9 diciembre, 2020
SE PREVERÍA COMO ALTERNATIVA UN 15% EN TRES VECES
Si bien las conversaciones con las operadoras de telecomunicaciones se complejizaron durante los últimos días, el Gobierno dará a conocer en las próximas horas el porcentaje de aumento que permitirá para los servicios de televisión por cable, Internet y telefonía.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se encuentra definiendo el formato de incremento que permitirá aplicar a las compañías, que finalmente no sería el del 20% que ya le habían anticipado a sus clientes.
El malestar entre las autoridades es fuerte, incluso entre quienes tienen buena relación con las empresas y en especial con el Grupo Clarín, accionista de Cablevisión y Telecom Argentina.
Hasta ahora, la ecuación más viable que analizan las autoridades es la de otorgar un 15% que se repartiría en tres veces de 5% entre enero y marzo, para amortiguar el impacto en el bolsillo de los usuarios.
«Hoy a la tarde es más que probable que definamos la fórmula», aseguraron fuentes del Enacom a cargo de las negociaciones con empresas como Movistar; Telecom Argentina; Claro; Cablevisión y Telecentro, entre otras.
Un sector del oficialismo pretende imponer un porcentaje menor al entender que el creciente incremento de los precios en los alimentos y los rubros de la canasta básica debería mantener el congelamiento de las subas en los servicios básicos de comunicaciones.
Entienden también que hace falta esperar el establecimiento de una tarifa plana de estos servicios, aunque mantienen las sospechas sobre la posibilidad de que las empresas terminen ofreciendo un pésimo servicio a los usuarios que los obligue a contratar uno premium más caro.
Lo concreto es que el primer aumento informado por las empresas del 20% a partir de enero del año próximo quedó descartado.
El lobby empresario no tuvo eco y se estudia aplicar el incremento en etapas hasta alcanzar un 15%, seguramente para mazo.
En el caso de la escala del 5% por mes todavía se debate entre los funcionarios del Enacom si la suba se tomará de forma acumulativa o no.
Entienden que no es lo mismo un incremento del 5% en enero al que se le agregue otro 5% y así durante febrero y marzo, que permitir aumentos únicamente sobre la cifra original, al estilo de las discusiones paritarias por salarios.
En el primer caso, la suba se acercaría al 20% que pretenden las compañías mientras que en el segundo sería del 15%.
Las empresas ya venían comunicando a sus clientes otro incremento, superior al 20% que ahora deberán dejar de lado y acceder a la decisión que finalmente tomen las autoridades.
Para justificar el pedido de incremento, argumentan que el porcentaje incluye los aumentos que no pudieron realizar durante este año por disposición del Gobierno en el marco de la cuarentena.
También sostienen que dichas subas les permitirán mantener la calidad de los servicios», tal como informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión a sus clientes.
En el Gobierno recuerdan que telefonía, internet y cable tienen el status de servicios públicos esenciales, tal como fueron declarados por un decreto presidencial, y que a partir de esa nueva concepción será el Estado el que determine las políticas de retoques de las facturas y no las empresas del sector.
De hecho, las tarifas están congeladas hasta el 31 de diciembre, en el marco de la política oficial que se viene llevando a cabo con el objetivo adicional de sumar herramientas regulatorias que, entienden, el gobierno anterior le quitó al Estado nacional.
Hace unos días, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, ya había advertido, en declaraciones radiales, que hasta que el ente no se expida, las empresas no están autorizadas a aumentar los precios.
El funcionario también había aclarado que el aviso de ajuste del 20% que hicieron las empresas a sus clientes no fue consensuado ni autorizado por el Gobierno:
«Las empresas se tiran el lance para los aumentos pero absolutamente nada está autorizado», enfatizó en ese momento.
El 21 de agosto pasado, el presidente Alberto Fernández, anunció la decisión de declarar como «servicios públicos» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga», y anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarían congeladas hasta el 31 de diciembre. La medida se concretó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
*iProfesional, NA
