2 junio, 2022
El diputado Gerardo Milman envió la iniciativa al Congreso, la misma que estableció el gobierno de Cambiemos por decreto y fue anulado por el Frente de Todos.
El diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, envió un proyecto de ley al Congreso para expulsar de la Argentina a los extranjeros que hayan cometido delitos. El vicepresidente del bloque del PRO formalizó la propuesta luego de que la última semana 50 hinchas de Deportivo Cali fueran detenidos con armas blancas. Muchos de ellos tenían un ingreso irregular y fueron deportados.
Quien fuera exsecretario de Gestión Federal de Seguridad entre 2016 y 2018, anunció en las redes sociales. “No es la primera vez que actividades delictivas de todo tipo han sido cometidas por ciudadanos extranjeros. Que además poseen diversos estatus migratorio en nuestro país».
El sistema de expulsión es utilizado en otros países vecinos, como Chile. En el país trasandino tienen la política de no ‘gastar’ desde el estado recursos en extranjeros que habiendo sido recibidos en su suelo, además delinquen, o en muchos casos incluso no poseen la documentación de manera regular al momento de cometer delitos.
El año pasado sin más, el Servicio Nacional de Migraciones de Chile confirmó que 103 ciudadanos bolivianos, 15 dominicanos y ocho haitianos fueron expulsados del país (foto) tras ser sentenciados por delitos de robo con intimidación, tráfico de drogas, y otros delitos en su territorio.
El diputado Gerardo Milman abrió en ese marco todo un debate en Argentina: “Presenté un proyecto para convertir en Ley el decreto sancionado por Mauricio Macri en 2017 y luego derogado por este gobierno. El Estado Nacional debe velar por la Justicia y la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos atenta directamente contra este objetivo”, agregó.
El decreto sancionado por Mauricio Macri al que hizo referencia el legislador, fue la creación de un «procedimiento especial sumarísimo». Dicho mecanismo trataba de negar el ingreso de extranjeros o expulsarlos del país con mayor facilidad. En el momento de su ejecución se fundamentó que había crecido la población carcelaria con extranjeros y los procesos judiciales eran muy extensos.
Con la llegada de Alberto Fernández, el decreto que había firmado el expresidente quedó sin efecto. En el año 2021, el Gobierno nacional decidió derogar ese DNU y la justificación que utilizaron desde la Casa Rosada fue que «resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
*NA/PC
