30 diciembre, 2024
Es el de la gestión de Alberto Fernández. Lo hizo Milei hoy por decreto por no haber llegado a un acuerdo en el Congreso.
El Presupuesto de 2023 de la última gestión de Alberto Fernández fue prorrogado por segunda vez por el Gobierno de Milei.
¿El motivo? Que el oficialismo no pudo llegar a acuerdos en el Congreso que le permitieran aprobar su plan de gastos 2025. La medida fue detallada en el decreto 1131/2024 del Boletín Oficial de hoy.
De este modo, por segunda vez, el actual Gobierno prorroga el Presupuesto Nacional lo que le permitirá manejar las cuentas de 2025 –un año en que el Presidente adelantó que habrá “motosierra profunda”– con la misma discrecionalidad con las que manejó el de 2024.
Significa que el Gobierno administrará el Presupuesto recurriendo a los DNU ( Decretos de Necesidad y Urgencia) y Decisiones Administrativas del Jefe de Gobierno, eludiendo al Congreso Nacional. .
“Es una medida sin precedentes que se extienda la vigencia del presupuesto por 2 años”, dijo el tributarista Marcelo Rodriguez en declaraciones a Clarín: “No resulta una medida ideal atento a la importancia que tiene el Presupuesto a fin de alinear adecuadamente la aplicación de los recursos del Estado”, agregó.
Para ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) esta prórroga «constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno».
ASAP señala que «este retroceso no se limita a una cuestión de formas, ya que también tiene implicancias en diversos órdenes, dado que el Presupuesto, aparte de ser la expresión financiera anual de las políticas públicas, y como tal incluye los autorizaciones máximas de gasto y el cálculo de los recursos para atenderlos, también contempla los niveles prestacionales en términos físicos, define la meta de resultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda pública, incluye el plan de obras en infraestructura, contempla disposiciones que afectan a distintos actores económicos del sector privado, establece los recursos financieros que recibirán las provincias, los municipios y las empresas públicas en concepto de transferencias, contiene pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones, incorpora definiciones de la política de empleo público y contempla aspectos funcionales del Estado Nacional, entre otras cuestiones»
La ley de Administración Financiera establece que “si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto general, rige el que estuvo en vigencia el año anterior”, habilitando la interpretación de que puede emplearse siempre que no haya aprobación legislativa al presupuesto” señala un Informe de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia). Sin embargo, cuestiona el uso recurrente de un mecanismo de excepción.
