24 enero, 2021
Por Liliana Franco
Un dato encendió todas las luces de alarma en la Casa Rosada: la canasta básica alimentaria aumentó un 45,5% en 2020, según informó esta semana el INDEC. De esta forma, los precios que más impactan en el bolsillo de la población vulnerable tuvieron un incremento de casi diez puntos porcentuales por encima de la inflación promedio (36,1%).
Y el problema continúa. La última medición de Ecolatina arroja que la inflación en la primera parte del mes en curso alcanzó a 3,9% (enero daría un aumento de 3,5%, según esta consultora) pero los alimentos tuvieron un repunte superior, de 5,4%.
La canasta alimentaria aumentó en diciembre 5,1%. Así, un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesita percibir ingresos por $ 22.680 para no caer en situación de indigencia.
Por su parte, el costo de la canasta básica total (además de alimentos incluye indumentaria y transporte) tuvo un incrementó 4,7 % el mes pasado. De esta forma, el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 54.207, con un acumulado anual de 39,1% (tres puntos por encima del promedio).
Contra los cerca de 54.000 pesos mensuales que se necesitan para caer en la pobreza, los datos oficiales también muestran que en el país hay 7,6 millones de asalariados que cuentan con un ingreso medio de $34.206 y 3 millones de no asalariados con un ingreso medio de $22.591 (datos al tercer trimestre).
El Gobierno confía en que la esperada mejora en la actividad contribuya a la recuperación del poder adquisitivo. Al respecto, la Unión Industrial Argentina señaló que «de no mediar problemas macro-cambiarios que modifiquen la trayectoria del tipo de cambio oficial y afecten el desempeño de la actividad interna y los costos, se espera para 2021 una recuperación generalizada del entramado productivo, luego de tres años de fuertes caídas, y a partir de la recuperación que está mostrando la demanda de bienes durables». Por cierto, se parte del subsuelo, ya que en los primeros once meses del año pasado la actividad manufacturera registró una retracción de -7,3%.
La expectativa está puesta en la recuperación de la ocupación, también sumamente deprimida. Los datos oficiales correspondientes al tercer trimestre de 2020 arrojan que se perdieron más de 1,9 millones de empleos con relación al año anterior. De 20.755.000 puestos de trabajos que existían en el tercer trimestre de 2019, se pasó a 18.848.000 en el tercer trimestre del año pasado, una caída superior a 9%.
Por más que la actividad y el empleo se recuperen, la recomposición del salario se vería condicionada por la suba en el precio de los alimentos, uno de los temas que hoy más preocupa en la Casa Rosada.
Desde el sector privado se argumenta que en la Argentina los alimentos se encarecen por la presión impositiva. En una canasta de productos alimenticios y bebidas, el 41,3% del valor final que paga el consumidor corresponde a impuestos de distinto tipo, según un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Puesto de manera simple, cada $1.000 de gasto en este rubro, el consumidor paga $413 de impuestos. Por caso, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes estima que 39% de los precios internos de la carne son impuestos.
Pero como el Gobierno no piensa en bajar los impuestos y las posibilidades de suba nominal de los salarios es acotada (en momentos de elevada desocupación) todo indica que se acentuarán los controles de precios y, en general, la intervención estatal.
Por un lado, el Gobierno trabaja en un esquema orientado a garantizar la provisión de maíz, trigo y soja para “desacoplar” en el mercado local los precios de la carne, la harina y el aceite de las cotizaciones internacionales, un tema que es seguido con preocupación desde el sector agropecuario.
Por otro, fuentes oficiales adelantan que continuará la política de precios máximos que se aplica sobre los productos industrializados. El sector, representado por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), argumenta que “no somos culpables de la inflación”. Aseveran que la suba de los precios es consecuencia de los aumentos del dólar, de los productos frescos y de los mayores costos derivados de la pandemia. Al respecto, consideran que los precios de la industria registran un desfasaje cercano al 35%.
El Gobierno de ninguna manera permitirá actualizaciones de esta magnitud, según adelantaron fuentes oficiales a Data Clave. Más aún, difícilmente algún producto obtenga un ajuste de dos dígitos.
No lo dicen públicamente, pero más de un empresario teme ser “el pato de la boda” en este año electoral. Consideran que, para el Gobierno y particularmente para Cristina Fernández, es importante convencer a la sociedad de que “lo peor ya pasó” y erradicar la sensación de que “todo sube”.
El problema es que los controles de precios y de cambios, junto con la creciente interferencia del Estado “distan de constituir un modelo de crecimiento, ni alcanzan para disparar el volumen de inversiones que se requiere” sostiene el economista Jorge Vasconcelos. Y aporta que un indicador preocupante en ese sentido es que el valor de las empresas argentinas que cotizan en el Merval ha caído un 65 % en dólares (paridad contado con liquidación) desde julio de 2019.
Si comparamos con la merma de 15 % de la Bolsa de San Pablo en igual período, tenemos que hay una pérdida de 50 puntos porcentuales no atribuible al efecto Covid.
La renuncia de Guillermo Nielsen a la presidencia de YPF y su reemplazo por Pablo González – considerado un “soldado” de la causa kirchnerista – fueron interpretados por los mercados como un nuevo avance de Cristina Fernández sobre el Poder Ejecutivo. En círculos políticos se señala que esta designación corrobora la creciente injerencia de la señora de Kirchner, aceptada por el presidente Alberto Fernández a partir del objetivo común de lograr un buen resultado en las cruciales elecciones de medio término.
Más aún, las favorables condiciones externas – la soja en su valor más alto en seis años – e internas – las lluvias mejoraron las perspectivas de la cosecha gruesa – llevan a que se especule con que esta bonanza dará lugar a una mayor injerencia estatal para alinear «los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas» como demandó la vicepresidenta.
La decisión de poner al frente de la firma a González, un hombre de Santa Cruz sin antecedentes en el sector energético y con un perfil de neto corte político, hace temer a los inversores que los intereses empresariales de YPF vayan a ser subordinados a los objetivos electorales del Gobierno.
Las inversiones realizadas para explotar y explotar Vaca Muerta provocaron un incremento alarmante del endeudamiento que nunca tuvo su contrapartida en un aumento en la producción total de petróleo y gas, señala un informe de Delphos.
La deuda creció desde niveles de 2.000 millones de dólares en 2010 a más de 10.000 millones en 2017. Posteriormente se redujeron los pasivos, pero principalmente sacrificando inversiones y, por ende, producción futura.
En tanto, la cuenta de intereses pagados fue creciendo año tras año, haciendo imposible sostener una situación de pago en tiempo y forma de los compromisos asumidos y aumentar las inversiones al mismo tiempo, señalan los especialistas.
En este contexto, YPF se encuentra renegociando sus bonos -una deuda superior a los 6.000 millones de dólares – siguiendo el criterio impuesto por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para los pasivos soberanos consistente en postergar los vencimientos a mediano plazo para logar una recuperación a corto.
Esta renegociación, que algunos interpretan como agresiva, constituye un nuevo antecedente negativo para las empresas localizadas en el país que demandaban crédito en el exterior, ya de por sí afectadas por la refinanciación forzosa que impuso el Banco Central.
En lo inmediato, uno de las dificultades serias que enfrenta YPF es que carece de fondos para incrementar la producción, en momentos en que el país necesita aumentar la oferta local de hidrocarburos (no hay dólares para importarlos). Prorrogar los pagos de la deuda liberaría recursos con este objetivo, según se estima en medios del sector energético.
Quienes creen que el Gobierno puede llegar a hacer una utilización política de la petrolera advierten que podría morigerar, a medida que se acerquen las elecciones, el ritmo de aumento en los precios de las naftas y citan como antecedente lo que viene sucediendo con las tarifas eléctricas (hasta ahora congeladas).
En este último caso, la decisión del Gobierno sería autorizar aumentos de sólo un dígito y distribuirlos, como adelantó Data Clave, de forma tal de que los mayores costos recaigan sobre las grandes industrias y los consumidores con mayores ingresos, manteniendo las tarifas para las pymes y los segmentos con menos recursos.
En lo inmediato, el Gobierno está llamando a audiencias públicas para marzo a los efectos de comenzar a discutir la política tarifaria.
Mantener el esquema de subsidios económicos es muy costoso. Se calcula que el año pasado – congelamiento tarifario mediante – demandaron el equivalente de 2,5% del PBI (un punto más que en 2019) y se estima que, de no corregirse la política, se tendría un requerimiento de financiamiento semejante este año. Para referenciar la cifra, se trata de más de la mitad de todo el déficit primario previsto en el proyecto de presupuesto (4,5%).
Precisamente las diferencias en cuanto a la política de subsidios es uno de los temas que dificultan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, según señalan noticias provenientes de Washington. Y sin el aval del FMI, se le hará cuesta arriba al Banco Central recomponer las reservas.
El mantenimiento de los subsidios también implica emisión monetaria y, como demostró nuevamente la experiencia del año pasado, cuando el Estado imprime billetes en exceso se incentiva la compra de dólares – la divisa subió cerca de 100% en 2020-.
La mayor demanda de la moneda norteamericana redujo a la tercera parte las reservas netas del BCRA en 2202 – en la actualidad se ubican en torno de los 5.000 millones de dólares-.
Se trata de un monto limitado de donde se especula con que la conducción política deberá tener un fino equilibrio entre la emisión -para atender las necesidades orientadas a recomponer el poder adquisitivo- y el riesgo de un exceso de moneda que provoque un salto brusco en el dólar, toda vez que una devaluación importante provocaría un nuevo deterioro de los salarios.
Con todo, el año pasado cerró con un déficit primario de 6,5% del PBI, inferior al previsto por la mayoría de los analistas (y un déficit financiero de 8,5%).
En este marco, los especialistas en política fiscal sostienen que este año el déficit podría reducirse a cerca de 4% del PBI sin grandes esfuerzos por el lado del gasto, en virtud del esperado repunte de la recaudación. Cabe señalar que los ingresos se verán apuntalados tanto por – por la mayor actividad económica como por el repunte en los precios de las materias primas, sobre las que el Estado cobra retenciones.
Pero la presunción no deja de ser teórica. Las necesidades del año electoral y la posibilidad de mayores gastos por el rebrote de la pandemia de Covid 19 son dos serias amenazas.
*DC
