8 noviembre, 2021
CON APORTES OBLIGATORIOS DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
El dinero proviene de los aportes obligatorios que deben hacer las empresas de telecomunicaciones a un fondo para el servicio universal. El anuncio llega en la recta final preelectoral y los fondos serán entregados por el Enacom.
Apartir del dinero que las operadoras de servicio de telecomunicaciones aportan a un fondo fiduciario para sostener el llamado servicio universal, el Gobierno destinará casi $ 4.000 millones a programas de asistencia financiera y ayuda a pequeñas empresas del sector afectadas por la pandemia del Covid-19 y a sectores sociales de menores recursos.
Los aportes llegan en plena recta final de la campaña electoral para elegir diputados y senadores el próximo domingo 14 de noviembre, y los fondos serán entregados a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), encargado de regular y controlar los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.
El organismo que preside Claudio Ambrosini además es encargado de gestionar el llamado Fondo Fiduciario del Servicio Universal que se aplica mediante la suscripción de un contrato de fideicomiso con el Banco Nación y que se nutre de los aportes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que deben destinar el 1% de sus ingresos, netos de los impuestos y tasas que los graven.
Como encargado de ejecutar las políticas públicas para este sector, el Enacom decide la orientación de este dinero bajo la premisa de posibilitar que «todos los habitantes de nuestro país accedan a los Servicios TIC prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades».
En este marco, el Enacom decidió destinar $ 1.000 millones del Fondo Universal para el cumplimiento de los compromisos resultantes del Programa Conectando con vos 2 que promueve el acceso a equipamiento de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.
El objetivo del programa es «fortalecer las actividades laborales, educativas y culturales de los destinatarios y las destinatarias; facilitar la inclusión de la población en las redes y en los espacios de socialización desarrolladas mediante las nuevas tecnologías y mejorar el acceso a las tecnologías digitales», tal como lo sostienen los fundamentos de creación del plan.
También busca reducir la llamada brecha digital para promover la igualdad de oportunidades para los potenciales beneficiarios protegidos por un decreto que impide cortarles o suspender los servicios de luz, gas, telefonía, internet y TV por cable aún cuando haya demora en el pago o alguna factura sin pagar.
Entre los destinatarios se encuentran beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo; de pensiones no contributivas; los inscriptos en el Monotributo Social; jubilados y pensionados y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, entre otros, así como habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
El programa se realiza en etapas sucesivas y los dispositivos se entregarán mediante convenios con el Ministerio de Educación, las provincias, municipios, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades intermedias con presencia territorial en barrios populares.
En este sentido, el Enacom debe destinar 140.000 dispositivos aunque la cantidad se puede ampliar hasta un 35% según el desarrollo del programa cuya duración es de dos años, a contar desde el 22 de abril del 2021.
Además de estos fondos, el Enacom destinará otros $ 1.000 millones del Fondo Fiduciario para el cumplimiento de los compromisos resultantes de las adjudicaciones de la convocatoria a concurso público a licenciatarios de servicios TIC que cuenten con Registro del Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet, para la presentación de proyectos orientados a la extensión y mejora de la infraestructura de redes para la prestación del servicio en localidades con población de hasta 30.000 habitantes.
A esto le agrega otros $ 1.500 millones para financiar proyectos de empresas provinciales licenciatarias de servicios TIC, a través de aportes no reembolsables provenientes del Fondo Fiduciario.
Del mismo modo, utilizará $ 100 millones para el cumplimiento de los compromisos del Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a Servicio TIC para Habitantes de Barios Populares en el marco de la Pandemia del Covid-19″.
También $ 150 millones para la adjudicación de aportes no reembolsables destinados al despliegue de red y prestación de servicio fijo de acceso a internet en zonas adversas y desatendidas.
Todos los fondos tienen el mismo origen y forman parte del plan para financiar diversas estrategias oficiales en el sector de las telecomunicaciones.
Uno de los principales proyectos es Red Federal de Fibra Óptica (Refefo que tiene un financiamiento de $3.000 millones de los recursos del FSU para la expansión de la red en todo el país.
