8 julio, 2021
A pesar de los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento, los emprendedores tecnológicos dicen que «no alcanza». Quiénes pueden acceder a los incentivos y cuál es el principal obstáculo de las startups.
Menos impuestos y regulaciones, pero no alcanza: qué les falta a las empresas que más dólares traen
Uno de los más recientes incentivos directos a las empresas de base tecnológica -un sector que agrupa a varios tipos de negocios como fintech, edtech, software factory, entre otros- fue la ley de Economía del Conocimiento, que estableció un marco regulatorio.
Por el momento, las startups pueden servirse de un bono de crédito fiscal intransferible, exención de impuestos -si se instalan en el hub de tecnología del Distrito Tecnológico- y, en el caso de aplicar a la nueva ley, contarán con otros beneficios como retenciones cero, rebajas en Ganancias, y en otros impuestos y contribuciones.
No obstante, según las fuentes del sector, no es suficiente y sostienen que todavía es necesario conseguir estabilidad fiscal para crecer y para traer divisas al país. Entonces, ¿cuáles son los que realmente usan?
Todas las empresas de tecnología deben inscribirse y «pagar los mismos impuestos que abonan el resto de las empresas, como el Impuesto a las Ganancias, IVA o débitos y créditos bancarios», explica Ivan Sasovsky, tributarista, CEO y fundador de Sasovsky y Asociados, una firma que desarrolla estrategias fiscales para empresas argentinas que quieran expandirse fuera del país, a Infotechnology. Además, deben pagar impuestos a nivel provincial como Ingresos Brutos o Sellos, agrega.
Sin embargo, en algunas jurisdicciones, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen regímenes de promoción con importantes beneficios para los emprendedores argentinos.
Para gozar de la exención de Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y tasa de alumbrado -entre otros impuestos-, las startups deberán instalarse en el Distrito Tecnológico en Parque Patricios y Pompeya, el hub tecnológico de Buenos Aires.
Hoy en día, el distrito nuclea a más de 260 empresas de software, robótica, ingeniería, e-commerce, biotecnología, entre otras y emplea a alrededor de 11.000 personas, según datos del Gobierno de la Ciudad.
Según Statista, Buenos Aires es la ciudad con más startups en el país y en total, se calculan que existen casi 300 empresas de tecnología en todo el territorio.
Pero esto no es todo: las startups cuentan con un beneficio a escala nacional, según Sasovsky, que no muchos tienen en cuenta. Esta es la posibilidad de «emitir un bono de crédito fiscal intransferible por un monto equivalente de hasta el 70% o el 80% -según el caso- de las contribuciones patronales pagadas», dice y explica la naturaleza del bono: «Este bono de crédito fiscal puede ser utilizado para pagar el IVA y otros impuestos nacionales durante los 24 meses posteriores a su emisión, con la posibilidad de prorrogar por 12 meses más».
Por otro lado, la ley de Economía del Conocimiento ofrece beneficios como la baja al 0% de las retenciones a las exportaciones, reducción de manera segmentada del Impuesto a las Ganancias según el tamaño de la empresa, una rebaja de hasta 70% en las contribuciones patronales y bono de crédito fiscal de 24 meses del 80% sobre los aportes patronales.
A cambio, las empresas de tecnología deberán generar empleo en el país, cumplir con los requisitos de los sindicatos y declarar en AFIP sus ganancias.
Fabio Quetglas fue uno de los diputados de la Unión Cívica Radical que se pronunció a favor de la Ley, sin embargo, dice a Infotechnology que además de una ley promocional se necesita «un contexto macroeconómico y una intensa política de formación de las personas porque su dependencia de capital humano es alta».
«La Argentina tiene una circunstancia particularmente desfavorable para estas empresas: el desdoblamiento cambiario. Esto constituye un desincentivo profundo y las políticas fiscales de promoción son insignificantes frente a estos niveles de brechas cambiarias», sostiene Quetglas.
En esta línea, Andrés Burecovics, abogado y especialista en derecho interjurisdiccional, está de acuerdo con el punto de vista de Quetglas: «Si bien mucha gente cree que el principal problema de la industria del conocimiento en Argentina es tributario, esto no es cierto. El principal problema es cambiario. El hecho de obligar a los exportadores de servicios a liquidar sus divisas a cambio oficial, hace inviable cualquier tipo de proyecto. La actual ley plantea algunos, muy escasos beneficios, desde lo tributario, pero ninguno desde el punto de vista cambiario», opina.
En cuanto a los requisitos que necesitan las empresas para obtener los beneficios, Silvia Tedín, socia de SMS Buenos Aires, el estudio contable a cargo de Misión Pyme, detalla todo lo que se necesita a la hora de aplicar: «Para adherir a la ley debe tener una sociedad ya operativa, es decir, solo acceden personas jurídicas no personas humanas. Ni bien se constituye la sociedad, es necesario que se empadrone como Micropyme, de esta manera el acceso a los beneficios de la ley es casi un hecho, dado que solo se requerirá tener la actividad principal incluida dentro de los códigos CLAE de actividades promovidas. Deberá tener como mínimo un empleado en relación de dependencia», desarrolla.
Al otro lado del mostrador, los emprendedores no se sienten del todo satisfechos con el estado actual de la regulación.
«La misma burocracia hace que el beneficio sea aplicado mucho tiempo después e, inflación mediante, se termina licuando y deja de ser un beneficio como tal. Una empresa tech que recién comienza no tiene ningún incentivo de tramitar dicho «beneficio», solo lo hacen empresas muy grandes que facturan mucho porque cualquier porcentaje que logren recuperar -a pesar que puede ser un año después- les puede sumar un valor importante», explica Gerardo Soto, CEO y uno de los fundadores de Fletalo, una plataforma de logística semi-pesada que cotiza mudanzas en tiempo real.
Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante, una empresa que vende software de facturación electrónica, también da algunas claves para entender quiénes son los sujetos alcanzados por la nueva ley: «Se deben cumplir con dos de tres requisitos, todos ellos en un porcentaje: las startups deben certificar la calidad o demostrar mejora continua en procesos, acreditar I+D o capacitación de empleados y/o exportar».
«Las empresas que entran de la Ley tienen problemas para contratar talentos porque hay alta demanda de trabajo remoto y los profesionales argentinos están tentados por los salarios fuera del país. Entonces, hay otros países que están produciendo con nuestro conocimiento», dice, por su parte, Adan Baliña, un emprendedor argentino que usó 2 Bitcoin para comenzar su startup Gula, una app de delivery que opera donde las grandes empresas como Rappi y Pedidos Ya no llegan.
La declaración de Baliña puede sostenerse con un informe de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) que reveló en números cuántos profesionales faltan en el país: según la Cámara, hay una escasez de más de 15.000 puestos de trabajo calificados por cubrir dentro del sector.
«Quiero aclarar que no obtenemos ningún beneficio de la Ley de Economía del Conocimiento. Nos encanta la Argentina pero el país nos recuerda a diario que para crecer hay que pensar global: pagamos inflación (sic), primero que nada, IVA, Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, Impuesto País, Impuesto al débito y al crédito, Impuesto a sellos, la percepción RG 4815, entre otros. Esto a nivel empresa, hay que sumarle los impuestos de cada empleado y lo que pagamos de autónomos los directores de la startup», enumera Nicolás Benenzon, fundador de Humand Technologies, una app que le permite a empleados realizar trámites, consultas y automatizar el rol de Recursos Humanos. Hoy, la startup tiene presencia en empresas, municipios, universidades y hasta ONGs.
«Abrí una sociedad de forma online en una semana y una cuenta del banco y así empezamos hace dos años. Mi siguiente paso fue enamorar a los clientes con mi solución para que, felices, pagaran las facturas», recuerda el joven emprendedor.
Por otro lado, Debmedia, una startup argentina que trabaja con entidades financieras como Banco Itaú, Banco Ciudad, Supervielle y Banco Patagonia, paga derechos de exportación de servicios «como todas las empresas que exportan su trabajo, ya que tenemos clientes en otros países de la región», según declaraciones de la empresa.
La clave del éxito, dice un vocero de la empresa de software, es no limitarse al mercado nacional sino que «la empresa debe crecer internacionalmente».
En conclusión, las startups salen de la Argentina a buscar nuevos mercados y uno de los destinos ideales para los emprendedores es Uruguay, debido a que el gobierno uruguayo flexibilizó las condiciones que deben cumplir los argentinos para tributar y, además, bajó los impuestos de las empresas de tecnología.
Pero no todo es perfecto: en Uruguay, el mercado es chico, a comparación del mercado argentino, en donde las oportunidades son altas. Sí, faltan reglamentaciones y beneficios fiscales reales en la Argentina pero el mercado está, la competitividad existe y la ambición de los emprendedores crece sin parar en la industria.
