20 diciembre, 2021
Muchas gobiernos provinciales estaban listos para impulsar la minería, pero el antecedente de lo que está sucediendo en Chubut genera temores. La Nación y las provincias donde hay recursos acordaron impulsar un Plan Minero durante el gobierno de Alberto, pero lo ocurrido en Chubut y la debilidad del Gobierno, juegan en contra.
Por Pablo Icardi
La sanción de la ley para zonificar y permitir que se haga minería metalífera en una parte de Chubut y la repercusión social que tuvo preocupan más allá de esa provincia. A la Nación, porque busca impulsar la minería como industria y sondea el impacto en todo el país, y también en provincias como Mendoza, que ven en la micro zonificación una posibilidad de concretar esa actividad.
Chubut y Mendoza son los ejes de la oposición social a la minería; donde mayor activismo en contra hay. Justo ambas provincias tienen «vecinas» en las que ocurre lo contrario. San Juan y Santa Cruz son las dos provincias de mayor desarrollo de la actividad y líderes en exportación de minerales como el oro.
El presidente Alberto Fernández y su gobierno impulsan el Plan Estratégico Minero. Beneficios fiscales, zonificación y construcción de consensos. Esos son algunos de los ejes para que la minería sea un eje de la economía. Pero ni dentro del Frente de Todos, ni en las Provincias logran saldar el debate. Lo de Chubut es un dato: el proyecto no es nuevo, aunque se trató justo antes de que pierda estado parlamentario y con una maniobra legislativa que le quitó transparencia.
La reacción puede repeler los intentos del oficialismo para impulsar la minería. Pocos días antes, el ministro Matías Kulfas había puesto en funciones a la nueva Secretaria del área y ponderó al sector como uno de los futuros pilares de la economía. Es lo mismo que piensa Alberto Fernández y hasta Cristina Fernández de Kirchner, que impulsa las actividades extractivas como matriz productiva. Pero todos temen a las reacciones y más ahora con poco poder de penetración y acción política.
Tomé juramento a Fernanda Ávila como secretaria de Minería, con quien trabajaremos por una industria que sea responsable en materia ambiental y que genere desarrollo en las comunidades donde se inserta.
La minería es parte de la solución a los problemas que tiene Argentina. pic.twitter.com/U0dQWluLY3
— Matías Kulfas (@KulfasM) December 15, 2021
Para provincias como Mendoza, que tienen una división entre lo que la dirigencia política y empresarial busca y lo que interpretan que quiere la población, lo ocurrido en la Patagonia tampoco es un dato inocuo. Una de las estrategias para flexibilizar las restricciones para la minería es, justamente, la zonificación. O las excepciones por regiones.
La idea es permitir que haya minería en los departamentos donde consideren que hay licencia social. Es lo que pasa en Malargüe. Desde ese departamento impulsan una norma para que se habilite una flexibilización de la ley 7722. Mendoza tiene algunas leyes que contemplan cierto margen de autodeterminación. La ley y, sobre todo, el Plan de Ordenamiento Territorial suponen y prevén estrategias regionales y departamentales para el desarrollo económico según disponibilidad de recursos, valores ambientales sociales y culturales. Pero además se incluye la política del «buen vecino», es decir tratar de no ejecutar nada que pueda complicar a otro distrito. Allí Malargüe puede tener problemas con Alvear y San Rafael y también por los recursos compartidos como el agua.
La modificación de la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, generó una crisis enorme en el Gobierno y a Rodolfo Suarez se le eriza la piel de solo recordarlo. Pero dentro del Gobierno y también de la oposición no dejan de tener en la minería una opción para buscar recursos. «El petróleo se acaba y no hay nada que lo reemplace. El resto de las actividades por ahora tienen una magnitud menor», dijo esta semana el flamante ministro de Hacienda Víctor Fayad.
