9 febrero, 2021
Andrés Giacomone apeló el fallo de la jueza civil de Esquel, Alicia Arbilla, que prohibe a la Legislatura provincial tratar la zonificación minera hasta tanto la Justicia resuelva la presentación de las asambleas del NO a la Mina que busca anular el proyecto.
De esta manera el Gobierno provincial rechaza la medida cautelar dictada por la Justicia para suspender el tratamiento del proyecto que pretende habilitar la megaminería. Sostiene que la medida ocasiona “grave perjuicio a la Provincia, en particular a la institucionalidad”.
La medida que dictó la jueza Alicia Arbilla se basó en la denuncia presentada contra el proyecto por la asamblea de vecinos de Esquel, denuncia en la que sostienen que el proyecto del Gobierno es inconstitucional y que no cumple con la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades originarias. Además, la presentación también está vinculada a la “estafa electoral”.
Es en este sentido que ahora el Ejecutivo apeló la cautelar con intenciones de avanzar con el tratamiento del proyecto en el ámbito legislativo, luego que la sesión extraordinaria convocada para el 5 de febrero pasado se cayera.
“Venimos a interponer recurso de apelación contra la Sentencia Interlocutoria, en cuanto decretó de oficio como medida cautelar la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 128/20 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, refiere la presentación.
En este contexto, se remarcó que la medida cautelar genera un “grave perjuicio a la Provincia, en particular a la institucionalidad y a las bases más elementales del Estado de Derecho”.
Por ello, solicitan que “el recurso sea concedido con efecto suspensivo, único modo de evitar que aquel se profundice mientras dure la tramitación ante la Excelentísima Cámara de Apelaciones”
El tema es que el debate por la zonificación minera estalló las fuerzas políticas y hasta el equilibrio de poderes en Chubut. En el marco de la endeble relación de fuerzas que viene arrastrando la provincia desde hace unos años, se podría decir a partir de la debilidad física del fallecido gobernador Mario Das Neves, un debate de la talla de la explotación extractiva en una provincia que fue virando hacia otros desarrollos sustentables provocó una descomposición del entramado de poder.
Con la intromisión judicial, el debate que parecía circular por otros andariveles superadores volvió a la simplificación de minería «si o no». La cautelar interpuesta por la jueza de Esquel no hizo más que complicar una discusión que ya estaba a las puertas del recinto legislativo.
En ese sentido, el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, se refirió al pedido de la Jueza Alicia Arbilla en donde le solicita a la Cámara de Diputados que no trate el proyecto de zonificación minera. “Lo del pedido de la Jueza no deja de ser un hecho totalmente fuera de lugar porque hay un respeto institucional que debe existir entre los poderes, incluso por un tema que ni siquiera fue tratado”, sostuvo.
En este sentido, señaló –en diálogo con Radio Chubut– que “el Poder Legislativo tiene su receso en Enero y Febrero. Acá se habla de una sesión extraordinaria. El Poder Ejecutivo pidió que se traten ciertos temas, más allá del tratamiento que ha dado la Comisión de receso que no logró sacar despacho”.
“Lo del pedido de la Jueza Arbilla no deja de ser un hecho totalmente fuera de lugar porque hay un respeto institucional que debe existir entre los poderes, incluso por un tema que ni siquiera fue tratado”, dijo.
Finalmente, Sastre concluyó que “como Jueza debería saber que la presentación se podría haber hecho una vez que el proyecto se tratara como Ley, no antes de que fuera tratado. El tema no influyó, sin embargo bastó para que el proyecto no se trate”.
Como si fuera poco, la jueza Arbilla es una magistrada altamente apuntada por el establishment. Fue recusada, denunciada penalmente por el presunto accionar coordinado con un grupo de abogados, y en diciembre pasado tuvo un pedido de jury en el Consejo de la Magistratura de Chubut, por intervenir en una serie de demandas que involucra cuantiosos bienes decomisados a las empresas del Grupo Indalo, de Cristóbal López. A partir de esta cautelar podría enfrentar su segundo pedido de jury afirman entendidos tribunalicios.
*ADNS
