21 mayo, 2024
El Tribunal de La Haya deberá expedirse sobre la responsabilidad penal de los acusados por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el principal líder de Hamás, Yahya Sinwar.
Asimismo, cursó pedido de detención contra el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y los otros dos altos líderes de Hamás: Mohammed Diab Ibrahim al-Masri y Ismail Haniya.
Fundamentó la medida requerida al Tribunal de La Haya en «motivos razonables» acerca de que ambos tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante y tras los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza.
Los cargos contra estos últimos incluyen exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y tortura, en tanto contra Netanyahu y Gallant son por provocar hambruna como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil y persecución.
La investigación abarcó las acciones de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza durante los últimos tres años, y también las acciones de Hamás desde el 7 de octubre.
Las acusaciones presentadas por el fiscal serán consideradas por un panel de jueces de la CPI y en caso de ser homologado el pedido, los 124 Estados firmantes del estatuto de la Corte estarían obligados a detener a los acusados si se presentaran en su jurisdicción.
Rusia, China y Estados Unidos estarían exentos de ejecutar una eventual orden, por no habe suscripto el estatuto. También Israel. Pero como los territorios palestinos fueron admitidos como Estado miembro en 2015, la CPI dictaminó que tiene autoridad legal para procesar actos criminales en la guerra al ser los palestinos signatarios.
Aún así, el jefe del gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, el primer ministro con más años en el cargo, no podría visitar a sus aliados occidentales, a excepción de Estados Unidos, sin correr el riesgo de ser apresado.
Lo mismo aplica para Yoav Gallant, el ministro de defensa de Israel, cuyo anuncio de que asediarían Gaza dos días después de los ataques de Hamas, el 7 de octubre, fue esgrimido frecuentemente por los detractores del Estado judío. «No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible, todo está cerrado… estamos luchando contra animales humanos y estamos actuando en consecuencia», fueron sus palabras.
Las tomó el fiscal de la CPI, Karim Khan, que es abogado del rey británico, al declarar en el escrito que «Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana».
La decisión puede llevar semanas e incluso meses.
La primera repercusión provino del presidente de Israel, Isaac Herzog, quien enfatizó que «cualquier intento de establecer paralelismos entre estos atroces terroristas y un gobierno democráticamente elegido de Israel… es escandaloso».
El ministro de Asuntos Exteriores agregó que la CPI pretende atar las manos de Israel y negarle el derecho a la autodefensa.
Por su parte, un alto funcionario de Hamás, Sami Abu Zuhri, dijo que solicitar órdenes de arresto para tres líderes de Hamás «equipara a la víctima con el verdugo» y que, según él, anima a Israel a continuar su «guerra de exterminio» en Gaza.
El grupo militante palestino afirmó que, en todo caso, la solicitud de arresto en contra de los líderes israelíes llega con «con siete meses de retraso».
Y exigió que sean canceladas todas las órdenes de arresto emitidas contra líderes de la resistencia palestina por violar las convenciones y resoluciones de la ONU.
Dos de los cabecillas de Hamás, Yahya Sinwar (jefe de Hamás en Gaza), y Mohammed Deif (al que la CPI se refiere como Mohammed al-Masri), comandante del ala militar de Hamás, aparentemente se esconden en algún lugar dentro de Gaza e Israel, durante los últimos siete meses, estuvo intentando matarlos. Pero el otro líder que enfrenta una orden judicial es Ismail Haniya, jefe del buró político de Hamás.
