29 mayo, 2021
OTRA GRIETA: EL CELS EXIGIÓ LEGISLACIÓN QUE ENCAMINE LA DESREGULACIÓN DEL MERCADO DE ESTUPEFACIENTES
Pese a que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada, protegida por la Carta Magna, miles de personas son detenidas por las fuerzas de seguridad en todo el país.
Según un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), el delito de drogas es el motivo de encarcelamiento penal que más creció en Argentina en las últimas décadas. El crecimiento de la población encarcelada por delitos de drogas duplica el incremento de la población encarcelada por otros delitos en los últimos 20 años.
En Argentina, la detención de consumidores es una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con los datos de la fiscalía especializada en drogas, Procunar, entre 2011 y 2019, el 47% de las causas por drogas iniciadas en la justicia federal del país (96066 causas sobre un total de 202.081) fueron por tenencia simple y para consumo.
Y en algunas jurisdicciones del país, como la Ciudad de Buenos Aires, las regiones Centro-Cuyo y la Patagonia, las detenciones por consumo supera el 50%
Mientras la población encarcelada por delitos de drogas se incrementó un 329% entre 2002 y 2018, la población por otros delitos creció un 152%, según datos del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena (SNEEP).
Así mismo el delito de drogas, representa la principal causa de encarcelamiento de mujeres (46% de las privadas de la libertad mujeres) y de las personas trans (70%), de acuerdo a los últimos datos del SNEEP.
Las detenciones por tenencia de drogas para consumo personal aumentaron en más de un 400% en la ciudad de Buenos Aires en los últimos dos años y cerca del 40% de ellas se efectuaron en los barrios de Retiro y Carlos Gardel (Comuna 1), lo que evidencia un «claro sesgo de clase» de la policía porteña en la decisión de realizar estos arrestos que, en más del 90% de los casos, son desestimados al llegar a la Justicia, según datos difundidos este viernes por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Desde 2019, la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley de desfederalización, por lo que la persecución de los delitos de drogas de menor gravedad está en manos del Poder Judicial porteño y son los Ministerios Público, de Justicia y de Seguridad locales los encargados de definir las políticas de seguridad.
En 2018 ingresaron a la justicia de la Ciudad 4777 causas por consumo, mientras que en 2019 se registraron 19275 expedientes por el mismo motivo, lo que equivale a un aumento de más del 400% e implica que la política de seguridad porteña «consiste en detener a consumidores», apuntó el organismo en su informe.
Desde enero de 2019 hasta agosto de 2020, se iniciaron 38696 causas por delitos de drogas, de las cuales el 75% (29206) fueron por tenencia para consumo personal, y sólo el 17% (6706) por comercialización.
Asimismo, el Ministerio Público de la Ciudad precisó que el 82% de «los delitos menores por drogas que llegan a la justicia» porteña son ingresados directamente por intervención policial, lo que para el CELS sugiere que «el aumento exponencial de las causas está relacionado de manera directa con las prácticas de la Policía de la Ciudad».
Las acciones de esta fuerza están orientadas, además, a las comunas del sur donde se realizan la mayoría de las detenciones, lo que evidencia una desigualdad clara entre personas para quienes el consumo está despenalizado «de hecho» y personas que si consumen están cometiendo un delito, indicó la entidad.
El 38,2% de las detenciones realizadas entre octubre de 2019 y agosto de 2020 se llevaron a cabo en la Comuna 1, integradas por los barrios de Retiro y Carlos Gardel (ex Villa 31); el 16,5% de los arrestos por tenencia para consumo personal fueron en la Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios); el 14,8% corresponden a la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) y el 30,5 restantes a las otras 12 comunas.
Esta distribución social de las detenciones «muestra también que la policía las usa como parte del control y el hostigamiento a los más pobres», señaló el informe y apuntó que es un «claro sesgo de clase: por decisión policial y de la política de seguridad, el consumo de drogas es un delito casi únicamente en las zonas más pobres de la ciudad».
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad precisó que la Justicia porteña archivó el 91% (18160) del total (20016) de los casos penales que fueron iniciados por delitos menores de drogas entre octubre de 2019 y agosto de 2020, es decir que «la policía dedica esfuerzos en detenciones que el sistema judicial desestima», remarcó el CELS.
En tanto, la provincia de Buenos Aires adhirió a la desfederalización de los delitos menores en 2006 y desde entonces, la cantidad de «hechos delictuosos» de drogas informados por la policía provincial aumentó casi un 500%: de 8220 hechos registrados en 2005 a 47927 en 2019, en tanto que no se pudieron obtener datos de 2020.
«Se suponía que la desfederalización debía brindar herramientas para intervenir en las conflictividades derivadas de la venta minorista de drogas, pero lo que hizo fue reforzar la persecución policial de les consumidores. La cantidad de causas penales iniciadas por consumo de drogas se mantuvo en niveles altos y en 2018 tuvo un crecimiento muy significativo».
En 2018, la cifra de causas por consumo personal representa entre el 50 y el 65% del total en departamentos bonaerenses como Necochea, San Nicolás o Zárate-Campana, en donde, según estas estadísticas «hay una práctica intensiva y sistemática de detención de consumidores».
Que las causas de estas detenciones sean desestimadas o no prosperen no significa que no tengan consecuencias para los detenidos: por ejemplo, en febrero de 2021, 32 personas estaban detenidas en comisarías bonaerenses «acusadas de tenencia simple, una figura que se asocia a situaciones de consumo ya que la aplican cuando no se puede probar la comercialización».
«Aunque esas personas luego hayan sido liberadas y las causas archivadas, tuvieron que pasar días o semanas presas en comisarías hacinadas, en condiciones de alojamiento inhumanas», aseguró el CELS.
Entre otras cosas y esgrimiendo estadísticas y argumentos sobre avasallamiento a libertades individuales, el organismo plantó un debate inminente: consideró «urgente» que las autoridades políticas «de todas las jurisdicciones tomen» medidas al respecto, como indicar a las fuerzas policiales y de seguridad que cesen las detenciones a les consumidores de drogas y que dejen de usar estadísticas sobre detenciones por delitos de drogas que incluyen a las detenciones por consumo como indicador.
Asimismo, el CELS exigió «una reforma de la ley de drogas que despenalice el consumo e implemente el fallo Arriola, como paso previo a una regulación legal de los mercados de estupefacientes, que es la dirección en la que están ya muchos países». Un tema sobre el que seguramente recogerá el guante el Congreso para posicionar un nuevo debate que bien puede transformarse en otra grieta nacional.
*CELS, PROCUNAR, Propias
