5 febrero, 2026
“El Estado no puede ser el árbitro de la verdad pública”, advirtió la asociación de entidades periodísticas en un comunicado. FOPEA señaló la gravedad institucional del intento de manejo de la información pública
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó hoy su preocupación por el lanzamiento de la “Oficina de Respuesta Oficial”, una usina digital del Gobierno que será utilizada para “desmentir” supuestas “fake news” y operaciones mediáticas de la prensa y de la oposición política.
“La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”, indicó la entidad en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
“Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, consideró la organización.
Para ADEPA, “la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas”.
Según expresó la entidad periodística, “el mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión”.
En ese sentido, argumentó que “son las propias personas, en un ecosistema plural y abierto, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información”.
“En síntesis, la gente es el último juez del trabajo periodístico”, concluyó ADEPA.
Este jueves la Oficina de Respuesta Oficial se presentó a través de la red social X con un perfil confrontativo, definiendo su misión como la de «desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política».
Bajo la premisa de que «solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta», la Oficina planteó que su método será «combatir la desinformación brindando más información», diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a «sectores políticos vinculados a la izquierda».
«Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración», manifestó en su comunicado fundacional.
«Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos», sostuvo la Oficina de Respuesta Oficial, que aclaró que no buscará «convencer ni imponer una mirada», sino dotar a los ciudadanos de herramientas para «distinguir hechos de operaciones y datos de relatos».
«La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone», remató el comunicado oficial.
La entidad advirtió sobre “la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un «tribunal de la verdad».
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) exteriorizó este jueves su «profunda preocupación y rechazo» ante la creación de la cuenta de la red social X denominada «Oficina de Respuesta Oficial», promovida desde la Presidencia de la Nación, con el objetivo declarado de «desmentir activamente la mentira» y «dejar en evidencia operaciones».
Según la Agencia Noticias Argentinas, FOPEA advirtió sobre “la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un `tribunal de la verdad`” y remarcó que «resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia».
«El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma», precisó la entidad.
Y agregó: «El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una «verdad oficial» indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre».
“Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica. Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial”, indicó FOPEA.
Asimismo, planteó que «a lo largo de 23 años de vida institucional, se ha venido planteando públicamente la preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos».
«El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar», precisó.
Y cerró: «Desde FOPEA estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública».
*ADEPA/FOPEA/NA
