29 septiembre, 2020
EL AUMENTO IMPACTARÁ EN 400 MIL EMPLEADOS PÚBLICOS NACIONALES
El Gobierno nacional acordó este martes un aumento del 7% desde octubre para la administración nacional y despejó una paritaria clave del sector estatal por su impacto en más de 400.000 empleados públicos, incluyendo a las Fuerzas Armadas y las de seguridad.
Aunque aceptado por el gremio, la mejora es fuertemente criticada por los empleados estatales por no recomponer en absoluto el porcentaje de depreciación que viene produciendo la inflación en los salarios.
Las autoridades que están a las puertas de una visita de veedores del FMI precisamente analizando los planes de ajustes nacionales, lograron destrabar las negociaciones al lograr la adhesión de UPCN, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez afiliado a la CGT y con personería para negociar formalmente en paritarias. Mientras el líder de ATE, Hugo «Cachorro», Godoy rechazó la propuesta y anunció que podría definir posibles medidas de fuerza.
La oferta es similar a la que habían dado de baja ambas entidades la semana pasada y que consistía en mantener en forma provisoria el bono de los $4.000 percibido en marzo y un incremento global del 15% (4% en octubre, 3% en diciembre, 4% en febrero y 4% en abril), equivalente al 7% para 2020.
En el Ejecutivo celebraron el acuerdo y precisaron que habrá una nueva reunión en diciembre para establecer la línea de incrementos del primer semestre del 2021. «Hoy se acordó un 7% en octubre y un pase a cuarto intermedio hasta diciembre, técnicamente la paritaria sigue abierta», confirmaron fuentes oficiales al sitio iProfesional.
La audiencia en el segundo piso del Ministerio de Trabajo fue encabezada por la titular de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, junto a las autoridades de la cartera laboral y de Economía. Por la parte sindical, asistieron Godoy y dirigentes de UPCN.
«Esto contradice el discurso oficial porque hace que el costo de la crisis lo paguemos los trabajadores, jubilados, sectores populares y no los grupos económicos concentrados y privilegiados con la especulación financiera en los últimos años», señaló el secretario adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar al término de la reunión.
El gremio apuntó asimismo contra la UPCN por firmar la paritaria que continuará con reuniones en octubre y noviembre para avanzar en otros aspectos de las condiciones laborales. «Cuesta mucho comprender que existan gremios que avalen una baja salarial de esta magnitud», disparó Aguiar.
Sin aumentos desde marzo, ATE estimó que los estatatales perderán este año entre un 12 y un 15% de su poder adquisitivo frente a la inflación anual del 35% proyectada en junio por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. La organización confirmó además que se reunirá en los próximos días para definir «posibles acciones de reclamo».
En 2019, los empleados públicos recibieron un 28%, por debajo de una inflación del 53,8%. Sin aplicarse la revisión de noviembre y febrero pasado, el Ejecutivo otorgó por decreto un adelanto no remunerativo de $3.000 en febrero y $4.000 en marzo para los sueldos de hasta $50.000 netos, es decir, el 48% de los empleados.
Con el último incremento, el salario inicial de la categoría mayoritaria pasará de $27.000 a $28.890 de bolsillo y la remuneración promedio se elevará de $35.000 a $37.450. Esto representa un aumento total del 25% para quienes recibieron el bono de marzo y de hasta un 10% para la otra mitad, con sueldos de más de $50.000.
La negociación actual contempla a 124.000 trabajadores bajo el convenio colectivo definido por el decreto 214 del 2016, pero impacta en los convenios de otros 74.000 empleados de organismos descentralizados (PAMI, ANSES, AFIP) y 200.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad bajo la órbita de Nación.
«La política salarial será igual para todos, queremos sostener una pauta consistente en todo el sector», señalaron fuentes oficiales. Y precisaron que los funcionarios políticos no tendrán «ningún tipo de incremento».
Los docentes universitarios nucleados en la Conadu Histórica, por otra parte, iniciaron esta semana un paro de 24 horas para recomponer los ingresos de 190.000 trabajadores, en reclamo de un aumento del 13%. Pero las expectativas gremiales chocan con los números que maneja el Gobierno.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó la semana pasada el Presupuesto 2021 con metas ambiciosas, incluida la reducción al déficit del 4,5%, cuando este año podría alcanzar el 10% por la expansión del gasto para atender la emergencia.
Ese objetivo, sin embargo, fue interpretado como insuficiente en el mercado financiero. La lectura de los fondos de inversión de Wall Street fue que Guzmán no tiene intención de concretar un ajuste de las cuentas públicas durante el año electoral y, en consecuencia, hubo un desarme parcial de los bonos que acaba de negociar el ministro en persona.
Las autoridades, por otra parte, iniciarán negociaciones formales con el FMI en los próximos días. Los técnicos buscan conocer el plan económico y las medidas que se adoptarán para estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal.
En los despachos oficiales aseguran que la meta de déficit del 4,5% fue consensuada con el Fondo y se muestran expectantes en lograr su respaldo. Aunque prevén tironeos, los funcionarios creen el staff «entiende» la complicación que atraviesa el país por la pandemia.
Esa buena sintonía con el organismo es la que genera preocupación en el ámbito sindical, donde creen que otra vez serán la variable de ajuste para ahorrar recursos en el Estado y llegar a un acuerdo por la deuda de u$s44.000 millones con la institución encabezada por Kristalina Georgieva.
«Están aplicando el criterio de ajuste que no se corresponde con necesidades de trabajadores y trabajadoras», advirtió Godoy previo a la reunión. «El Gobierno está siendo extorsionado por el Fondo para aplicar políticas de ajuste», agregó.
Según un informe de ATE INDEC, la categoría D0 operativa de planta transitoria (SINEP) perdió entre noviembre de 2015 y agosto de 2020 $510.000 frente a una inflación acumulada del 388%. La diferencia surge de comparar el salario de referencia a fines de 2015 actualizado a precios de agosto pasado, de $49.744, con los $31.932 actuales.
A partir de los datos de INDEC, la junta interna de ATE también estimó que el sueldo de bolsillo de un trabajador en agosto debería haber sido de $72.707 para cubrir la canasta de consumos mínimos de una familia tipo.
En el sector privado, en tanto, más de una docena de actividades ya avanzaron con subas de entre el 23 y el 37%.
*IP, NA
