11 octubre, 2020
Por Ignacio Zuleta
La balcanización de un gobierno débil – un comité de tres dirigentes que pelean por el control de la coalición – explica el fallo de la Suprema Corte, que la coloca en el momento menos pensado, como el único polo de poder.
Habrá que explicar alguna vez la pasión y el músculo que le pone el peronismo en sus intentos de capturar el control de la justicia. Y por qué nunca logra mucho. Ahora los supremos, unidos por efecto de la debilidad del Ejecutivo (la de la oposición es obvia, son minoría), buscarán diseñar un sistema de traslados de jueces de larga vida.
Ese expediente de los jueces transeúntes viene como herencia del pasado. No está reglado ni por la Constitución ni por la ley orgánica del Poder Judicial. Sólo el Consejo de la Magistratura lo ha reglamentado de manera cambiante.
En el curso de menos de un mes, los jueces de la Corte dictarán la jurisprudencia, para que en adelante haya un sistema de traslados que evite las viscosidades que motivaron este entuerto. Y que impida que su aval a estos casos dispare un festival de movimientos de magistrados en beneficio del gobierno. El debate, como se adelantó en esta columna:
1) Confirmará las acordadas 4 y 7 de 2018 que le dieron legalidad de los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
2) Ratificará los destinos que les dieron bajo el gobierno anterior y afirmará que el nuevo sistema no es retroactivo. Esto trata de remediar la inusitada gravedad que entendió Carlos Rosenkrantz – en su debut como tiempista, condición que no se le conocía – en su voto al admitir el per saltum. Advierte que podría quedar cuestionada «la validez constitucional de la revisión retroactiva de un mecanismo por el cual un importante de número de jueces, quienes cuentan con acuerdo del Senado, han sido designados en diversos tribunales del Poder Judicial de la Nación y en los cuales han venido desempeñando sus funciones durante diversos períodos de tiempo, en algunos casos muy prolongados».
3) La prisa en la resolución – última semana de octubre – está justificada en el fallo de la mayoría (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton – cuando advierten «el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho, cuya tutela procuran los actores, privándolos de un acceso efectivo a justicia».
4) El fallo es una nueva muestra de que la Corte no es dócil al cristinismo. Ya le rechazó la reforma judicial y anegó, antes, la aplicación de la ley de medios audiovisuales.
La coincidencia de los cinco en aceptar el caso, y la presunción de que confirmarán el criterio que autorizó los traslados cuestionados, es un síntoma de mejoría de las resoluciones. El martes estuvieron los cuatro primeros en el palacio de Tribunales. Es lo más cerca que han estado desde que hay cuarentena. Pero igual sesionarán remotos. «Mejor así, por razones sanitarias», propuso Lorenzetti.
Esta balcanización del vértice de poder, que gestiona a través de un gabinete loteado entre las fracciones que conviven en el peronismo, debilita también al oficialismo del Congreso. Cristina de Kirchner dio otro paso atrás al emitir un tercer decreto de la presidencia del Senado, que admitió uno de los pedidos de la oposición, que se autorizase presencias de senadores en el recinto. Quebró la política de virtualidad plena con un objetivo: que la oposición validase el viernes la aprobación del proyecto de quita de fondos a la CABA.
La oposición, advertida de esa debilidad, rechazó la oferta y pidió que se cumpliesen otros reclamos: que haya reuniones de Labor parlamentaria – previstas en un anterior protocolo que firmó la vicepresidente – y que las presencias en el recinto fueran rotativas entre los senadores. La importancia del proyecto en la estrategia del oficialismo justificaba el retroceso. También expresa los efectos de la peste en todos los oficialismos del mundo. Las estructuras de poder vienen perforadas por una crisis política, que arrincona a todos los gobiernos, anterior a la pandemia.
El virus es el recurso que ha encontrado el poder para retomar las riendas del control de las sociedades. La virtualidad es el mecanismo nuevo que provee la tecnología. Crea mecanismos de control del otro que convierte, como en la Argentina, al Congreso es una institución que valida decisiones pretorianas. No discute ni debate proyectos y renuncia a los beneficios de la dialéctica.
¿Cómo se iba perder el peronismo este bomboncito? Por eso defiende la virtualidad hasta la muerte. Aunque genere desigualdad entre un oficialismo con privilegios y una oposición que debe moverse en el corralito de la virtualidad. Es la misma desigualdad que se vive en la sociedad. Es una realidad que no es lo mismo que ser funcionarios públicos que un vecino común. Los funcionarios viajan sin barbijo y cruzan fronteras chapeando con sus credenciales y nadie los detiene ni los controla. Un hombre del estado llano está sometido a controles en fronteras internas para cruzar entre provincias y hasta municipios. Vive sometido a la arbitrariedad, y a veces a la corrupción, de policías e inspectores a quienes la peste les devolvió una autoridad que habían perdido. Para irse a comer un asado a la costa hay que llevarlo a Daniel Sabsay de acompañante para que te vaya presentando recursos de amparo por la ruta.
Las mismas razones explican la necesidad de la oposición de deslegitimar la sesión con su ausencia, e insistir en la judicialización del caso. La decisión rígida del bloque opositor tuvo la venia discreta de Horacio Rodríguez Larreta, que no quiere quebrar su prédica dialoguista en la superficie. Lo representan en esa bancada Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, senadores por su distrito, y contó con el apoyo del resto de los legisladores.
Difícil para ese conglomerado, porque esa puja enfrenta a la CABA con el resto de las provincias, les crea lealtades encontradas a los senadores, a los gobernadores de Cambiemos. Tienen que conjugar sus intereses locales con el proyecto político de la coalición, que tiene a Larreta como proto candidato presidencial. En la oposición se enfrentan dos criterios, que se manifestaron en las reuniones del interbloque de Juntos por el Cambio previas a la sesión convocada para el viernes.
Un ala acuerdista intentó lograr que el negociador del cristinismo, José Mayans, ampliase las concesiones contra la virtualidad. No logró mucho Luis Naidenhoff, salvo un “La doctora no quiere, dice que más adelante puede ser”. Evoca el “Vuelva Usted mañana” del costumbrista Mariano José de Larra cuando describía la burocracia de la España borbónica de la “década ominosa”. Lousteau enarbola la intransigencia y la basa en la idea de que nunca Cristina nunca va a arreglar nada y que es inútil moverse con la idea de que se puede llegar a algún arreglo. Su negocio es la intransigencia y es la palanca en la que se defiende de su debilidad. Sólo quienes tienen poder real pueden compartirlo y negociar es ceder algo de ese poder. Ella no tiene mucho poder y menos para repartirlo. Lo sabe mejor que nadie Lousteau porque cuando era chico fue ministro de Cristina. Larreta le banca la intransigencia porque además entiende que el recorte a sus fondos no se decide en el Senado, en donde la oposición siempre pierde, sino en otros foros, como la justicia.
Ese intento de acercarse a la oposición para hacer validar la aprobación de la quita en el Senado pone a prueba la leyenda alimentada por el cristinismo extremo, y sus adversarios en la oposición, de que Cristina tiene un inmenso poder, que lo ejerce con claridad estratégica y gran eficacia, y que le permite obtener lo que quiere. Los facciosos de un lado y del otro medran con esa fabricación, que no tiene correlatos con la realidad. Cristina y su pequeño grupo ni tiene gran poder – administra el Senado y un sector del peronismo de Buenos Aires-, tampoco su visión estratégica, ni aun los resultados tienen éxito.
Cristina representa a la minoría de su fuerza y su distrito en el Senado, no pudo ser candidata a presidente, y no puede quebrar en el Senado a la oposición, que le bloquea los 2/3 de los votos para sus proyectos más aspiracionales. Gobernó ocho años y no pudo poner ningún juez en la Corte. Y eso que lo intentó tres veces con Roberto Carlés, Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, cuando conducía un gobierno de mayorías. Hasta Macri logró poner dos, desde un gobierno de minorías.
Con esos testimonios de debilidad del oficialismo, no le cuesta mucho a la oposición ejercer una táctica de bloqueo. Como tampoco le costaba mucho al peronismo entre 2015 y 2019 restarle el número al gobierno de Macri en sus iniciativas legislativas. El oficialismo de entonces medró con la división del peronismo de las dos cámaras, y pudo sancionar leyes que parecían imposibles de lograr para un gobierno de minorías.
La balcanización del oficialismo hoy le crea dificultades para lograr lo mismo, pese a tener mayoría apabullante en el Senado y el bloque más grande en Diputados. La firmeza del bloqueo opositor es la principal causa de indignación del cristinismo, que se expresa en las dos cámaras a través de José Mayans (Senado) y Máximo Kirchner (Diputados).
En cada discurso y en cada reunión insisten ante sus adversarios: somos la mayoría, ganamos las elecciones, la oposición no nos puede determinar ni la agenda ni los tiempos. Pero siguen empantanados.
La prueba insólita ocurrió en la madrugada del viernes 25, cuando la oposición provocó que una ley ligada a los mayores afectos del Frente de Todos, negociada con ellos, se derrumbase por una enmienda entre gallos y medianoche, que indignó a la oposición por falta de debate. Ese proyecto llegó a aprobarse por 131 votos, no los 240 que preveía el acuerdo contra las empresas off-shore. «Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Honorable Senado», dijo Massa.
El escándalo que le montó la oposición motivó la reconsideración de esa votación y el envío a comisión. Fue un cachetazo a ese reclamo del oficialismo de que sus adversarios no le marquen la agenda y los tiempos. El reto de Instituto Patria a Massa por esa muestra de debilidad – del mismo rango que la de Cristina al retroceder por segunda vez ante los reclamos insatisfechos de sus opositores en el Senado – explica la astracanada del proyecto de nuevo protocolo, que duró unas pocas horas.
Lo difundió Massa, aunque no lo firmó y se plegaba a la doctrina de la virtualidad sine die de Cristina. El jefe de los diputados, que está con los números justitos, se despegó de la iniciativa ante Cristian Ritondo, Mario Negri y Graciela Camaño. No es algo mío, no tengo nada que ver, no voy a decidir nunca nada que no esté negociado con ustedes, los tranquilizó ante amenazas de ruptura. Los maliciosos creen que fue un ardid para satisfacer a la familia Kirchner y jugar a policía bueno-policía malo con el bloque opositor.
Massa no puede contar con el escaso margen de diferencia de votos que tiene con la oposición, cuando se tratan proyectos odiosos. Se apuró a hacer jurar, en esa sesión tumultuosa del diputado juguetón y del retiro de la ley off shore, al representante de Neuquén Guillermo Carnaghi. Reemplaza al nuevo secretario de Energía Darío Martínez como suplente en la lista del Frente de Todos de esa provincia. Lo cuestionaba la segunda en la lista, Asunción Miras Trabalón. Esta dama se amparó en la Ley de Paridad de Género que se implementó por primera vez en las elecciones del año pasado.
Pero la cámara aplicó el criterio de la norma anterior: si el que deja la banca es varón, lo reemplaza varón. Le va a costar a Sergio un disgusto conyugal, porque una de las fogoneras de la aplicación de la paridad de género es su mujer Malena Galmarini, que apoyó ese criterio – contrario al aplicado ahora – cuando avaló el acceso de la también neuquina Lucila Crexell como reemplazante del fallecido «Pechi” Quiroga. Malena, que es una mujer de energías dominantes, anima la ONG «Ojo paritario», y actuó en el caso Crexell, que se benefició de un apoyo que ahora no tuvo Miras Trabalón, que seguirá siendo delegada del ministerio de Trabajo en su provincia.
Con el mismo celo espera Massa que la Cámara Nacional Electoral despache a su favor la demanda que hizo el margarito Marcelo Eduardo Díaz – a quien llaman con cariño «el oso» – en reclamo de la banca de José Ignacio de Mendiguren, hoy de licencia para presidir el BICE. Díaz era en 2017 candidato en la lista massista que encabezó Felipe Solá. Quedó detrás de De Mendiguren, y pide ser diputado interino – un figura insólita – mientras el Vasco ocupe el cargo en el banco. Por esa licencia, el Frente de Todos, al que se pasaron Massa y De Mendiguren, tiene un voto menos.
Muy valioso, porque con viento a favor están dos por encima del quórum. El Vasco no quiere renunciar, y por eso el «Oso» reclama la suplencia, pero sería un voto en contra del oficialismo porque está en esa lista como referente de Margarita Stolbizer, que se distanció de Massa cuando el migró hacia el Instituto Patria. Un caso parecido ocurrió en Cambiemos en 2015. Martín Lousteau era diputado nacional desde 2013 por la lista que encabezaba Elisa Carrió. Macri lo designó embajador en los Estados Unidos y Lousteau pidió licencia. Estaba en puerta, como integrante de esa nómina, Julio Raffo, a quien se lo pensó como diputado interino. Pero el bloque logró la renuncia del embajador a la banca, y Raffo lo reemplazó, con plenos poderes hasta 2017.
El caso de los reemplazos por licencia está en la Cámara Nacional Electoral, donde hay criterios encontrados entre dos integrantes del tribunal. Santiago Corcuera sostiene que la figura del senador «interino» es inviable, y disiente con Alberto Dalla Vía. Se ha ido en desempate a una Cámara para que lo resuelva. Este tribunal ha producido otra novedad como resultado de la balcanización del peronismo.
Alberto Fernández había pedido al Senado la designación del juez federal de Tucumán, Daniel Bejas, que se referencia en el gobernador Juan Manzur. En un caso como el del «Oso», el debería desempatar. Bejas es el tercero en el orden de méritos del concurso del Consejo de la Magistratura. Salió primera Alejandra Lázzaro, defendida por el radicalismo, pero nunca Mauricio Macri quiso enviar el pliego. Su operador judicial José Torello – jefe asesores de su presidencia – empujaba a favor del segundo en el orden de mérito, Hernán Gonçalves Figueiredo, respaldado por sectores del peronismo. Inexplicable entonces, y menos a medida que pasa el tiempo.
Ahora el cargo se lo queda el peronismo a través de Manzur, al ocuparlo Bejas, su representante más importante a nivel nacional. Todo lo electoral por aquellas comarcas huele a chamusquina. En agosto de 2015, Manzur logró la reelección en unos comicios más que tumultuosos. Bejas estuvo lejos de aquellos hechos porque él es juez federal y se trataba de elecciones locales. Aquellos incidentes policiales ocurrieron poco después de las PASO nacionales de ese año y no ayudaron mucho al oficialismo, que perdió las presidenciales. Bejas es conocido en el peronismo: Jorge Landau, apoderado nacional del partido, fue interventor en el PJ de Tucumán. El candidato a camarista ha ejercido la competencia electoral como extensión de funciones, con la ciencia que le aporta su secretario Rogelio Rodríguez Del Busto, que probablemente lo acompañe si recibe el nombramiento. El magistrado será el desempatador entre Dalla Vía y Corcuera, que casi siempre han intentado fallar por unanimidad, pero no siempre lo logran.
La designación de Bejas (Manzur) entra en el sistema de arbitraje de las relaciones entre Alberto y Cristina. Manzur parece más cerca del presidente que de la vice. El salto tucumano puede llegar a animar nuevas refriegas en la cúpula del poder. Ningún pliego sale hacia el Senado si Alberto no lo acuerda con Cristina. Pero nadie puede asegurar al final del día vayan a coincidir en el amor a Manzur. Se va a poner lindo.
*ZuletasinTecho, NotiAr
