13 agosto, 2024
El descalabro de la obra social de los peones rurales, Osprera, desembocó en su intervención por parte del Gobierno, que adujo «graves deficiencias» e «irregularidades» en las prestaciones. La segunda obra social más grande del país, seguiría funcionando y atendiendo a los trabajadores en todas las Provincias, pese a la medida judicial y administrativa.
El Gobierno oficializó este lunes la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA) debido a la fuerte crisis financiera que atraviesa el ente que pertenece a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Se trata de la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con cerca de 735 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.
A través del decreto 720/2024, el Poder Ejecutivo delegó en el Ministerio de Salud la intervención por el término de 180 días de la obra social, con la posibilidad de prorrogar el plazo en caso de ser necesario. La interventora será la doctora Virginia Montero, que tendrá las facultades de administración y ejecución que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud permite al Consejo Directivo.
Además, deberá entregar informes mensuales de la gestión que tienda a la normalización del ente, con la evolución administrativa y prestacional. En las consideraciones, el Gobierno señaló que “quedan evidenciadas las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”.
Las denuncias por falta de cobertura de la obra social del gremio Uatre, que conduce José Voytenco, proliferaron a principios de año y se agudizaron con la caída del convenio con el Sindicato del Vidrio. Incluso, disparó reclamos de intervención desde la Sociedad Rural.
Pero lo que presuntamente aceleró la injerencia del Gobierno en el tema habría sido la pelea entre Voytenco y Hugo Moyano, que retiró por completo el apoyo que, oportunamente, supo asentar en el poder de Uatre a Voytenco, en tiempos en los que el gremio estaba en plena disputa.
Según reveló LPO, el camionero había intercedido, con el empresario bahiense Gustavo «Turco» Elias como nexo, para que el juez federal Juan José Baric valide en 2022 a Voytenco como líder de la Uatre en tiempos donde una guerra con el sector de Pablo Ansaloni mantenía al gremio en disputa.
Pero el punto de quiebre en la relación de Voytenco con Moyano tuvo que ver precisamente con el manejo de Osprera. El camionero también había sido un actor clave en el convenio de prestación con el gremio del Vidrio, que abarcaba la provincia de Buenos Aires.
Fuentes gremiales señalaron que la fractura surge cuando el líder de Uatre le entrega el control de la obra social al abogado Marcelo Urban, a través del administrador Néstor Acuña. En el ambiente, Urban es considerado el cerebro de Voytenco.
Bajo esa influencia, Osprera nunca le pagó a la obra social del Vidrio por el convenio que gestionó Moyano. Al momento del corte del convenio, la deuda superaba los $1.000 millones.
Más allá de las manos políticas, la intervención es abonada por el descalabro de prestaciones y fondos. Las crecientes denuncias por pacientes oncológicos sin medicamentos y fallecimientos ligados a deficiencias en la cobertura, graficaron una crisis que no se condecía con los más de 22 mil millones de pesos que Osprera recibió en los últimos años.
Esos recursos provenían de la Superintendencia de Servicios de Salud por tratamientos de alto costo y prestaciones por discapacidad, pagados a través del Fondo Solidario de Redistribución.
La situación de virtual quebranto que hizo crecer sospechas de malversación, derivaron en la intervención que el Gobierno oficializó con un decreto publicado este martes.
Actualmente, Osprera registra deudas prestacionales por casi $44 mil millones y mantiene compromisos incumplidos con hospitales públicos de gestión descentralizada por más de $1.500 millones, según informa la resolución de la Superintendencia.
Por lo pronto, se designó como «administradora provisoria» a Virginia Montero hasta tanto el Ejecutivo disponga la intervención del Agente del Seguro de Salud.
