5 febrero, 2021
Mientras la pesca ilegal se lleva 14.000 millones de dólares al año de nuestra plataforma, el Senado de la Nación Argentina dictaminó la ley que fija el cupo de mujeres y diversidades en la industria pesquera, y su capacitación obligatoria en género.
Con el objetivo de establecer un régimen de acceso, participación, progreso y permanencia de las mujeres y personas travestis, transexuales o transgénero en la flota pesquera nacional, el gobierno le dio luz verde al Proyecto de ley sobre el Régimen de Mujeres y Diversidades en el sector”
De acuerdo al proyecto aprobado, se busca que “a lo largo de 5 años, el 30% de las tripulaciones estén compuestas por mujeres y un 1% por personas travestis, transexuales o transgénero. Además, establece una multa para quienes no cumplan con la normativa e indica que debe ser destinada a financiar capacitación en la temática de géneros” explicó González, quién además indicó que la iniciativa también apunta a promover una mayor participación de mujeres y diversidades en los rangos de jerarquía como las capitanías, puesto ejercido por una sola persona en cada embarcación.
La falta de mujeres, travestis, transexuales o transgénero en el sector pesquero significa que a fin de dar cumplimiento a esta ley, las tripulaciones deberían sumar personal que ya no sería elegido por su aptitud para la pesca sino por su género. En otras palabras, se están priorizando las cuestiones de género por sobre la seguridad en la navegación, y acá vale recordar la Ley de Murphy según la cual, si están dadas las condiciones para que algo salga mal, algo va a salir mal.
El texto establece un régimen de beneficios fiscales para aquellas tripulaciones que incorporen el cupo:
a) una reducción del 50% de las contribuciones que las leyes nacionales imponen a cargo de los empleadores, en cuanto a las mujeres, y personas travestis, transexuales y transgénero.
b) una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias o sobre los capitales, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes del personal mujeres, travesti, transexual o transgénero embarcado en cada periodo fiscal.
La norma impulsada por González incorpora una capacitación obligatoria que deberá brindar Prefectura Nacional en articulación con el Ministerio de mujeres, géneros y diversidades para todas las personas que pertenezcan al sector. También se crea la Consejería de las Mujeres y Diversidades en el sector marítimo para asesorar a las mujeres y a las personas travestis, transexuales y transgénero ante situaciones de violencia por motivos de género y/o discriminación que pueden presentarse en el mar, abriendo lo que en la jerga se conoce como “un kiosco”.
Con la cantidad de sanciones económicas establecidas no queda claro si el objetivo es incorporar un cupo en el sector pesquero, o cobrar un “impuesto a la industria machista” solapado bajo la forma de multa, reflexionan desde el sector.
Mientras tanto, la industria pesquera nacional permanece incapaz de competir contra las grandes pesqueras internacionales que explotan nuestra plataforma marina. La pesca ilegal le roba a Argentina 14.000 millones de dólares anuales.
