23 agosto, 2020
Por Ignacio Zuleta
El filo que divide las miradas se llama PASO. Si mirás hacia atrás, ha pasado un año de las primarias que pusieron al peronismo en el camino del poder. Si mirás hacia adelante, te queda un año para poner en orden los papeles y darle sustentabilidad a este proceso. Todo lo que hacen los políticos es mantener las coaliciones unidas, para ir a elecciones en condiciones de pelear el futuro.
El Gobierno no puede trasladar a la gestión el principal activo de aquel triunfo del 11 de agosto de 2019: reponer la unidad y ganarle ese voto no peronista -sindicado en Cambiemos- que le había hecho perder elecciones durante 10 años. No ha podido monetizar ese activo con más poder. La cúpula sigue siendo una suma de tres debilidades que anula, hasta ahora, la posibilidad de modificar las relaciones de fuerza de diciembre pasado.
Este fin de semana, Juntos por el Cambio contabilizó 130 bancas de diputados para rechazar el tratamiento de la reforma judicial. Con 129 tendrían quórum para una sesión especial, con 130 voltean el proyecto que tiene previsto aprobar el Senado este jueves.
Un resultado penoso para un Gobierno que ganó las elecciones por unos 8 puntos en la presidencial y la bonaerense por casi 14. Aparece inmovilizado para proyectos estructurales en el Senado, porque no llega a los 2/3 de los votos; y en debates odiosos, la oposición le congela Diputados.
El Gobierno es rehén de una disputa por el control interno de la coalición, que desangra a los protagonistas. La oposición entiende que tiene que permanecer unida contra viento y marea -y eso que los sufre desde adentro y desde afuera- y que no tiene que discutir liderazgos. Es una comandita horizontal. En 2015 esa oposición de hoy ganó por poco más de 2 puntos las nacionales. En seis meses había partido al peronismo en dos en el Senado, y en tres en Diputados, y sentaba a la liga de gobernadores peronistas a discutir plata con Rogelio Frigerio. Guste o no, su método de negociación desde una fuerza de minoría -en votos y en bancas legislativas- funcionó.
Hoy el peronismo no puede quebrar esa unidad de la oposición, que, en cuanto se distraen, suma fuerzas.
En el Senado, Juntos por el Cambio agregó el bloque federal de Juan Carlos Romero. En Diputados, para frenar la reforma judicial, ha sumado al frente crítico a los socialistas, los lavagnistas y pueden ser más si te das un paseo por el barrio chino: es como se llama en el Congreso al que integran los legisladores con las defensas bajas, sin techo, sin reelección y que funcionan como cuentapropistas de la vida.
El peronismo sigue dividido por su incapacidad de apartar de la agenda del interés público, la presión de algunos socios, como Cristina, que busca estatizar su interés particular y convierte su defensa en el objetivo de toda una gestión. Para tomar aire, el Gobierno busca una salida con recetas de intendente de pueblo, que cuando están con el agua al cuello, cambian el sentido del tránsito en las calles y el recorrido de los colectivos. Enloquecen a todos los vecinos.
El propósito de proyectos como la reforma judicial es poner a los sectores en comisión, es decir suspender el andamiaje legal que los defiende, y hacerlos bailar al ritmo de la emergencia.
Se ayudan con la peste, que ha disparado una primavera del autoritarismo. Ahora le ponen lavandina a la cláusula sobre las presiones «mediáticas» a los jueces, y explican que no piden sanciones a la prensa. Que es apenas una recomendación a los jueces para que vayan a terapia en el diván del Consejo de la Magistratura. ¿Para qué lo hacen?
¿La observación de Cristina sobre Parrilli -que el país escuchó en audios indiscretos- será un diagnóstico, más que un insulto? El objetivo político de la iniciativa es poner no solo a la justicia en un virtual estado de comisión. También poner a la prensa en comisión.
La misma intención encierra el DNU del viernes que congela los precios de la conectividad, y les impone un regulación extraña al negocio en todo el mundo -la tiene Perú y alguna otra comarca del ‘continente negro’, así se llamaba a África cuando éramos chicos-. Es sentar a los medios a discutir sus negocios como si fueran tarifas, que es lo que encierra esa declaración del teléfono, internet y el video cable como servicios públicos esenciales. Extiende los beneficios de esa calificación a la señal Venus; la decisión tendría que complementarse con otro reclamo de los adultos mayores: viagra gratis desde el PAMI. No es broma: fue bandera electoral en España hace algunos años.
El peronismo tiene virtudes estratégicas, como entender que si no permanecen unidos se los comen los de afuera. Pero sostiene patrañas con una confianza inconmovible. Por ejemplo, creer que la política depende de la economía y que para gobernar hay que tener el apoyo del mundo de los negocios.
La historia enseña que los empresarios se acomodan a las condiciones de la política como el agua a una acequia. Su objetivo es hacer plata, y por eso aplauden a quien haya que aplaudir, sin dramas de conciencia. Son materia para Carlos Marx, no para Sigmund Freud. Creer que su destino depende de los empresarios es un error de los políticos. Néstor Kirchner decía en 2003, ante de asumir la presidencia: quiero tener con los empresarios el mismo acuerdo que Menem tenía con ellos.
No ha hecho experiencia el peronismo, con procesos que desmienten esa hipótesis. En 1997 Graciela Fernández Meijide le ganó las elecciones en Buenos Aires a Chiche Duhalde, que era la candidata de su marido, gobernador entonces de Buenos Aires, y el avisador más importante de la Argentina después de la Coca-Cola. ¿Fue por el apoyo de los empresarios y las corporaciones? ¿O fue por la política? Es la política, estúpido, no la economía.
El Gobierno, de un plumazo y con la convicción de los conversos, sacó a la industria de la energía de la patria productiva (ministerio Kulfas) y se lo entregó a la patria financiera (ministerio Guzmán). Estas contradicciones no matan a nadie, pero señalan el poco aprecio que les tienen los políticos a sus propios discursos. El peronismo ha montado su existencia misma en el combate a la patria financiera y especulativa, y en su defensa de la producción y el trabajo. Pero no se le corrió el rimel para privatizar, declarar la convertibilidad en los años ’90, luego borrarla en 2002, o producir un ajustazo padre en diciembre, apenas asumieron los Fernández, que afeitó unos $ 5.000 millones del gasto en la ley de emergencia.
Esas zalemas honraron los altares de la especulación financiera, del mismo modo que no se inmutó Macri cuando repuso el cepo cambiario, sistema brutal de control de cambios, contra el que había campañado con éxito para ganar la presidencia de 2015.
El pase de la secretaría de Energía del ministerio de la Producción al de Economía la justificaron el viernes en que todos los planes oficiales sobre la industria energética tienen que ver con inversiones estatales, y subsidios, y que esos movimientos tienen costo fiscal. Por eso deben salir de la competencia de Matías Kulfas -que reporta a Olivos y no al Patria- y dárselo a la patria financiera -Martín Guzmán- que reporta, para algunos, al Instituto Patria. En la vida todo tiene costo fiscal, y con ese argumento Guzmán debería ser jefe de gabinete, o presidente.(…)
*Zuletasintecho, C
