29 agosto, 2021
Ante la lluvia de propuestas de reforma laboral como la jubilación anticipada de Madanes Quintanilla, la «mochila argentina» de Karagozian o un fondo de indemnización administrado por Anses, con el que el sector privado atosigó al Gobierno, el oficialismo busca trazar un horizonte pospandemia y de largo plazo. En ese marco avanzaría esta semana en la definición de un mecanismo de premios y castigos para alentar la vacunación y tratar de garatizar la vuelta a la presencialidad de los trabajadores. Lo hará en acuerdo con las provincias, cámaras patronales y representaciones sindicales en un foro a resolver, siempre basado en el principio de “buena fe” vigente en la ley de Contrato de Trabajo.
Pero no se puede soslayar que la pandemia se presenta para el sector privado como la oportunidad para rediscutir el marco legal laboral, por eso semana a semana surge una nueva propuesta. Por eso el Gobierno buscará esta semana ganar esa agenda y analizar con sectores afines medidas para la próxima década.
Uno de los puntos que los empresarios tienen en cuenta es que el Gobierno negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se apela a la generación de empleo desde el sector privado, y de allí la renegociación del sistema en conjunto.
El planteo de los ejecutivos se basa en que bajo el esquema actual, los costos y riesgos son altos para asegurar la generación de puestos de trabajo y buscan que los cambios entren en la agenda. Es un foco que ya plantearon a los representantes del FMI durante su paso por Buenos Aires.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó durante el fin de semana el anticipo al señalar que las personas que acceden a inocularse “deben tener una ventaja” respecto de quienes lo evitan pese a estar en condiciones de hacerlo, anticipando algo de todo esto.
En el Gabinete explicaron que el diseño de la norma dependerá de un debate federal y con todos los actores involucrados, es decir gremialistas y empleadores. Sobre esa premisa el ámbito a discutirlo podrá ir del Consejo Económico y Social al Consejo Federal del Trabajo, que reúne a los ministros de las carteras laborales de todas las provincias bajo la capitanía de Claudio Moroni. Se trata de una definición legalmente compleja en vista de que la vacunación contra el coronavirus, a diferencia de la inmensa mayoría de esquemas de inmunización que figuran en el calendario nacional, todavía es optativa y no obligatoria.
Según un informe de Ámbito Financiero, el mecanismo en estudio estaría más orientado a otorgarles beneficios a los trabajadores que decidieran vacunarse antes que a las sanciones que podría implementar un empleador frente a un dependiente que debiera retornar a sus labores presenciales y se negase a la inoculación. “Sin lugar a dudas quienes se vacunan obtienen un beneficio individual y aportan a un beneficio colectivo; ellos tienen que tener una ventaja con respecto a quien decide no vacunarse. Pero en esta etapa no es la mayoría ese grupo” declaró el sábado Vizzotti a AM 750 y fue la primera voz oficial en poner la discusión en agenda.
La funcionaria explicó que el Gobierno “no descarta” implementar una norma para abordar la vacunación de los trabajadores aunque matizó que esa instancia no es inminente dado que de momento “la oferta no satisface las necesidades de la demanda”. Es decir que todavía es mucha más la población con interés en ser vacunada que la provisión de dosis para darle respuesta. De hecho en Europa y en países desarrollados la variante Delta adquirió preponderancia y disparó nuevas olas de contagios sobre todo entre sectores resistentes al proceso de vacunación, algo que las autoridades no verificaron todavía en la Argentina sino sólo como un fenómeno marginal.
Aunque los casos son muy minoritarios para cualquier empresa afrontar a un trabajador antivacunas representa un desafío. Si bien cuenta con el amparo de dos resoluciones del Ejecutivo que entre abril y junio de este año lo facultaron a convocar a la presencialidad a su personal vacunado con al menos con una dosis de cualquiera de las drogas contra el Covid 19 circulantes en la Argentina, al no ser obligatorio someterse a la inmunización la disyuntiva se hace evidente: un empleado que evitó vacunarse representa un riesgo para sí mismo y sus colegas, con todo lo que ello implica en términos sanitarios y económicos para su empleador.
La idea más reciente la planteó el titular de Aluar y Fate, Javier Madanes Quintanilla, que propone avanzar con la jubilación anticipada en los casos de los trabajadores que estén licenciados por edad de riesgo durante la pandemia. El planteo de un «modelo prejubilatorio fue de forma amplia», aclaró el empresario este fin de semana.
La ola de propuestas la inauguró en los últimos meses el textil Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, con la idea de una «mochila argentina» que permita a los trabajadores llevar consigo su fondo de indemnización de empresa a empresa y bajar el costo del sistema para los empleadores.
También los industriales Pyme del IPA presentaron un proyecto para reformular el sistema de indemnizaciones con la creación de un fondo especial financiado con el aporte de empresas y administrado por Anses, que permitiría también ofrecer créditos blandos a trabajadores y pymes y cobrarse ante un despido o a la hora de jubilarse.
En el mientras tanto, los vacíos también dan lugar a nuevas interpretaciones, como la propuesta más extremista de Daniel Funes de Rioja, el abogado laboralista que preside la Unión Industrial Argentina (UIA) de exigir la vacunación y sancionar o descontar los días de quienes no concurran al trabajo por no estar inoculados contra el coronavirus
El debate todavía en marcha a nivel internacional, con países desarrollados o estados norteamericanos que comenzaron a obligar a empleados públicos a vacunarse y a implementar pasaportes sanitarios, también se instaló en la Argentina no sólo por la medida que analiza la administración de Alberto Fernández, sino porque la semana pasada el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo anunció para los trabajadores del Estado provincial.
