociadores de este entendimiento en nombre de Martín Guzmán: Rodrigo Ruete, Sergio Chodos, Roberto Arias, entre otros ex funcionarios del Anses. Vale la pena darle credibilidad para entender cuánto confía el Gobierno que puede tener un 2022 aliviado de las fantasías de derrota el año que viene.
Hoy la urgencia es la redacción de un lindo discurso de apertura del año legislativo. Algo así como que diga: creíamos que no podíamos y al final pudimos. Y desafíos a la oposición: que se pongan las pilas y vengan al debate. La chicana porteña, gran destreza presidencial. Ocurrirá el 1° de marzo y será un relanzamiento de la campaña del oficialismo para recuperar los votos que le hicieron perder las elecciones.
Son más de 5 millones en todo el país, tres de ellos en Buenos Aires, que se retiraron del apoyo al peronismo, y al que buscarán traer de nuevo a la participación. La oposición también perdió votos en noviembre, pero mantuvo y hasta hizo crecer el porcentual de apoyos sobre el total. Es lo que importa, al final, en un país con ballotage presidencial. Es difícil lograr este objetivo de recomponer el voto ganador del 2019.
Las constancias de la división en la cúpula de la alianza se han renovado con el minué del acuerdo con el FMI. Cristina y el cristinismo rechazaron el acuerdo con la misma vehemencia antisistema que, con signo contrario, se expresan sus adversarios antisistema de la oposición. Se ocuparon de dejar constancia de las diferencias con los socios en la trifecta presidencial -Alberto, Massa- quitándole toda legitimidad al entendimiento: el FMI es malo por lo que es, no por lo que hace. En el otro extremo del dial, un Ricardo López Murphy cree que debe haber acuerdo, no por lo que el FMI hace, sino porque lo que es.
El entendimiento, que ocupará la atención de los actores de la política el próximo semestre, pondrá a prueba los efectos del debate económico sobre la política. Dicho de otra forma: ¿afecta al voto del peronismo la diferencia entre Olivos y el cristinismo sobre las relaciones con el FMI? Un entendimiento con el organismo, ¿le permite recuperar los votos perdidos en noviembre pasado? Más crudo: ¿o le hace perder más votos?
En el filo de 2017, el gobierno de Cambiemos sufrió su primer cisma grave de agenda: el rechazo del ala radical de la política energética de Juan José Aranguren. El casus belli fue el proyecto de venta de las acciones en la compañía Transener. Alfredo Cornejo inauguró su cargo de presidente de la UCR, asumido en diciembre de 2017, con una exitosa campaña de bloqueo de la agenda Aranguren, quizás el ministro más escuchado por Macri.
La pulseada duró poco: en junio Aranguren se iba la casa. ¿Perjudicó esa pelea -cargada de ideología, y que expresaba extremos dentro de la coalición-, al voto de Cambiemos? No ocurrió, porque en las presidenciales de 2019 esa marca sacó más votos que en 2015 y 2017 y, en la categoría a presidente, aun perdiendo, recibió el apoyo de 5 de los 7 distritos más grandes de la Argentina; Macri-Pichetto perdieron sólo en Buenos Aires y Tucumán.
Este antecedente le permite al Gobierno caminar confiado en que las peleas de palacio por la letra chica del entendimiento no lo afectarán electoralmente. Es una guía, para el uso de este tema que hará la oposición. Algunos desafían a Cristina a que diga qué piensa. El ala Cornejo-Patricia Bullrich confían en la táctica de mojarle la oreja al Gobierno por una disidencia interna que pueda restarle apoyos. Otro sector, más ligado a los opositores que gobiernan, sindicados en la figura de Gerardo Morales, se desentienden de esas peleas ajenas. Creen que al Gobierno no hay que decirle cómo tiene que hacer las cosas, y que, si se está equivocando, hay que dejarlo que se hunda solo. No lo van a empujar al abismo, pero tampoco figura en su proyecto ayudarlo a que deje de equivocarse.
El jefe radical suspende el juicio hasta que se conozca la carta de intención, y, hasta entonces, “hay que balconearla”. Lo que se conoce implica una reducción del déficit, de la emisión y de los subsidios. O sea, un ajuste de las cuentas cuyo costo tiene que pagar el que firma, o sea el Gobierno. ¿Qué tenemos que opinar ahí? Además, es la oportunidad para que el Gobierno se divida. ¿Qué más queremos? En este punto Morales se pone de nuevo en las antípodas de Cornejo.
La paciencia zen es la terapia más aconsejable. La dificultad mayúscula del peronismo es mantener la unidad en el año previo a las urnas de 2023. Se logra con un solo ingrediente: convencer a los gobernadores de que juntos pueden retener el poder ganado en 2019. Este ingrediente hoy está faltando, y los gobernadores del peronismo, aunque nunca lo adelantarán con mucho énfasis, están convencidos de despegar las elecciones en las provincias de la nacional.
Sólo modificarán ese criterio si Olivos o el Instituto Patria los convence de que están en un track ganador. Ya probaron con Fernández & Fernández, y los llevaron a la derrota en 2021. Este semestre de bonanza en que confía el Gobierno es la oportunidad que aprovechará de recuperar la unidad perdida en noviembre pasado: en esas elecciones los dirigentes intermedios –gobernadores, intendentes– se desentendieron de movilizar a sus electorados detrás del gobierno.
El escenario de estos tanteos es un Congreso al que le cuesta arrancar. El protagonismo de la peste se pone en estos días por encima de cualquier otro actor. «No es cuestión de tener 37 votos, la cuestión es sentar 37». No hay que esperar mucho de este Congreso, bajo el sitio de la Ómicron con más fuerza que la Ucrania rodeada por Putin y la Nato. Las charlas preliminares de la semana anterior entre oficialismo y oposición coincidieron en no llamar a ninguna sesión en el Senado con asuntos en discusión, porque sin poder asegurar el quórum, mejor no arriesgarse. La última lección la sufrió la oposición, cuando se sobrevendió para una sesión especial para bajar Bienes Personales y el oficialismo se la dio vuelta y los aumentó, aprovechando el factor Covid que le restó número a Cambiemos.
El peronismo está interesado en apurar la reforma del Consejo de la Magistratura para plantear el debate sobre si la Corte debe presidirlo o no. Es lo único que le importa, lo demás se negocia todo. Pero no tiene manera de convocar a una sesión, porque no sabe si de los 35 propios, más Alberto Weretilneck, Magdalena Solari (Misiones) y Clara Vega (La Rioja), pueden sentarlos a todos. Es inmensa la cantidad de contagiados aislados que hay en la colectividad política. Como no hay sesiones, es difícil saberlo, pero si se hiciera un censo formal, en el Senado es difícil que puede haber quórum para arrancar una sesión. Cristina, que será presidente en ejercicio durante una semana, vive arrinconada por las prevenciones de contagio, las propias y las de una cámara con veteranos de población de riesgo.
Esta semana intentarán formar la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el proyecto de la Magistratura. Una faena difícil para Cornejo como titular del interbloque opositor, porque el peronismo de la cámara en estas minucias opera de atropello, como lo hizo en diciembre cuando integró Presupuesto y Hacienda para dictaminar sobre Bienes Personales. El tema sigue judicializado. La comisión puede ser escenario de disputas de postín. La candidata para presidirla es Juliana Di Tullio, que fue jefa del bloque de Diputados y que es más cristinista que Cristina. La oposición va a sentar a autoridades como Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff, pero confía en la soltura expresiva de Luis Juez.
En cámara lenta, Cambiemos hace este miércoles un zoom de los responsables de redactar un proyecto de reforma de la Magistratura que pidió Gerardo Morales para contener el cuentapropismo de quienes suman proyectos todos los días, cuando la última mesa de Cambiemos acordó sólo reunir ideas en un documento. El grupo lo integran Ernesto Sanz, Ricardo Gil Lavedra, Germán Garavano, Luis Juez, Gustavo Ferrari, Negri, Willy Horst, Juan Manuel López, Juan Pedro Tunessi, entre otros.
Le darán forma al consenso que se resume así:
• Adopta la composición de la ley 24.937, 20 miembros.
• La presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte.
• Representación igualitaria en materia de género y del interior del país.
• Cada estamento tendría que ser elegido directamente por quienes van a ser representados.
• En cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes.
• Se fija un plazo de no más de 18 meses para concluir la investigación y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia.
Lo demás, a debate. La mesa Nacional de la coalición está llamada para el 9 de febrero, será larga porque de ahí tiene que salir la letra del proyecto. De paso, Horacio Rodríguez Larreta amonestó este domingo en Villa Allende (Córdoba), el PRO local: no es imaginable un futuro en el que no estén juntos Juez y Mario Negri. Chan!
