21 mayo, 2023
LOS AUMENTOS ANUNCIADOS POR NACIÓN 'NO MUEVEN LA AGUJA' DE LAS JUBILACIONES. LA CAÍDA INTERANUAL REAL ES DEL 8,5%
El aumento que acaban de anunciar Massa y Raverta no compensa la inflación. Las organizaciones de jubilados dicen que su canasta básica supera los 200 mil pesos y que el presupuesto interanual para jubilaciones disminuyó un 8,5%, por lo que el Gobierno efectivamente está realizando un ajuste en el sector más vulnerable, que son los adultos mayores.
Por Fernando Gutiérrez*
Entre los anuncios menos festejados por la militancia peronista estuvo el reciente ajuste jubilatorio -21% trimestral más tres bonos entre junio y agosto para los beneficiarios de la mínima-. La noticia apenas fue mencionada como un hecho secundario por los medios más afines al kirchnerismo, que cuando hablan del tema jubilatorio prefieren centrarse en denunciar las reformas que tiene en carpeta Juntos por el Cambio para que el sistema jubilatorio sea «la próxima variable de ajuste».
Esa falta de entusiasmo contrasta notablemente con los viejos tiempos en que Cristina Kirchner era presidenta. En aquellos días, se había hecho costumbre que, ante cada ajuste periódico previsto por ley, Cristina hiciera un anuncio ante los «patios militantes» como si la medida, en vez de ser parte de un cronograma obligatorio fuera una decisión de política económica. Y lo más notable era que las cifras de ajuste anunciadas siempre daban lugar a celebraciones, aun cuando fueran inferiores a la inflación acumulada en el período. Claro, eran los días en que el Indec estaba intervenido, de manera que cualquier número superaba siempre al IPC oficial.
Pero la realidad es que en aquellos años, igual que hoy, las jubilaciones caían en términos reales en los momentos recesivos. Y no se trataba de un error de cálculo, sino de un efecto buscado mediante la fórmula indexatoria, que ataba el nivel de las jubilaciones a la recaudación de la Anses. Para ponerlo en la jerga de los economistas, se trata de fórmulas de de tipo «pro-cíclico», que en los momentos expansivos impulsan la jubilación pero que en recesiones o en momentos de alta inflación las reducen en términos reales.
Nadie expresó esa situación con tanta elocuencia como Fernanda Vallejos, la díscola ex diputada kirchnerista, quien en sus recordados audios de Whatsapp tras la derrota electoral del oficialismo, calificó el nuevo mecanismo indexatorio introducido en diciembre de 2020 por el ex ministro Martín Guzmán como «una fórmula para el ajuste» y reclamó hacia la interna de la coalición gubernamental que «lo mínimo que puede hacer es modificar la fórmula de mierda que nos hicieron votar para las jubilaciones».
A la vista está que esa queja no tuvo prédica: en 2022 -ya con la vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional- el rubro que lideró el recorte en términos porcentuales fue el de jubilaciones y pensiones, con 0,27%. En poder de compra, se estima que la pérdida fue del 12% real.
Y para este año las proyecciones no muestran una mejora. El seguimiento de la consultora Analytica mostró, para fines de abril, una caída interanual real de 8,5% en el gasto jubilatorio. Y la consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, prevé que el Estado destinará un punto menos del PBI para el rubro de jubilaciones y asistencia social en comparación con el 2019, el peor año de la gestión macrista.
En cuanto a ingreso real, la perspectiva es pesimista: la fórmula toma como uno de sus principales componentes a la evolución del índice salarial, que viene marcando sistemáticamente una variación inferior al IPC.
Los esfuerzos retóricos de Fernanda Raverta, directora de Anses, por argumentar que en realidad los beneficiarios de la mínima «le ganaron a la inflación» porque en el acumulado anual a junio habrán recibido un aumento de 130% se hacen cada vez más difíciles de sostener. Lo cierto es que ese incremento implica una comparación «punta a punta», pero cuando se hace la medición promedio -que es la que verdaderamente refleja la variación del poder de compra- hay una caída importante.
Es por eso que los economistas criticaron la afirmación que había hecho el presidente Alberto Fernández en su mensaje ante el Congreso el 1° de marzo. Allí, con los números que le había dado Raverta, argumentó que como la jubilación mínima había aumentado 107% frente a un IPC del 94,8%, entonces se había producido una mejora del poder adquisitivo.
La objeción a esa afirmación es que la comparación «diciembre contra diciembre» no es correcta, porque no tiene en cuenta la pérdida ocurrida en los meses en que no hay ajuste jubilatorio y los precios siguen subiendo. Cuanto mayor es la inflación, más grande es esa erosión del poder adquisitivo.
El cálculo de los técnicos de Fundación Mediterránea es que la pérdida real de los jubilados fue de 12% si se considera el haber mínimo. Si el cálculo se hace considerando, además, los bonos cobrados en 2022 versus los bonos del año anterior, la caída es mayor aun, del orden del 17%.
Lo cierto es que el propio hecho de que en junio sea necesario complementar el ajuste trimestral con el pago de bonos ya es, en sí mismo, una admisión tácita de que la fórmula indexatoria no logra proteger a las jubilaciones de la erosión inflacionaria. De hecho, en el último trimestre la fórmula paga tres puntos menos que la inflación acumulada.
Y el tema ya tiene su correlato político de una forma incómoda para el kirchnerismo: al mismo tiempo que el Gobierno hacía el anuncio del pago de los bonos a los jubilados, las organizaciones piqueteras nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular estaban convocando a una jornada de protesta para el próximo jueves, en la avenida 9 de Julio, para denunciar «la política de ajuste».
Los números le dan la razón: la canasta básica para una persona adulta -contabilizada con los precios de marzo- es de $61.886, mientras que la jubilación mínima con el ajuste de junio asciende a $58.665. Asumiendo que en abril y en mayo la canasta del Indec haya tenido una variación porcentual similar a la de marzo, entonces el costo subiría al entorno de $72.000.
Pero, si se pone la lupa no solamente sobre los ingresos sino sobre los costos de los jubilados, entonces la situación empeora mucho más. Ocurre que un adulto mayor tiene una canasta de subsistencia más cara que la del promedio de la población, por la mayor ponderación de rubros como el de cuidado de la salud.
Las organizaciones como Gerontovida -dirigida por Eugenio Semino, de la Defensoría de la Tercera Edad- estiman que la canasta real de un jubilado hoy ya asciende a $202.000. Esto implica que, aun considerando dentro de la jubilación mínima al bono de $15.000, se necesitan tres veces esa cifra para poder solventar la canasta de subsistencia del jubilado.
La cantidad de personas en esa situación asciende a cuatro millones y medio, sostiene Semino, quien no ahorra críticas para el ministro Massa, a quien acusa de ejecutar «una política gerentofóbica».
Su argumento es que la canasta relevante para el jubilado suele evolucionar a un ritmo superior al IPC, en un promedio de cinco puntos anuales. Y, desde ese punto de vista, no duda en calificar el último anuncio de ajuste jubilatorio como una rebaja en términos reales.
Lo cierto es que está aumentando la incidencia de la pobreza en la población anciana. Un reporte de la Universidad Católica -el «Observatorio de la Deuda Social»- marca que un 26% de las personas mayores de 60 años está en pobreza estructural.
Según el informe, un 40% declara ingresos insuficientes para cubrir sus gastos, un 12% no puede acceder a una vivienda digna y el 23% no tiene alcance a servicios básicos.
Está claro que, con esos números sobre la mesa, se hace difícil hacer campaña electoral con foco en las jubilaciones. Sin embargo, el kirchnerismo ha encontrado un ángulo para plantear el tema sin que la contradicción luzca demasiado evidente.
El caballito de batalla es el concepto de la «inclusión», que en este caso se traduce en la recientemente aprobada Ley de Moratoria, por la cual unos 800.000 nuevos jubilados se integrarán al sistema, aun cuando no cuentan con la cantidad reglamentaria de años de aporte.
La escena tras la votación de la moratoria en la cámara de Diputados, con caras felices, dedos en «V» y la entonación de la marcha peronista, da la pauta de cuál es la estrategia que el kirchnerismo imagina para mejorar las chances en la disputa electoral. No solamente da un argumento con el cual atacar a la oposición sino que, además, supone un gesto de rebeldía contra las condiciones planteadas por el FMI en su programa de asistencia. Se estima que la reforma incrementará el gasto público en aproximadamente medio punto del PBI.
En semejante marco, la votación de la moratoria fue un oasis para el kirchnerismo. Pudo reflotar el tono de «causa épica» asociados a los tiempos de la presidencia de Cristina Kirchner. Y, sobre todo, le permitió la vuelta a la antinomia con las «fuerzas anti populares».
Por ejemplo, mediante pegatinas de carteles en los que se exhibían las fotos de diputados opositores, bajo la frase: «Estos son los diputados que no quieren que te jubiles». Otro, de tono más agresivo aun, decía con tono de escrache: «Buscalos. Seguramente hay algún vecino tuyo. Gracias a estos tipos más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse».
Sin embargo, se trata de una estrategia no exenta de riesgo. Porque, como han señalado economistas de varias tendencias, la única forma de pagar un mayor número de jubilaciones en un momento de restricción presupuestaria es con la vieja herramienta de la «licuación inflacionaria».
Así lo pronostican los expertos que estudian los números del sistema jubilatorio. Como Jorge Colina, director de Idesa, quien señala: «Claramente, la renovación de las moratorias se paga con lo que pierden los jubilados actuales. Una forma de hacer demagogia previsional históricamente utilizada en Argentina. El problema va a ser para el que quiera bajar la inflación en serio», advierte el analista.
Y hace un recordatorio incómodo para el Gobierno: en la campaña electoral de 2019, Alberto Fernández había prometido un incremento de 20% en las jubilaciones, por la vía de suspender el pago de intereses de las letras del Banco Central.
«Siendo presidente, cuatro años después, en el 2022, las jubilaciones están un 14% abajo en términos reales y los intereses de las Leliq ya superan el gasto total en jubilaciones. En el 2019, cuando asumió, el gasto en intereses eran apenas el 25% del gasto total en jubilaciones. O sea, la promesa salió al revés», argumenta el experto.
A tres meses de las PASO, la sola mención de la palabra «jubilaciones» se transforma en un asunto espinoso para los candidatos del oficialismo. Es por eso que se está esbozando la única estrategia electoral plausible: agitar el fantasma de la «pérdida de derechos» en los planes de reformas que debaten los equipos de la oposición.
*iP/FM/G/IDESA
